La situación económica de un país no se traduce sólo en fríos indicadores. Antes bien, tiene un claro reflejo en sus condiciones de vida dificultándola o bien haciéndola más sencilla. La larga crisis que sufrimos, cuya manifestación más dañina fueron las altas tasas de paro, ha influido en decisiones cruciales, como la de contraer matrimonio. Así, la inseguridad laboral y la precariedad de las finanzas personales constituye un factor primordial a la hora de explicar que la edad a la se casan los españoles sea cada vez más tardía.

No en vano, la nupcialidad es una las variables demográficas más sensibles a la coyuntura económica: las personas suelen adoptar la resolución de emprender una vida en común una vez que han logrado una posición en el mercado de trabajo y albergan expectativas de estabilidad.

En el caso de la mujer, ese momento se ha retrasado en España más de 2,5 años entre 2010 y 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aplazamiento va en la línea del incremento de la tasa de paro que en ese mismo periodo ha crecido para ellas en 0,6 puntos porcentuales.

Esa incidencia de la situación laboral en la vida personal resulta particularmente significativa entre las féminas, dado que el desempleo suele afectarlas en mayor medida. Un claro ejemplo se puede observar en las cifras de paro de este último mes de febrero: de las 36.088 personas registradas, 21.006 eran mujeres, es decir, seis de cada diez.

Por CCAA, las andaluzas y manchegas son las que, en esos siete años, más han pospuesto la edad a la que contraen matrimonio por primera vez (2,8). Y, precisamente, esas regiones ocupan la tercera y segunda posición en cuanto a crecimiento de la tasa de paro femenino en ese periodo. Sólo se ven superadas, con un aumento del desempleo de 7,9 puntos, por Extremadura; sus ciudadanas son las cuartas que más han demorado en España la edad a la que celebran su enlace.

Las que menos lo han postergado son las riojanas, castellanoleonesas y madrileñas (entre 2,1 y 2,2 años, respectivamente). En estas comunidades el desempleo entre las mujeres ha descendido. De hecho, exceptuando País Vasco y Galicia, en todas las regiones en las que el retraso de la boda se hall por debajo de la media nacional, el paro femenino ha caído. Y al revés: en las que la superan se ha incrementado, salvo en Cantabria y Comunidad Valenciana.

Pese a lo mucho que influye el encontrar un trabajo a la hora de casarse, no se trata del único factor. El mayor acceso a la educación y la ampliación de la duración de los estudios alargan la vida prelaboral de las jóvenes. Por otra parte, el encarecimiento de la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, también supone una traba de cara a tomar la decisión de pasar por el altar o bien por el ayuntamiento.

Ante este panorama, las políticas públicas debieran ir encaminadas a facilitar que los ciudadanos emprendan el proyecto de formar una familia cuando ellos lo deseen. Esto es algo especialmente necesario, ya que este retraso contribuye a perjudicar la ya suicida demografía que sufre el país.