En los últimos meses, tras unos nuevos comicios que no han dejado nada más que malestar en la población española, los líderes políticos siguen en su particular campaña partidista con el fin de ganar la simpatía de los ciudadanos españoles. Una simpatía que no sabemos si nace con la intención de cosechar un mayor voto cautivo para unas nuevas, y extraordinarias, elecciones en el próximo año, o si es que ni el propio Pedro Sánchez confía en acabar la legislatura con sus, hasta ahora, socios preferentes. Sea como sea, la realidad es que la campaña sigue presente en el escenario político español.
Y es que, en un escenario como el actual, hablar de subir las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) o de rentas básicas parece un completo insulto para la sociedad civil. Y hablo de insulto, por la sencilla razón de que si uno atiende a los datos oficiales que presenta la economía española, todas las afirmaciones anteriormente realizadas son una completa utopía si no se alternan con políticas complementarias. Desde subir las pensiones, hasta la subida del SMI, son políticas que, en estos momentos, precisan de métodos alternativos por el estado que atraviesa nuestra economía para que dichas políticas sean sostenibles.
En el caso de las pensiones, como siempre digo, podemos hablar de subir pensiones, pero debemos hablar, a su vez, del cómo. No podemos afirmar que se van a subir las pensiones, sin más, en un escenario donde parte de la pensión se está teniendo que afrontar con deuda; no podemos hablar de subir pensiones en un escenario en el que la creación de empleo está estancada; no podemos hablar de subir pensiones en un escenario donde, a largo plazo, existe un riesgo de impago aún mayor; no podemos hablar de subir pensiones donde se visualiza un sistema de pensiones completamente deficitario.
De acuerdo con los datos que mencionaba, cuando uno observa el sistema de pensiones en España, observa cómo el déficit no solo es un problema, sino que a largo plazo representa una de las principales amenazas de la economía española. Y no hace falta mirar la tasa de dependencia, o la tasa de sustitución, que también, sino que basta con mirar la pirámide poblacional y la tasa de desempleo en términos juveniles (33%, la segunda más elevada de la Unión Europea). Con mirar eso, uno puede darse cuenta que, como poco, la situación de las pensiones en España no es algo coyuntural, sino estructural; a la vez que subir las pensiones, en estos momentos, es el menor de nuestros problemas, ya que, a largo plazo, la subida se verá lastrada con recortes obligados ante la imposibilidad de afrontar dichos pagos.
Una situación que, como digo, pone el foco en la intencionalidad de nuestros políticos. Debemos hablar de pensiones, debemos de hablar de los salarios, pero debemos hablar de todos los españoles. Y para hablar de españoles, es preciso hablar de todas las variables. Unas variables que desmontan muchos argumentos en el momento que se unifican para la elaboración de pronósticos y escenarios futuros. Pronósticos en los que el ceteris paribus que plantean determinados gobernantes no se sostiene más allá del propio papel.
Tenemos que hablar de pensiones, sí; sin embargo, ese debate parte de otras premisas que nos deben remontar a la raíz del problema. España solo habla de efectos, pero obvia las causas. De esta misma forma se habla de las posibles subidas en el SMI. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quiere subir el SMI, sin embargo, desea hacerlo de forma regulatoria, sin apelar a otras variables que son completamente fundamentales para realizar esa subida y no morir en el intento. Y sí, me refiero a un incremento en la productividad, pues es estrictamente necesario para realizar esa subida de pensiones sin mandar a la gente al paro.
Las pymes, el 99,88% del tejido empresarial español, son las empresas que, en estos momentos, más están sufriendo la dura batalla de la productividad y la retribución salarial a los empleados. En su gran mayoría, estas pymes son las que no están afrontando ese mayor pago en los salarios, ya que sus recursos limitados le impiden afrontar determinados costes. Ahora, para más inri, pretende impulsarse la subida de los salarios, incurriendo en mayores costes para los empresarios e impidiendo que estos incrementen sus beneficios.
El objetivo de toda empresa es generar beneficio. Bien, cuando un país impone un salario mínimo, de la misma forma está imponiendo una productividad mínima. Es decir, si el empleado que cobra 900 euros está por encima de la productividad exigida para afrontar el pago de los salarios, este empleado está condenado, tarde o temprano, al despido justificado. Y es que, aunque sea el gobierno el que impone esas regulaciones, es el empresario el que debe pagarlo. Y con empresario no estamos hablando de las empresas del IBEX, hablamos de las pymes, pues como decíamos, son el conjunto mayoritario en el tejido empresarial español; por no hablar de prácticamente la totalidad.
Como comentaba, finalmente nos encontramos que la aplicación de medidas cortoplacistas, sin hacer hincapié en los verdaderos problemas que atraviesa la economía española, solo generará impactos negativos en el largo plazo. Lo explicábamos con el caso del pensionista, de la misma forma lo hacíamos con el empleado que no alcanzaba la productividad que exigía su salario. Medidas que solo buscan la solución inmediata, cortoplacista y amiga de los votantes, pero en la que el largo plazo se obvia, como si el futuro no fuese competencia nuestra.
Ante semejante falta de rigor, las medidas improvisadas y apresuradas solo nos llevan hacia el suicidio económico. Los españoles debemos asumir esa responsabilidad que no asumen nuestros políticos, pues en una cosa tienen razón, y es que su futuro está garantizado; el tuyo no.
