El protagonismo de las pensiones en el debate público es un fenómeno pendular. Cada cierto tiempo, la viabilidad a futuro de las pensiones y el estado del sistema público de reparto son tema de interés y discusión, dado que en la actualidad es la partida de gasto público más importante: prácticamente 10 de cada 100 euros de gasto público se destinan a financiar la jubilación, superando en cuantía al gasto sanitario o el educativo, entre otros.
Sin embargo, su protagonismo adolece de un marcado cortoplacismo. Es decir, se pone en cuestión el estado actual del sistema de pensiones, pero no se cuestiona su evolución a futuro. Evidentemente, es un razonamiento equivocado, puesto que lo más importante es el futuro y no el presente, en el cual, mal que bien, siempre habrá dinero para pagar las pensiones actuales, aunque el déficit de la caja de la Seguridad Social haya cerrado cercano a los 20.000 millones de euros, su máximo histórico.
Es notable este cortoplacismo en el conjunto de los agentes sociales, incluso en el propio Gobierno en su reacción a las manifestaciones de pensionistas que protestan por la subida del 0,25 por ciento anual. Así, el Ejecutivo prepara una rebaja extraordinaria del IRPF para jubilados mayores de 75 años, cuando sabe perfectamente que el problema de fondo no es la renta disponible después de impuestos de los actuales pensionistas, sino que la demografía y el sistema económico actuales hacen inviable el mecanismo público de reparto.
Concretamente, la medida de rebajar el IRPF tiene un efecto marginal que, en el mejor de los casos, supondría un ahorro de impuestos, promedio de 7.188 euros anuales para 758.185 jubilados del Régimen General, (apenas un 8 por ciento del total de pensionistas) que poseen una pensión neta de entre 1.600 euros al mes y la pensión máxima fijada para 2018 en 2.580,13 euros y los casos en los que hay dos o más pagadores en los que se tiene obligación de hacer la Declaración de la Renta.
Además, supondría complicar todavía más el ya de por sí complejo IRPF, dado que ya existen beneficios fiscales suficientes para personas mayores, especialmente si superan los 75 años en forma de un mínimo personal y familiar más elevado.
En este sentido, se busca más un golpe de efecto que genere réditos electorales que trabajar para una reforma en profundidad del sistema público de reparto, que vaya más allá de los ajustes paramétricos realizados en 2011 y 2013 (el famoso “factor de sostenibilidad” que en teoría entraría en vigor en 2019), los cuales inevitablemente provocarán una reducción de la pensión media. La implantación plena del cálculo de la pensión con los últimos 25 años de cotización también supone una merma de ingresos futuros para los cotizantes actuales.
Por ello, si el Gobierno desea poner el foco en la fiscalidad, ha empezado por el lugar equivocado, que es la fiscalidad directa de los actuales pensionistas. Por donde hay que empezar es por reformar el sistema fiscal, de manera que deje de castigar al ahorro de la forma en que lo hace actualmente, dando incentivos correctos para la acumulación de capital a lo largo de la vida laboral. Y, precisamente, el primer punto es la elevadísima presión fiscal que sufren los salarios en España a causa de las Cotizaciones Sociales.
España tiene el dudoso mérito de ser el segundo país de la OCDE con mayor carga de cotizaciones a la Seguridad Social y es donde un trabajador promedio entre 45 y 64 años (es decir, en la madurez de su vida laboral y, por tanto, cuando más gana) tiene que dedicar 61 de cada 100 euros de sueldo bruto (en términos de coste laboral) a pagar cotizaciones e IRPF. Esto, unido a la devaluación salarial producida especialmente en los salarios brutos menores de 1.300 euros mensuales, dificulta enormemente un ahorro estable y creciente que tenga como fin crear un colchón de cara a la jubilación.
En virtud de esta realidad, el primer paso que es la fiscalidad lleva a otros puntos clave, como son informar a los actuales cotizantes de la pensión que tendrían en el futuro (el famoso sobre naranja) del cual hasta la fecha no hay ni siquiera intención de enviar. Pero también la conciliación familiar, los permisos por paternidad, una inversión en vivienda menos apalancada o una mejor educación financiera, en la gestión de los gastos diarios y de cómo invertir el dinero en función del riesgo y el horizonte temporal de cada persona. Solo la conciliación familiar –guarderías y colegios en el ámbito laboral, racionalización de horarios o trabajo a distancia– permitiría un ahorro de la mitad de los recursos que hoy se destinan a contratar cuidados externos del hogar, dejándose en el entorno del 1 por ciento del presupuesto familiar.
La economía española, en suma, se enfrenta a un proceso de longevidad ante el cual no está suficientemente preparada. De poco sirve hablar de las pensiones de hoy cuando lo más preocupante es que el actual sistema público de reparto está contrayendo una deuda oculta en forma de compromisos por pensiones futuras que ascendería (haciendo cálculos conservadores) al 460 por ciento del PIB. Si a esto se suma una Deuda Pública en el entorno del 100 por cien del PIB y una posición inversora internacional neta de cerca del -85 por ciento del PIB, son datos más que suficientes para provocar una reflexión en los poderes públicos y trabajar desde ya en una alternativa sólida.
