El Tribunal Constitucional ha tumbado la rebaja en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que Cataluña aplicó a las rentas bajas, estimando así el recurso que el Gobierno central presentó al considerar que la Generalitat excedió sus competencias autonómicas.
El Govern aplicó, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, dos medidas: por una parte, que «el mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.550 euros anuales»; y por otra, un incremento de un 10% del mínimo exento para las rentas bajas. «Si la suma de las bases liquidables general y del ahorro del contribuyente es igual o inferior a 12.450 euros, el mínimo del contribuyente es de 6.105 euros anuales», apuntaba en concreto. Y esa es la parte que recurrió el Gobierno al considerar que creaba una nueva categoría de IRPF, y el motivo por el que lo ha tumbado el Constitucional, tal y como adelantó ayer ElNacional.cat.
En el momento de la aprobación de la rebaja fiscal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya señaló que las comunidades «no pueden crear categorías nuevas», que es lo que ocurriría con la suma de la base general y el ahorro. Este argumento ha sido aceptado por el TC, que en la sentencia que adelanta el citado medio señala que el Govern «ha excedido los límites que prevé el Estado para el ejercicio autonómico de esta competencia cedida».
El Constitucional, sin embargo, aclara que su decisión no afectará a las declaraciones devengadas, es decir, que los contribuyentes que ya se han beneficiado de su medida no deberán reintegrar las cantidades ahorradas. El TC toma está decisión para garantizar la «seguridad jurídica», y según los cálculos del Govern de la rebaja se podían beneficiar algo más de 200.000 contribuyentes.
La decisión del Tribunal es relevante por la propia decisión, pero también porque Cataluña es una de las regiones con una fiscalidad más agresiva con sus contribuyentes. Según la última edición de estudio Día de la liberación fiscal que anualmente elabora la Fundación Civismo, los catalanes son los que más días deben trabajar para pagar todos los impuestos a los que deben hacer frente: 201 jornadas. Y según las estimaciones del Consejo General de Economistas, la región catalana cuenta con ya 19 impuestos propios, cuatro de ellos inconstitucionales y algunos tan imaginativos como el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos.
