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feb
El Economista

El pasado 8 de febrero, el presidente Mariano Rajoy pronunció un importante discurso ante el Foro ABC, en el cual defendió el ahorro y su previsión como pilares fundamentales del bienestar individual y social a largo plazo. En este sentido, Rajoy subrayó la necesidad de ahorrar de forma complementaria a la pensión pública como precaución ante los desafíos de futuro entre los que se encuentra la longevidad.

Si bien Rajoy acierta con su defensa del ahorro familiar –cosa muy poco común en un presidente, el cual tiene más fácil hablar de una “cultura del gasto” que de una “cultura del ahorro”– todavía no ha planteado una guía de política encaminada a preparar la estructura económica y social de España ante el reto de la prolongación de la vida de las personas, combinado con una reducción acusada de las tasas de natalidad y fertilidad (a este respecto, véase el estudio Longevidad y Cambios en el Ahorro y la Inversión de la Fundación de Estudios Financieros y Fidelity).

Según las estadísticas demográficas, concretamente con datos del último Padrón Municipal de 2015, desde 1960 se ha más que duplicado la población mayor de 65 años, representando ya el 20 por ciento de la población. Al mismo tiempo, el porcentaje de jóvenes entre cero y 14 años se ha reducido prácticamente a la mitad, teniendo un peso sobre el total cuatro puntos menos que la población de más de 65 años. Por si fuera poco, la OMS pronostica que para 2050 habrá más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años, triplicando la cifra del año 2000.

Ante este reto de futuro, no cabe tomar decisiones aisladas que por bienintencionadas que éstas sean, no ayudan a establecer un diagnóstico claro y unas soluciones concretas. Medidas como el último decreto que modifica la legislación de los planes de pensiones posibilitando una ventana de liquidez a los diez años y una rebaja de las comisiones de gestión al 1,25 por ciento sobre el patrimonio, empañan más que aclaran el debate, puesto que lo vuelsigue estando centralizada. Es bueno que cada CCAA asuma su papel cercano y directo ante el ciudadano. Sin embargo, el problema es la falta de un mecanismo a nivel nacional que integre cada acción particular y establezca unos mínimos a cumplir en toda la geografía. Un posible mecanismo habría sido la Ley de Unidad de Mercado, pero cuatro años después de su entrada en vigor, se ha revelado ineficaz a la hora de conseguir pactos estables entre los niveles de Administraciones Públicas que no se rompan ante los continuos conflictos en torno al sistema de financiación autonómica. A pesar de todas estas dificultades señalaven a centrar en la cuestión de las pensiones, cuando el envejecimiento es mucho más que eso.

Tampoco ayuda la dispersión política y legislativa que España tiene en este momento. Cada región ha adoptado su propia hoja de ruta independiente del resto, basada en las particularidades de su territorio. Evidentemente, cada El envejecimiento es una oportunidad de cambio de los sectores económicos das, es el momento para trazar una estrategia nacional para el fenómeno de longevidad.

En este sentido, se necesita una mirada multidisciplinar tanto en el análisis de la cuestión como, sobre todo, en el planteamiento de soluciones. La longevidad afecta de forma transversal y asimétrica a todos los componentes de la Administración autonómica conoce mejor que el Gobierno central las necesidades de sus ciudadanos porque, entre otras cosas, es quien ejecuta el gasto del día a día: desde el sanitario hasta el de dependencia, pasando por el gasto farmacéutico. No en vano, las competencias de gasto las tienen las autonomías (34,5 por ciento del gasto público total es gestionado por las regiones, 12 puntos más que Alemania y 11,2 puntos porcentuales más que EEUU, medido a lo largo del último ciclo económico 2003-2013) pero la recaudación de impuestos estructura social: sanidad, infancia, dependencia, seguridad, educación, ocio, pensiones, planificación familiar, regulación, medio ambiente o financiación, entre otros. Debería ser una labor conjunta público-privada. Pero si los responsables públicos no ejercen la suficiente tracción, el sector privado tiene que tomar la iniciativa a la búsqueda de oportunidades de negocio.

En virtud de este ánimo, varias iniciativas se han puesto en marcha en el ámbito investigador y académico. Es el caso de un programa directivo desarrollado por la Fundación Lafer y la Universidad Francisco de Vitoria denominado Programa de Gestión y Desarrollo de Productos y Servicios para Mayores (PGD Sénior), el cual aporta una visión de conjunto sobre el envejecimiento y especialmente sobre su gestión. La filosofía es muy clara: que las personas vivan cada vez más años no debe ser un problema sino una muestra del grado de desarrollo humano que la sociedad ha alcanzado a lo largo del tiempo.

Por tanto, el enfoque cambia de forma sustancial, pasando de considerar el envejecimiento como un problema a considerarlo como una oportunidad de cambio de los sectores económicos, en aras de hacerlos más productivos y conseguir una financiación más eficiente de los servicios públicos. Es lo que está detrás también, por ejemplo en el ámbito público, del Observatorio de Dinamización Demográfica puesto en marcha por la Xunta de Galicia. El tratamiento al mayor precisa de más creatividad y productividad a lo largo del ciclo vital para responder a otros desafíos como la despoblación de las zonas rurales en España, la dispersión geográfica, el acceso a una mejor infraestructura digital o las oportunidades laborales para los jóvenes.

En suma, es momento para poner las “luces largas” en la economía (tanto en el sector privado como en el público) antes de que la longevidad se convierta en un lastre de futuro y limite el crecimiento potencial de largo plazo de la economía española. El recurso al endeudamiento (gracias a los tipos de interés tan bajos actuales) y al gasto debe dar paso a una estructura financiera más sólida basada en la productividad, el ahorro y la acumulación de capital.


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