El último año y medio demuestra evidente el paternalismo entre los gobiernos europeos sobre los hábitos de sus ciudadanos. Así se desprende del Índice Estado Niñera (Nanny State Index), que clasifica a 30 países de Europa en función de la severidad de sus normativas sobre el consumo de alimentos y refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos electrónicos.

Según EPICENTER, la red de think tanks que elabora el estudio, el estado niñera está en constante expansión. El informe, destaca que las medidas aplicadas para combatir el virus han sido aprovechadas por los gobiernos para incrementar su paternalismo mediante una fiscalidad regresiva, prohibiciones draconianas y regulaciones excesivas.

El documento muestra la ausencia de correlación entre una mayor persecución al tabaco y la reducción de su consumo, circunstancia que tampoco se da para el caso del alcohol. No se observa que los países con regulaciones más paternalistas gocen de una mayor esperanza de vida.

En la línea con ediciones anteriores, los países nórdicos, con la excepción de Dinamarca, se sitúan entre las naciones más restrictivas. Así, en el Índice de 2021, Noruega (51,5 puntos) se sitúa como el país más paternalista, ocupando un primer puesto que en 2019 ocupaba Finlandia, que ahora pasa al tercer lugar (41,1), mientras que Lituania ocupa el segundo lugar (46,1). En el lado opuesto, Alemania repite como el país menos restrictivo (10,7 puntos), seguido por República Checa (15,2), Luxemburgo (16,2) y España (16,9), que mejora dos posiciones respecto a la edición anterior.

Sobre nuestro país, el informe lo destaca como uno de los países más permisivos con el alcohol, gracias a la imposición de impuestos y medidas más comedidos que la media. Algo más estricto es el tratamiento al tabaco, que cuenta con unos impuestos en la media europea. Aun así, el índice no incorpora en su cálculo la futura ley del tabaco, anunciada por el gobierno en junio de 2020, y que prevé elevar los impuestos y las regulaciones.

Respecto a los cigarrillos electrónicos, el estudio critica la campaña de alarmismo ejercida respecto al vapeo y sus supuestos efectos nocivos sobre la salud, que provocó un hundimiento de ventas. Además, destaca que el descrédito al que se ha sometido a estos productos, sustitutivos del tabaco, contrasta con un repunte de la tasa de tabaquismo hasta niveles no vistos desde hace 15 años.

Por último, el estudio concluye su análisis para España incidiendo en la fiscalidad sobre los refrescos. Al respecto, destaca el caso de Cataluña, que desde 2018 grava estas bebidas entre 8 y 12 céntimos por litro. Además, considera la subida del IVA del 10 % al 21 % impuesta por el gobierno nacional para las bebidas edulcoradas. A efectos prácticos, el precio de una botella de 2 litros ha subido de 1,50 euros al entorno de los 1,75 euros.

Aun con todo, nuestro país se halla, a este respecto, lejos de Polonia, Croacia o Estonia, los que más han penalizado fiscalmente los refrescos, mientras que Lituania e Islandia son los que más impuestos cobran por las bebidas alcohólicas. En el caso de los impuestos sobre el tabaco, es Rumanía, por amplia diferencia, quien presenta recargos más elevados, seguida por Bulgaria y Hungría.

Es llamativa la posición de España en un ranking que considera los impuestos directos sobre las sustancias en cuestión, no así respecto al patrón de países a lo largo del índice. En otras palabras, los resultados no apuntan a la virtud de los legisladores españoles, sino a una diferente escala de prioridades en política fiscal.