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ene
OkDiario

El flamante nuevo Gobierno de “progreso” de Pedro Sánchez ha comenzado su andadura haciendo lo que para todos era evidente: socavar la libertad e igualdad ante la ley de los españoles y dinamitar las instituciones del Estado en su legitimidad y funcionamiento. Ahora bien, esta muerte ya estaba anunciada en todas las crónicas, al menos para quienes defendemos la unidad de España, la libertad y el Estado de derecho, inclusive, por supuesto, un nada desdeñable contingente de exvotantes socialistas. Y cito el prefijo «ex» por un voto de confianza a estas personas que, por engaño o costumbre (o por la costumbre del engaño), depositaron en las urnas la papeleta de un PSOE irreconocible.

En tan solo una semana, este Gobierno multicolor se ha movido eminentemente entre la fiscalidad y los fiscales. Todo ello tras la tragicómica toma de posesión de los integrantes del Consejo de Ministras. “Mi reino por una cartera”, pensaría más de un afamado republicano, ejercitando el arte de la paradoja, mientras prometía lealtad al rey. Ironías del destino.

En lo que a fiscalidad se refiere, nada nuevo bajo el sol. La ministra Montero, quien en verano abogaba por acabar con el “mantra de pensar que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, ha vuelto a la carga afirmando que “pagar impuestos es una garantía para las sociedades desarrolladas”. Quizá, si tiende la vista hacia el otro lado del Atlántico, pueda observar cómo la economía más boyante de los siglos XX y XXI goza de una fiscalidad irrisoria en comparación con la patria. Sin embargo, obviando a la indocumentada en cuestión, se constata que la máxima de este Gobierno de izquierdas consiste en un tsunami tributario que arrolle a las clases altas. O eso alegan ellos, pues conviene recordar aquí que la izquierda redistributiva es también experta en perjudicar todo aquello que asegura defender. En este caso, al trabajador de a pie, a las clases medias, a ustedes y a mí. Este hachazo fiscal lo sufriremos todos, y ni que decir tiene, la economía española. Todo ello, no obstante, a la espera de ver la capacidad negociadora de este Ejecutivo, hasta ahora brillante, no cabe duda —hasta que se quede sin instituciones, libertades o país que ceder, conceder o regalar—, pues de ella dependerá la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. De lo contrario, los de Montoro de 2018 seguirán vigentes y, reales decretos mediante, el afán confiscatorio de la izquierda española se verá frenado.

En cuanto a los fiscales, por un lado, está la intención del Gobierno de nombrar a Dolores Delgado nueva fiscal general del Estado y, por otro, se hallan los fiscales, quienes han expresado su malestar y disconformidad ante semejante atropello. Y es que la propuesta de una exministra de Justicia para este cargo contraviene las notas de legalidad e imparcialidad que establece el artículo 124.2. de la Constitución, así como el artículo 59 del Estatuto Fiscal, el cual dispone que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos. Todo ello confirma la politización de una institución cuyos integrantes hacen bien en levantar la voz. Su celo en la defensa de la legalidad, sin auspiciar intereses partidistas, resulta encomiable.En definitiva, el Gobierno de coalición ha comenzado por un ataque previsible, pero no por ello menos dañino, a dos pilares fundamentales. De un lado, a una de las bases de la libertad individual, la económica, a través de una fiscalidad avasalladora; y, de otro, al Ministerio Fiscal, uno de los puntales del Estado de derecho.

A la vista de estos movimientos, conviene clamar por una España donde las instituciones públicas velen por el mantenimiento y funcionamiento del Estado de derecho y, sobre todo, por la protección de sus ciudadanos. Urge defender una España en la que, como señalaba Lord Acton, la libertad (que no los impuestos) sea el verdadero fruto de una civilización madura.


