30
may
OkDiario

En España todos los años se conceden subvenciones anuales por un valor superior a los 14.000 millones de euros, un 1% del PIB y una cifra catorce veces superior a la destinada a material sanitario durante la pandemia (1.000 millones). Así concluye el artículo que desde Fundación Civismo hemos realizado tratando de evaluar un gasto que, como vemos, podría ser muy matizable. Un gasto que, de reducirlo, permitiría aliviar nuestro nivel de déficit en hasta un 10%. De acuerdo con las previsiones del Banco de España, tras la pandemia del coronavirus, el déficit, que cerró 2019 en el 2,8% del PIB (tres décimas más que el ejercicio anterior y por encima del compromiso del 2%), podría elevarse hasta situarse en el 11%, en torno a unos 110.000 millones de euros.

Esta rebaja del agujero presupuestario que supondría la eliminación de las subvenciones contrasta con la que provocarían otras medidas como la reforma del IRPF que propone Unidas Podemos y que, con unos ingresos adicionales de 328 millones de euros, solo supondría una reducción del déficit del 0,3%. Lo mismo menguaría si se pusiese fin a las SICAV (entre 300 y 350 millones de euros); un 0,77% por la Tasa Tobin (que generaría 850 millones de euros); y un 1% por el impuesto a la banca que se pretende implantar con el fin de recuperar el capital desembolsado para rescatar a las cajas de ahorro, en el caso de que con él se recaudaran 1.200 millones de euros más.

Un porcentaje similar al de las subvenciones, también en torno al 10% del déficit, podría lograrse con la tasa COVID que el Gobierno propone aplicar, pero ello sin contar con que los 11.000 millones de ingresos extra que prevé Unidas Podemos estén sobreestimados -tal y como también reflejan los técnicos de hacienda, que prevén una recaudación estimada en 9.000 millones-, al no contemplar externalidades negativas de este impuesto en las grandes fortunas, en forma de fuga de capitales y cierre de empresas, como ya está ocurriendo con muchas empresas ubicadas en el sector industrial.

Cada vez más subvenciones

La cuantía de las subvenciones se ha incrementado en España un 210% en los últimos 25 años. Sin embargo, como se señala en el estudio, el problema no reside en su importe, sino en la falta de control y seguimiento que se hace a estas subvenciones. Así, el estudio detecta varias deficiencias graves en el sistema de concesión, como la falta de homogeneidad que implica la descentralización autonómica en esta materia; las duplicidades, que los Programas Estratégicos de Subvenciones (PES) no contengan información sobre los impactos que estas generan; que no se liguen a objetivos estratégicos definidos y perseguidos por la comunidad autónoma; la falta de transparencia (dado que, en muchas ocasiones, los PES no se publican por no cumplir los requisitos); o el abuso de la concesión directa, que dificulta la medición de objetivos y va en contra de lo estipulado en la propia Ley General de Subvenciones (LGS). En resumen, una serie de problemas que, acorde con los estudios realizados sobre dicha temática, hacen de las inversiones un gasto imprudente, esclavista y, sobre todo, antidemocrático.

El informe que publicamos aboga más por la puesta en marcha de mecanismos de control que traten de convertir las subvenciones en inversiones, más que en suprimir las cuantías en su totalidad. No solo por el hecho de que nuestro país destina un escaso presupuesto a inversiones, sino porque dichas subvenciones resultarían mucho más productivas en un escenario en el que el déficit y la deuda asfixian nuestras cuentas públicas, como está ocurriendo. Por tanto, no sirve de nada gastar dinero público sin control si posteriormente no se hace un seguimiento para evaluar el efecto de esas entregas en la economía real. Y es que, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con las previsiones del Banco de España, dicha deuda podría ascender, tras disiparse la pandemia y estabilizarse la situación, hasta el 122% del PIB. Todo ello, teniendo en cuenta que el país será rescatado por la Unión Europea, con unas condiciones entre las que se encuentra la devolución del 50% de las ayudas, que serán reembolsables.

Por tanto, esta evaluación para determinar dónde se puede contener el gasto cobra especial relevancia en contextos como el de la pandemia, en el que ha quedado patente el escaso colchón fiscal del que dispone España: ni con unos avales por valor de 183.000 millones de euros la inyección del Gobierno español resulta comparable a la que han realizado en Alemania o Países Bajos, cuyo superávit les ha permitido aplicar estímulos para salvar la economía. Las subvenciones, tal y como reflejan las auditorias realizadas en materia de gasto público, son una partida de la que podrían extraerse recortes, pudiendo aprovechar esta vía para comenzar con unos ajustes que, tarde o temprano, exigirá Europa en base a las condiciones establecidas para la llegada del rescate.

En conclusión, es preciso comenzar a tomar conciencia sobre una situación que, tal y como reflejan las cuentas públicas, ha hecho insostenible un sistema que, ya era deficitario. Además, con una cuña fiscal que se muestra en el 39,5%, en un registro promedio de los países de la OCDE que se situaría en el 36%, España refleja una mayor carga tributaria en su economía. Una carga tributaria que, saliendo de una situación en la que la economía ha quedado plenamente descapitalizada, podría tener efectos muy negativos en situaciones en las que, como propone Iglesias, se sigan creando tasas, en lugar de mejorar la eficiencia recaudatoria del país. Por tanto, teniendo en cuenta que tenemos partidas que nos permiten gastar de forma más eficiente y reducir el gasto, es absurdo seguir subiendo impuestos para, después, seguir drenando dinero público a gastos improductivos y esclavistas.


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