No es el obsesivo afán de lucro de las eléctricas la causa principal del alto precio del kilovatio hora (kWh), sino la voracidad de Hacienda, la variación del coste de la generación de electricidad a lo largo del día y los errores de los políticos. Que no se mueva el viento, haya neblina y se atraviese una época de sequía prolongada que deje vacíos los pantanos tiene consecuencias. Estos fenómenos meteorológicos causan que los aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos y las turbinas de las presas dejen de producir, porque la generación de volubles energías renovables depende del caprichoso clima.
La única fuente que garantiza un suministro estable, sin depender del viento, la luz, el agua y la importación de hidrocarburos, es la nuclear. El accidente de Chernóbil en 1986 y el terremoto en Fukushima en 2011 cerraron bastantes centrales en Europa y frenaron o paralizaron la construcción de nuevas. Por muy seguros que sean los nuevos modelos de reactores, la desconfianza está servida. Esto no quita que hoy sea de origen nuclear el 71,7% de la energía en Francia, el 50,7% en Hungría, el 40,3% en Suecia, el 39% en Bélgica y el 37,7% en Suiza un 37,7%… mientras en España es tan solo de un 20,4%. Cuando las renovables fallan, el bajo porcentaje de producción nuclear no logra cubrir la demanda, lo que obliga a satisfacerla con las más caras centrales de ciclo combinado. El precio de estos kilovatios hora también sube por la tasa de emisión de CO2. De ahí, que tenga lógica que las eléctricas incentiven que el consumo se haga en el horario en que la energía es más barata.
Si se compara el precio del kWh eléctrico en los 27 países la Unión Europea (UE) durante 2020, resulta que el precio en España fue de 0,2298 euros, lo que lo convierte en el quinto más caro de la UE, tras Alemania (0,3006), Dinamarca (0,2819), Bélgica (0,2702) e Irlanda (0,2616). Si ahora se contrasta el impuesto al kilovatio hora en la UE, resulta que la Hacienda española lo grava con 0,1038 euros, lo que lo convierte en el tercer mayor tributo, tras Dinamarca (0,1911) y Alemania (0,1555). La desproporción del precio del kWh en España resulta todavía más escandalosa cuando se aprecia que nuestra renta per cápita (37.933 dólares en 2020) ocupa el décimo noveno lugar.
La hipocresía de llamar impuesto medioambiental al gravamen del 7% sobre la generación de energía eléctrica, por ejemplo en una hidráulica, es un engaño. La auténtica razón de este tributo, aprobado en 2012 por el Gobierno de Rajoy, no es ecológica, sino la necesidad de recaudar 1.700 millones cada año para cubrir el déficit de tarifa eléctrica. Este descubierto ha sido provocado por decenios de políticas absurdas. Comenzamos a ir de Quijotes del medio ambiente desde 1997, al adoptar uno de los protocolos de Kioto más exigentes para reducir los gases de invernadero. Esta ingenuidad nos ha convertido en uno de los países que, en términos relativos, más pagan para comprar derechos de emisión. Luego vinieron las locuras de unas primas desproporcionadas para la generación de energía solar. Por último, el Estado promovió un parque de centrales de ciclo combinado varias veces mayor que la que la prudencia aconsejaba para cubrir los mayores picos de consumos en el año. Esos errores no los pagan los políticos que los cometen, sino los contribuyentes. ¡Se debiera de exigir una experiencia empresarial contrastada para ser ministro!
