23
jul
Expansión

Desde hace algún tiempo se viene planteando en el Parlamento Europeo la conveniencia de establecer un salario mínimo para todos los países de la Unión. Dos son las versiones que se han propuesto. La primera -la más moderada- consiste en obligar a todos los Estados miembros a establecer un salario mínimo que debería alcanzar, al menos, el 60% del salario mediano del país (es decir, el que se encuentra en el centro de la distribución estadística). La segunda -más radical- es defendida por algunos europeístas que piensan que debería fijarse un salario mínimo común para todos los trabajadores europeos. El argumento es simple: si formamos parte de una unión económica y política, no hay razón para que cada país legisle de forma independiente en una cuestión tan importante como ésta. El trabajador europeo debería sentirse protegido por los organismos comunitarios y así se evitaría, además, la discriminación que sufren hoy muchos empleados que perciben remuneraciones salariales excesivamente bajas.

Nada más justo, aparentemente. Pero cabe preguntarse si quienes defienden esta propuesta son conscientes de los efectos no buscados que tal medida podría tener en cientos de miles de trabajadores. No cabe duda de que, como insisten una y otra vez los defensores de este salario mínimo europeo, los grupos que perciben menores rentas se vieron muy afectados por la crisis que empezó en el año 2008 y que significó una década perdida, desde el punto de vista del desarrollo económico y social, en muchos países del continente. Y parece evidente que un salario mínimo más alto en los países en los que la cifra es todavía muy baja podría ayudar a elevar el nivel de vida de mucha gente. Puede sonar bien, sin duda; pero lo malo es que tal medida en nada garantiza una mejor situación a los trabajadores de menores ingresos, especialmente si uno de sus efectos es una tasa de paro más elevada en el grupo de empleados de menor productividad.

Diferencias entre países

En realidad lo que este salario mínimo europeo haría es agravar el problema que va se plantea en cada uno de los países cuando la cifra del salario mínimo y la baja productividad de algunos trabajadores hace muy difícil que éstos puedan encontrar un empleo. Y no se puede olvidar que la tasa de paro es significativamente diferente en los distintos países; ya que se encuentra por debajo del 4% en Alemania, mientras supera el 17% en Grecia y el 13% en España. Todo lo que sea elevar el salario mínimo en estos últimos países constituiría un nuevo obstáculo para reducir sus tasas de paro.

Pero los defensores de la medida utilizan un segundo argumento, que también merece un comentario. En su opinión, un salario mínimo europeo ayudaría a combatir lo que suele denominarse dumping– social, es decir, que las empresas que se localizan en naciones en las que los salarios son más bajos desplazan de los mercados a las empresas situadas en países de salarios más elevados. Pero la idea tiene en sí misma poco sentido. Por una parte, es contradictoria con el anterior argumento en favor de la medida. Dado que las tasas más bajas de paro se registran en países de alto nivel de renta como Alemania, Holanda o Reino Unido, el desplazamiento de empresas a naciones con salarios más reducidos y tasas de paro más elevadas, debería ayudar a equilibrar la situación en el continente; y elevar el salario mínimo en los países que hoy reciben estas inversiones seria un obstáculo para incrementar su tasa de crecimiento y reducir su desempleo. Pero, además, pretender que sólo existe competencia “justa” si los países más atrasados elevan los salarios significa realmente poner trabas al desarrollo económico de éstos. Y si tenemos en cuenta también que entre los países europeos en los que no existe salario mínimo se encuentran Suecia, Dinamarca o Austria, el argumento de que los salarios mínimos bajos generan dumping social resulta bastante sorprendente.

La conclusión evidente de estas reflexiones es que -al margen del debate sobre la conveniencia o no de la existencia misma del salario mínimo- plantear el establecimiento de un salario mínimo igual para todos los países europeos no tiene sentido. En unos casos, los de los países de renta per cápita más alta, simplemente no serviría para nada. Y en las naciones de renta per cápita más baja tendría efectos muy negativos y crearía serios problemas en sus esfuerzos por reducir sus tasas de paro.


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