Por Carlos Díaz Güell

La soprano Ainhoa Arteta se descolgaba hace unas semanas con una fuertes declaraciones a la prensa en las que quejaba de que la Hacienda española la está «machacando» a impuestos, hasta el extremo de que está teniendo que «pedir créditos para pagar a Hacienda».

Aunque su amarga queja, precedida de la afirmación de que seguiría pagando sus impuestos en España y que no recurriría a trasladarse a un paraíso fiscal, la enmarcaba en el campo de la cultura, acusando al gobierno de estar dando «palos de ciego» y «maltratando» de manera «brutal» a la cultura, motivo por el que «dos generaciones buenísimas» de artistas «se han quedado en el camino», lo cierto es que las declaraciones de la cantante de ópera coinciden con el envío a Bruselas, por parte del Gobierno en funciones, de los presupuestos para 2017. En ellos se supone que da solución al desequilibrio de 5.000 millones de euros del déficit público para cumplir con el 3,1% exigido por la Comisión Europea y del que se sabe más bien poco de cómo lo va a conseguir, aunque todas las apuestas se inclinan, una vez más, por subir los impuestos.

De ser así y tras las modificaciones pertinentes en la recaudación del Impuesto de Sociedades, una vez más el gobierno de turno recurrirá a subir los impuestos, utilizando como justificación que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa, aunque este manido argumento hace tiempo que dejó de tener validez, ya que presión fiscal y esfuerzo fiscal poco o nada tienen que ver entre ellos.

La presión fiscal es el resultado de dividir la recaudación total (incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social) por el PIB. Una vez dicho esto, los expertos coinciden en que hay mucha demagogia en este asunto y que la presión poco tiene que ver con las subidas o bajadas de impuestos, sino que sobre todo varía por la caída de la recaudación y ésta a su vez se explica por el ritmo de crecimiento de la economía, del fraude y de la economía sumergida.

En relación al fraude, si se redujera este lastre a niveles de la Europa del euro, se conseguiría una recaudación adicional de más de 38.000 millones anuales, 3,8 puntos del PIB, con lo que la presión fiscal en España subiría hasta cerca del 38%. En ello parece estar trabajando la Inspección Fiscal, como se demuestra en el caso de los módulos, origen, entre otros, de una gran bolsa de fraude fiscal y cuyo objetivo es conseguir que se pague por lo que realmente se gana.

El debate, poco intenso por el reverencial respeto que los líderes de opinión sienten por las cuestiones fiscales, no es otro que si la única salida para cuadrar las cuentas públicas es la bajada o subida de los impuestos y si no existen otros mecanismos en la economía moderna para solventar el déficit, sin recortar el Estado del bienestar y sin recurrir a conceptos terminológicos como el de presión fiscal que encierran grados de comprensión discutibles para la ciudadanía.

De entrada, hay que dejar claro que a los españoles les cuesta más esfuerzo pagar sus impuestos que a otros ciudadanos de la Eurozona, o al menos eso determina el conocido como índice Frank, que mide el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y que es rechazado por los fiscalistas ortodoxos.

El sacrificio fiscal realizado por los ciudadanos y medido por el citado índice compara de una forma tangible cómo sufren en cada país los bolsillos de los ciudadanos a consecuencia de los impuestos, pero su cálculo suscita bastante controversia debido a la carencia de estadísticas sobre ciertos aspectos.

A pesar de la poca información estadística que existe en esta materia, el índice Frank sirve para hacerse una idea de cómo impactan los impuestos a nivel individual. En este sentido, es sorprendente que los españoles, junto con los portugueses, italianos y griegos, sean los ciudadanos con un esfuerzo fiscal más elevado, muy por encima de países como Dinamarca, Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo.

En los últimos años, pese a los ajustes tributarios que ha habido, los impuestos han subido de manera notable para hacer frente a la crisis, aunque como diría alguien cuando los impuestos suben, suben para quedarse. Esto quiere decir que la presión fiscal ha subido, es decir, que se han incrementado los ingresos fiscales (mas cotizaciones a la SS) con respecto al PIB; sin embargo, el esfuerzo fiscal no depende de los ingresos fiscales totales sino de cómo se reparte dicha carga entre cada contribuyente. En resumen, el primero es un reflejo del gasto del Estado, mientras que el segundo mide los impuestos que pagamos.

El think tank Civismo, en torno al cual se congregan conocidos profesionales y líderes de opinión de carácter liberal, daba a conocer un estudio que ponía de relieve que los españoles trabajan una media de 184 días solo para pagar impuestos y cotizaciones sociales.

El informe señala que un trabajador que gane un sueldo medio bruto de 24.400 euros al año estaría obligado a pagar 8.667 euros al Estado en concepto de impuestos, lo que equivale a 130 días de trabajo. Sin embargo, a esta cifra habría que agregarle los costos de la Seguridad Social que le son descontados de su salario efectivo (31.696 euros que son la suma de su salario bruto y las cotizaciones sociales que cubre la empresa) y que ascienden a 7.296 euros. De esta forma, de su salario total, Hacienda se embolsaría la nada despreciable cantidad de 15.963 euros al año, o lo que es lo mismo, el equivalente al 50,40% de su nómina real, que es lo que le sería descontado para afrontar con sus gastos tributarios y que se encuadraría dentro de lo que es esfuerzo fiscal.

La administración española ingresó el año pasado 413.456 millones de euros –su mayor nivel desde 2007– aunque en ratio sobre el PIB es inferior al de 2014 por el crecimiento de la economía –del 38,6% del PIB pasa al 38,2%–.

En este escenario, son muchos los expertos que comienzan a hablar de confiscatoriedad fiscal, lo que va en contra de lo señalado por la Constitución y la Ley General Tributaria que consagran los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

Lo que está demostrado por diferentes y rigurosos estudios es que todo aumento del esfuerzo fiscal lleva aparejado una mayor tasa de fraude y luchar contra esa lacra que la sociedad lleva enraizada es complicado, máxime cuando la corrupción lidera las primeras páginas de los medios de comunicación y el debate político gira casi exclusivamente sobre esa perversión.

Post-it

La presión fiscal viene definida por el total de impuestos (directos e indirectos) que recaudan las administraciones públicas de un país en relación con la actividad económica anual del mismo (PIB).

El esfuerzo fiscal se define como el porcentaje que se obtiene dividiendo la presión fiscal entre la renta per cápita o, lo que es lo mismo, el porcentaje de lo que se gana que va destinado al pago de tributos, incluyendo todo tipo de impuestos, desde el IRPF hasta el IVA, pasando por las cotizaciones a la Seguridad Social u otros impuestos directos e indirectos.

El principio de no confiscatoriedad viene a determinar que los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de forma equitativa y progresiva sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer de las economías privadas los ingresos tributarios.

Según Fedea, los hogares más pobres (en torno a un 20% del total) y los más ricos (un 10%) son los que soportan una mayor presión fiscal en España, medida en porcentaje de impuestos que pagan en relación a su renta. En concreto, los hogares que perciben rentas de hasta 11.584 euros tienen una presión fiscal del 28,21%, contando impuestos directos e indirectos. Esto se explica, según el estudio por el efecto de la imposición indirecta (principalmente el IVA), ya que a pesar de su baja renta no dejan de consumir gracias al ahorro o vía endeudamiento y también por las bases mínimas en las cotizaciones sociales. De hecho, dos tercios del porcentaje de impuestos se deben a los indirectos. Por lo que respecta al grupo de los hogares más rico (el 10% de las familias) supera ese nivel. Este colectivo, cuya renta media anual está por encima de los 165.000 euros, tiene una imposición media del 33,1%.