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oct
Expansión

En 2017, una empresa californiana (Ambrosia Medical) comenzó un experimento en búsqueda de la “eterna juventud”. Consiste en que personas sanas mayores de 35 años reciben transfusiones de sangre de donantes que tienen entre 16 y 25 años. Este experimento, que parece salido de una película de ciencia ficción, promete buenos resultados.

Esta terapia y otras muchas que ya están al alcance de la mano podrían significar años de vida saludable y prolongada no solo para las generaciones futuras, sino también para aquellos que todavía vivimos en este mundo. Ya nadie duda de que cada vez alcanzaremos edades más elevadas, gracias a los notables avances sanitarios.

¿Hasta cuándo va a seguir aumentando nuestra expectativa de vida? La investigación científica se dirige, cada vez más, a descubrir soluciones a los problemas relacionados con la edad. Señala que nuestro cuerpo envejece porque, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando desperfectos que lo dañan. De ahí que la investigación médica esté buscando tratamientos capaces de desacelerar el proceso de degradación del organismo, para mantenerlo sano durante más tiempo.

Esa longevidad se nota también en las estadísticas que el INE publicó ayer. Los datos señalan que, dentro de 15 años, en 2033, los españoles mayores de 64 años serán 12,4 millones, frente a los 9 millones de 2018. Por tanto, habrá cada vez más gente mayor. Pero a la vez habrá menos jóvenes. Así, en 2033, los españoles entre 0 y 24 años serán 10,95 millones frente a los 11,5 millones que son hoy. De seguir esta tendencia dentro de 50 años, España se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. En la actualidad, las mujeres españolas, tienen una esperanza de vida de 85 años, pero seguirá subiendo hasta alcanzar, según el INE, los 88 años en 2033. Asimismo, los hombres españoles sitúan ahora su media de vida en los 80 años y dentro de 15 años aumentará hasta los 83 años.

LA BOMBA DEMOGRÁFICA

Viviremos más años, y eso es muy positivo, pero a la vez generará muchas dificultades para conseguir mantener los sistemas de pensiones y de salud públicos. Es decir, el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público, ya que vendrá acompañado de un crecimiento en la tasa de dependencia, es decir, de un incremento del porcentaje de personas que no trabajan en relación a las que sí lo hacen.

Por tanto, un menor número de trabajadores va a tener que sustentar a un mayor contingente de jubilados. Un ejemplo, en 2018, los españoles que tienen una edad comprendida entre los 40 y 44 años (3,96 millones) es un 43% superior a los que tienen ahora entre 20 y 24 años (2,26 millones). Esto significa que, en el futuro, dentro de 25 años aproximadamente, los jóvenes actuales, tendrán que pagar en impuestos y cotizaciones sociales unas cantidades bárbaras de dinero para que se puedan jubilar los que tienen ahora entre 40 y 44 años. Año tras año, la Seguridad Social consumirá una parte cada vez más sustanciosa de nuestra renta nacional, lo que arroja serias dudas sobre la capacidad de garantizar a largo plazo nuestro actual sistema público de pensiones.

Ante la bomba demográfica que tenemos delante, y que acabará explotando, diversos economistas y organismos multilaterales han venido sugiriendo al Estado Español la implementación de políticas tales como: prolongar todavía más la edad de retiro, eliminar la jubilación temprana, compatibilizar el cobro de la pensión con el seguir trabajando y, por tanto, cotizando, incrementar los fondos de pensiones privados obligando a los trabajadores a cotizar en ellos, ampliar la recaudación fiscal o incentivar el número de nacimientos.

Cabe hacer notar que de no aplicarse estas medidas España tendrá que poner en marcha una política migratoria similar a la ejecutada en países como Canadá y Australia, con el fin de incorporar personas jóvenes que mantengan el sistema de pensiones en los años venideros.

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Pero las medidas más importantes que se deben aplicar para facilitar la viabilidad financiera de las pensiones son aquellas que aumenten la productividad. Mayor productividad significa mayor producción, mayores salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor recaudación para la Seguridad Social. Llegados a este punto convendría preguntarse por la cualificación profesional de los inmigrantes que tendrían que llegar. ¿Serán esos inmigrantes altamente productivos? Probablemente no. Entonces, la solución sigue estando en el aumento de la productividad y no tanto en la inmigración.

¿Y cómo aumentar la productividad? Pues a través de la mejora en la innovación tecnológica y el capital humano. Precisamente Paul Romer, Premio Nobel de Economía de este 2018 ha generado una ingente investigación sobre las regulaciones y políticas públicas que fomenten la inversión en I+D y el aumento de la productividad. Romer señala que, a medida que aumenta la globalización y se hacen más grandes los mercados, el valor de los conocimientos crece. De ahí que tanto las empresas como los Gobiernos deban dedicar cada vez más recursos a la innovación y al aumento del capital humano.

Y junto con ese suministro de tecnología hace falta financiación. Hay que desarrollar mecanismos financieros que apoyen proyectos que combinen innovación y emprendimiento. Es ahí donde se debe incidir si se quiere realmente seguir generando una economía sostenible y de elevada productividad. En definitiva, buscar fórmulas (business angels, semilleros de empresas, incubadoras, fondos de coinversión, etc) que permitan seleccionar proyectos en fases tempranas (start ups) y que puedan convertirse en empresas competitivas. Un ejemplo de iniciativa pública, que está obteniendo muy buenos resultados, son los instrumentos financieros que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pone a disposición de los emprendedores para impulsar start up. Se trata, en definitiva, tal como señala Romer, de disponer de incentivos que aumenten, transformen (y revitalicen) el tejido empresarial para conseguir aumentos importantes en la productividad.

En definitiva, el fuerte envejecimiento de la población, que ya es una realidad y que se acentuará todavía más en las próximas décadas, exige adoptar políticas que faciliten la viabilidad financiera de las pensiones. Una solución es aumentar la productividad. El Congreso de los Diputados, se encuentra frente a la necesidad de resolver un problema en el que convergen aspectos demográficos, económicos, sociales y tecnológicos, y que requiere de respuestas inmediatas. Los representantes del pueblo no pueden seguir discutiendo de cómo evolucionará la población. Ya es de dominio público: viviremos muchos más años y es probable que la población joven será menor. Se tienen que tomar medidas que, desde ya, traten de resolver este problema al que se enfrenta nuestro país.


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