Cada vez que se publican datos sobre la reducción de la tasa de paro en España se formulan críticas con respecto a la “mala calidad” del empleo creado. Hay menos parados, es verdad –se dice–, pero los nuevos puestos de trabajo no tienen calidad. Debo confesar que nunca he entendido bien un concepto que, por otra parte, es relativamente novedoso en el lenguaje económico, ya que hace años no era habitual encontrar este tipo de valoraciones. Y cuando he consultado alguna literatura sobre el tema no he conseguido, en absoluto, solucionar mis dudas. Es evidente que hay –siempre ha habido– unos empleos mejores que otros. Supongo que nadie duda que el empleo de un director de banco, por ejemplo, es mejor que el de un señor que se dedica a cavar zanjas al sol. Pero de lo que se habla ahora no es de que unos tengan más calidad que otros, sino de que hay unos empleos “de calidad” y otros que carecen de ella. ¿Dónde se sitúa la línea de demarcación?
A lo largo de los últimos años se ha tratado de dar una repuesta a esta pregunta por diversos organismos. La Comisión Europea ha elaborado una serie de indicadores que se refieren a cuestiones tan diversas como el aprendizaje continuado en el puesto de trabajo, la flexibilidad y seguridad, la no discriminación y la igualdad de género, el equilibrio con la vida cotidiana y hasta el diálogo social. Cualquier persona que tenga alguna experiencia en la medición de variables económicas es consciente de las dificultades que tendría cuantificar estos indicadores o tratar de construir un índice comparativo a partir de ellos. Y los trabajos del Eurofound en la misma línea no ofrecen tampoco muchas posibilidades de crear indicadores fiables.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado un concepto similar: trabajo “decente”. El trabajo decente se definiría como aquel que permite a quien lo realiza acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo y garantice la protección social a su familia; que le ofrezca buenas perspectivas de desarrollo personal e integración social; que permita que los trabajadores opinen, se organicen y participen en las decisiones de la empresa; y que ofrezca igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Los requisitos son, como puede verse, muy diversos. Algunos tienen un contenido tan difícil de determinar como establecer lo que es un ingreso justo para un trabajo determinado. Y otros, como la intervención en la toma de decisiones de la empresa, parecen referirse más a los sindicalistas profesionales que a los propios trabajadores; lo que se entiende fácilmente si se conocen la estructura y los objetivos de la OIT.
Regulación intervencionista
Si hacemos referencia a España –aunque el problema tenga un ámbito mucho más amplio–, hay que reconocer que la crisis económica ha supuesto un freno en la tendencia al alza que los salarios habían experimentado en años anteriores y ha reducido la contratación indefinida a tiempo completo. Y los sindicatos atribuyen estos resultados, que consideran un claro supuesto de pérdida de calidad de los empleos, a las reformas laborales de 2010 y 2012, y piensan que, si fueran derogadas y volviéramos a la situación anterior, tendríamos sueldos más altos y mejores empleos. El argumento es, sin embargo, erróneo. El problema del mercado de trabajo español no está en esas reformas legales –no especialmente intensas, por otra parte–, sino en su incapacidad para reducir de forma sustancial las tasas de paro. Y éstas son tan elevadas en nuestro país no por tales reformas, ni por alguna cruel maldición divina, sino por la propia regulación en exceso intervencionista de las relaciones laborales.
La teoría económica considera que el salario de un trabajador incluye no sólo la remuneración que éste recibe, sino también una amplia serie de factores que acompañan a su actividad laboral y las condiciones de trabajo especialmente penosas o de escaso prestigio social tienen, a menudo, que ser compensadas por salarios más altos.
Mi ejemplo favorito es la conocida frase de Adam Smith, que afirmaba que “el empleo más detestable, el de verdugo, es, en proporción a la cantidad de esfuerzo realizado, el trabajo mejor remunerado”. Y la razón era, en su opinión, lo poco atractivo del oficio, que exigía una compensación monetaria más elevada.
Una caída de los salarios y un deterioro de las condiciones del empleo pueden tener, por tanto, una causa común. Cuando en cualquier mercado la oferta es, de manera significativa y a lo largo de mucho tiempo, superior a la demanda, se produce una disminución de los precios. Y cuando en una economía existen altas tasas de desempleo, hay que esperar una reducción de los salarios en sus diversos componentes. El problema, por tanto, es el paro; no las reformas laborales. Mientras no entendamos esto, elevar los sueldos o mejorar las condiciones de los puestos de trabajo será, simplemente, imposible.
