‘’Hoy en día la civilización humana se ahoga en un mar de mentiras y corrupción’’.

L. Neil Smith

La reforma del sistema tributario que se plantea pretende eliminar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) les otorga. Pues la propuesta planteada invade claramente las competencias en materia de gravamen patrimonial.

El gobierno, lejos de ser neutral y practicar la equidad tributaria a la que la Constitución le obliga, asfixia a los ciudadanos con nuevas y más gravosas figuras tributarias.

En esta propuesta de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Libro Blanco dista mucho de preocuparse por lo que realmente necesita España en la situación actual.

En primer lugar, para eludir el control parlamentario, no plantea una modificación de la LOFCA sino que sugiere establecer una “sobre tarifa” del impuesto. Invadiendo por la vía de los hechos la autonomía de los territorios.

En segundo lugar, se propone eliminar las reducciones por parentesco y por cantidades percibidas por contratos de seguros de vida, así como suprimir el ajuar doméstico en la determinación de la base liquidable del impuesto.

Ninguna de estas reformas responde a medidas eficaces de política económica, sino que son la respuesta a la voracidad recaudatoria del ejecutivo.

Si el gobierno pretende conseguir una mayor recaudación no puede ser a costa del enfrentamiento entre Comunidades Autónomas. Pues, si unas regiones llevan a cabo una gestión eficaz de sus recursos, deberían ser el modelo a seguir por el resto de los gobiernos autonómicos, porque el confundir dumping fiscal con la administración eficaz de los recursos públicos carece de todo sentido. Precisamente dos de los miembros del Comité de Expertos renunciaron al no estar de acuerdo con esta guerra fratricida fiscal planteada en el grupo de discusión.

La lentitud del departamento de Montero para aligerar la factura fiscal de los españoles es evidente, pero las propuestas para facilitar el pago a los contribuyentes se han plasmado en un régimen de aplazamientos y fraccionamientos ágil, que permita el pago del impuesto ante la falta de liquidez de los herederos, evitando, así un posible impago de la deuda. Olvida el ejecutivo que un impuesto que obliga a ejecutar los bienes para el pago de su cuota es claramente un tributo confiscatorio, contrario al artículo 31 de la Constitución.

 El Libro Blanco señala que busca introducir un mayor automatismo que reduzca la incertidumbre y ayude a evitar situaciones confiscatorias.

En definitiva, analizando concienzudamente la propuesta que plantea el Libro Blanco podrá comprobarse que no hay una voluntad de cooperar por parte del poder público con la situación de crisis que vive España, sino más bien lo contrario. Se busca aumentar la carga fiscal asfixiando los maltrechos bolsillos de los españoles, que en este momento atraviesan una crisis que tiene más de estructural que de coyuntural.