    JOSE ANTONIO PADILLA RIBERO
    Excelente y muy lúcida exposición, estimado Juán Ángel. Pero, necesitamos de gentes lúcidas como tú, de verbo fácil y conciso para denunciar que, si bien estos sujetos “progresistas”, superiores morales donde los haya (pura propaganda, negada por todas las realidades) tienden a destruir aquello que dicen apoyar -como bien apuntas tú-, hay también motivos más profundos para preocuparse y denunciar esa deriva de destrucción, más o menos controlada -tengo mis dudas- a ver si hay suerte y se van dando cuenta que estamos en un camino que lleva a una inevitable autodestrucción -espero que con capacidad de regeneración-. El sujeto jefe, Sánchez, proclamó en la presentación de Dolores Delgado ("Lola", en sus ratos libres, la simpática protectora de delincuentes y censuradora de juezas y homosexuales) como Fiscal General del Estado, que ésta venía a "ASEGURAR LA INDEPENDENCIA" de dicho organismo, básico en todo Estado de Derecho que se precie. Obviamente, es una más de las mentiras de la estrategia de este personaje, carne de psiquiatra, para asaltar el Estado (“l'état c'est moi”) y, de paso, acabar de destruir el poco prestigio que acumulan las altas instancias de la Justicia (incluido TC) socavado durante décadas con la entusiasta participación de todas ellas. No nos llamemos a engaño. Desde la transición se viene socavando la separación de poderes y en particular esta parte de nuestra esforzada construcción de la estructura de LIBERTAD (Montesquieu), comprando y/o beneficiando a ciertos jueces con sinecuras y cargos internos y externos, en territorio español o en el extranjero (ejemplo: Grande Marlasca, sin ir más lejos), todos relevantes, muchos con poder y todos de gran proyección y caudales. Decadencia asumida con el visto bueno ¡de los propios jueces y fiscales! haciendo el juego a los políticos en sus luchas partidistas y de poder (poniendo zancadillas, desbaratando consensos y acuerdos, haciendo de tertulianos por tendencias, escribiendo sentencias espurias, delirantes declaraciones de políticos denigrando a los jueces o desamparándolos, presiones vergonzantes –“los jueces tienen que mancharse la toga con el polvo del camino” Conde Pumpido, actuaciones de jueces españoles en el TEDH, etcétera. Actos y gestos, muchos de ellos indecentes, que no se molestan en desmentir los protagonistas, entrando en una espiral macabra y vergonzante y llevando el desprestigio de algo tan básico, en bandeja de plata, como una suerte de autosentencia. Ejemplos: las últimas sentencias del TC en relación con Cataluña. Juicio del prusés…) y permitiendo que hombres y mujeres de gran prestigio, fueran/se dejaran ser, señalados como de tal o cual tendencia, lo que socava en sí mismo reputaciones y prestigios. Hechos y actos que de una forma u otra llegan a la opinión pública y generan la actual sensación de que los jueces y los fiscales son todos partidistas -¡y hasta corruptos!-, por estos actos cuasi indecentes, que ni se molestan en desmentir los protagonistas Ahora les llega la puntilla, sí, pero insisto, desde hace muchos años, como se puede colegir por lo anterior, no hay jueces y fiscales, hay Jueces para la Democracia, Asociación Profesional de la Magistratura, etcétera, como también hay fiscales conservadores y fiscales progresistas, que lejos de ser IMPARCIALES, actúan sometidos a los dictados partidistas, cual naves a favor de vientos (según la ocasión o la orden del jefe de turno, unos callan como muertos mientras los contrarios denuncian y viceversa; lamentables, indecentes y estúpidas guerras devastadoras de credibilidades y prestigios). Y esto ampliado y “refinado” por los correveidiles de las “cuotas” de nacionalistas y otros partidos regionales, llegados a Madrid/Madrit como elefantes en cacharrería, siendo peones y moneda de cambio en las estrategias políticas -y el chantaje- para el trapicheo con los votos, que puede ser legal, pero es insultante y profundamente ilegítimo. Sectarismos tendenciosos enmascarados como “sensibilidades conservadoras y/o progresistas, nacionalista, foralista…”.
    JOSE ANTONIO PADILLA RIBERO - 16 ene.RESPONDER

      Juan Ángel Soto
      Suscribo tu reflexión en líneas generales, José Antonio. Dicho esto, conviene separar, a mi juicio, dos elementos que no han de ser confundidos. Por un lado, el deseo de alcanzar y perpetuarse en el poder, la tentación, la comparten todas las formaciones políticas, pues tal es la erótica del poder. Bajo ese prisma, conviene recordar que la vulneración (o intento de vulneración) de la separación de poderes es algo siempre está presente, en particular por parte del poder Ejecutivo. Quizá resulta que la forma de Estado que adoptó España en 1978 es especialmente proclive a esta continua intromisión de un poder en otros; que hace más fácil caer en la tentación, pero es algo que sucede en todas las democracias liberales. El segundo factor, lo verdaderamente hiriente en mi opinión, es que la izquierda lleva a cabo este tipo de actuaciones (las impulsa, incentiva, protagoniza, etc.) sin ningún tipo de pudor, a plena luz del día, de una forma tan explícita que consigue no sólo dañar el fondo de nuestro Estado de derecho sino también la legitimidad del mismo en lo que refiere a la imagen que da ante la ciudadanía. Estas últimas son dos cosas muy distintas pero igualmente importantes. ¿El motivo de este modus operandi? Creo que son varios pero, como bien señalas, la superioridad moral que se arroga, es una de las principales variables en la ecuación.
      Juan Ángel Soto - 24 ene.RESPONDER

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