En estos momentos, Cataluña se encuentra en una situación de incertidumbre política motivada por las actuaciones separatistas promovidas por su Gobierno. El panorama parece complicado porque, por un lado, existe un movimiento social en pro de la independencia que es legítimo y respetable y, por otro, se están vulnerado las normas que ahora tenemos, que nos hemos dado todos los españoles, y que nos permiten vivir en paz y prosperidad.
Este escenario abre muchas dudas sobre el presente y futuro económico de Cataluña, lo que a su vez ha derivado en una baja confianza de los empresarios e inversores, que están trasladando sus capitales hacia otras zonas geográficas. Romper la convivencia no sale gratis, porque la crispación desincentiva las acciones emprendedoras y la capacidad de crecimiento económico. No es casualidad que los bancos Sabadell y CaixaBank y otras empresas con sede social en Cataluña las estén cambiando, o las hayan cambiado ya, a otras regiones de España: es el caso de Gas Natural, Abertis, Eurona, Proclínic Expert, Oryzon Genomics, Naturhouse, Derby Hotels, Unico Hotels, WPP o Schibsted. Otras, como Catalana de Occidente, Planeta, Indukern, o Almirall, se plantean hacerlo si se declara la independencia. Para facilitar esta deslocalización el Consejo de Ministros de España aprobó ayer un decreto ley para que los consejos de administración de las empresas puedan decidir cambiar su sede social sin necesidad previa de aprobación de la junta de accionistas.
Porque el problema no son sólo las consecuencias económicas directas de la secesión, la salida del euro y de la Unión Europea (UE), sino también la ideología de los partidos políticos que gobernarían Cataluña a partir de entonces, que pueden poner en peligro las exportaciones, la libertad económica y la seguridad jurídica.
No en vano la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s ha amenazado este jueves con degradar la deuda pública de Cataluña desde B+ a B, lo que supone convertirla en bonos basura y colocarla al mismo nivel de países como Zambia, Camboya, Jamaica, Ruanda o Camerún.
Esta incapacidad de devolver la deuda se debe a que el proceso independentista generaría un largo periodo de estancamiento económico, lo que supondría menores ingresos fiscales, a consecuencia de la reducción de las bases imponibles provocada por: a) la deslocalización de empresas (menos empleo, ventas y beneficios empresariales) y b) la emigración de trabajadores cualificados. Y sin embargo, habría más gasto público, ya que el Gobierno de Cataluña tendría que financiar la constitución del nuevo Estado (incluyendo las pensiones, nuevos funcionarios públicos, intereses de la deuda pública española que deba asumir, etc.). En definitiva, aumentaría el actual desequilibrio de las cuentas públicas. Un déficit que solo se podría financiar emitiendo deuda pública, sin que esté muy claro que los catalanes (aun por razones patrióticas) estuviesen dispuestos a comprarla.
Más dificultades habría, incluso, para colocarla en los mercados internacionales, por varias razones: a) el historial crediticio de la Generalitat de Cataluña, que deja mucho que desear, b) Cataluña no formaría parte ni del Fondo Monetario Internacional ni de ningún otro organismo parecido que pudiera prestarle dinero y c) que, al tratarse de un país de reciente creación y sin apoyo internacional, difícilmente se haría merecedor de la confianza de los compradores de bonos, que pueden destinar sus recursos a cualquier otro territorio con más solvencia y mejores expectativas económicas.
La otra forma de financiar el déficit público sería emitiendo moneda. Es decir, si Cataluña se independizase, necesitaría proveerse de medios de pago para “engrasar” su economía. La CUP (un partido independentista, antisistema y de extrema izquierda) es partidaria de abandonar el euro y crear una divisa catalana. En cambio, Junts pel Sí propone seguir con la moneda única europea. Si bien es verdad que aunque Cataluña no formase parte de la Unión Económica y Monetaria nadie podría impedir que continuase usando el euro, como lo hace Montenegro, al tratarse de una moneda que no controla, tendría que conseguir fuentes que proveyeran a su economía de liquidez en esta divisa para poder pagar el déficit público.
Sin embargo, en un escenario de dificultades para exportar a España y a la UE, huida de capitales, déficit público, sin ayudas de la UE y sin recurso al BCE, es casi imposible que una Cataluña independiente pueda seguir utilizando una moneda como el euro. Por tanto, lo más probable es que, en el caso de independizarse, desarrollaran su propia moneda: llamémosla ‘cat’. El tipo de cambio inicial, por comodidad, sería: 1 euro = 1 cat. Entonces, el Gobierno de Cataluña invitaría a sus ciudadanos a que acudieran al banco central de Cataluña y/o, por extensión, a los bancos comerciales ubicados en Cataluña, a cambiar sus euros por cats. Y es poco probable que los catalanes lo hicieran. Antes bien, guardarían sus euros a buen recaudo, o se los llevarían al extranjero, a cuentas de España, Andorra, Suiza o Francia. Esta respuesta de los ciudadanos se debería, entre otras cosas, a que, una vez introducida la nueva moneda, el siguiente paso sería la depreciación del cat originada por el aumento del dinero necesario para financiar el déficit público.
Esta semana que ahora termina, ya se ha producido un primer ensayo, con eventuales retiradas de depósitos de los dos grandes bancos catalanes, principalmente como castigo (un tanto irracional); por un lado, de los ahorradores del resto de España a causa de la animadversión que genera la independencia; por otro, de una parte de los impositores catalanes, a favor del camino del separatismo, por la actitud tibia de ambas entidades bancarias en relación a la secesión. Y en menor medida, de un lado y otro, idéntica maniobra por temor a que Cataluña se salga del euro. Afortunadamente para la salud del sistema bancario español Sabadell y CaixaBank están trasladando sus sedes sociales para mantenerse bajo el paraguas del BCE.
Pues bien, este conato de retirada de capitales se multiplicaría si Cataluña desarrollase su propia moneda, el hipotético cat. Para evitar una estampida de fuga de depósitos, el Gobierno de la Cataluña independiente tendría que hacer un “corralito” de todos los depósitos de su territorio nominados en euros. Recordemos que esta medida la adoptó Argentina en el año 2001, cuando su gobierno impuso restricciones a la libre disposición de dinero en efectivo. También se produjeron corralitos en Chipre (2013) y en Grecia (2015), con el fin de bloquear los depósitos bancarios con consecuencias desastrosas para su población.
Estamos a tiempo de evitar una situación de independencia que llevaría a Cataluña a un suicidio económico, en el que el corralito no sería más que un problema menor. Lo peor es que la independencia produciría un descenso generalizado del nivel de vida para el que difícilmente habrá marcha atrás. Ojalá no se llegue aproducir.
