En las últimas semanas, la aprobación por parte del Gobierno del ingreso mínimo vital (IMV) ha generado una gran polémica en la sociedad, así como en el propio Congreso de los Diputados. Pese a que en su votación, el conjunto de partidos políticos de la oposición se ha eximido de réplicas sobre la aprobación de dicha ayuda, alcanzando un consenso para que dicha dotación económica sea aprobada y aplicada, la política que impulsaba el ministro Escrivá, a priori, fue objeto de muchas críticas. Críticas que, pese a que han caído en saco roto, siguen estando muy presentes en el debate público.
Y es que, partiendo de la propia financiación del ingreso mínimo vital, muchos son los que se preguntan qué ocurrirá con dicha ayuda, así como con el coste que esta supone, en un escenario en el que, como advirtió Bruselas, nuestras cuentas públicas están colapsadas. Con unas previsiones que, como las que arroja el Banco de España, sitúan el nivel de déficit en un escenario en el que podría rebasar el anecdótico umbral del 10 %, así como un nivel de deuda publica que podría alzarse por encima del 122 % en relación con nuestro PIB, dedicar más de 5 000 millones de euros, o lo que se equivaldría a un gasto que en su cómputo se situaría en el 0,3 % del PIB, a una ayuda que, además, debe ser financiada con cargo a la deuda pública, resulta, como poco y ante la coyuntura, una medida pretenciosa.
Pues no es que estemos diciendo que dicho ingreso no pueda tener un impacto significativo en los niveles de desigualdad, así como de pobreza, sino que las intenciones de aplicarlo, así como de hacerlo con carácter inmediato, en un escenario en el que el colchón fiscal que presenta el país para aplicar medidas contracíclicas —relacionadas con la aplicación de estímulos y el incremento del gasto público— se muestra tan escaso que resulta inexistente, generan, entre otras cosas escenarios incómodos. Escenarios incómodos incluso para la propia vicepresidente de asuntos económicos, Nadia Calviño, quien no cedió a las exigencias para que dicho ingreso se hiciese efectivo hasta que los detalles, así como la calibración de dicha política, estuviesen bien definidos.
En este sentido, una actitud de la vicepresidente que se ajusta a las exigencias de un bloque comunitario que, ante los precedentes, se muestra escéptico cada vez que tiene que observar los planes presupuestarios del Gobierno de España. Y es que, como decíamos, en escenarios donde nuestro sistema presenta una estructura de financiación que, a la luz de los datos, se muestra deficitaria, resulta, como poco, peligroso el querer seguir ensanchando un gasto público que, en línea con los pactos de estabilidad y crecimiento (PEC) fijados por Bruselas, incumple el acuerdo alcanzado con el conjunto de países homólogos.
Una situación que ha acabado derivando en tensiones que, como las recientes, crispan el diálogo entre los distintos países europeos; pues, ante una guerra en la que se muestran una serie de países del sur, con unos niveles de deuda pública más que desmedidos; así como, en contraposición, otro bloque de países que, como Alemania o Países Bajos, presentan niveles de deuda que, en el peor de los casos, se encuentran por debajo del 60 %. Seguir ensanchando esos desequilibrios, así como la asimetría en el cumplimiento de los tratados, podría seguir deteriorando las relaciones de un bloque económico que sale poco reforzado de esta crisis.
El hecho de aplicar políticas que, por su naturaleza y método de aplicación, ensancharán el nivel de endeudamiento público por encima de lo permitido, a Bruselas, así como a aquellos que abogamos por una austeridad más que necesaria —debiendo incluir aquí al maestro Alesina por sus enseñanzas—, nos parece una decisión que debe estudiarse minuciosamente. Pues, como decía, no es que esté abogando por suprimir el ingreso mínimo, pero sí por una rigurosidad presupuestaria que no acabe provocando situaciones peores, incluso, a la mala situación que ya se mostraba de partida. Pues las buenas intenciones y las hipótesis planteadas en el marco del IMV son bastante convincentes, pero, de la misma forma, resulta convincente también el hecho de que dicha medida, de no dotarla de sostenibilidad presupuestaria, podría, sin darnos cuenta siquiera, hipotecar el país, así como a las generaciones venideras; una situación que, ante los precedentes, resulta más que probable.
Por tanto, cuando hablamos de IMV debemos entenderlo como una herramienta que nace con el objetivo ser un medio que abogue por la reactivación del mercado laboral, así como incentivar el empleo. Dicho ingreso, pese a las intenciones del Gobierno de Unidas Podemos, no debe convertirse en el fin perseguido; de hecho sería lo más absurdo hasta el momento. Dicha cuantía no es más que un medio para, en primer lugar, reducir los niveles de desigualdad y pobreza, estableciendo un escudo de protección social; así como, en segundo lugar, incentivar la búsqueda de empleo y la incorporación de la sociedad al mercado laboral mediante la aplicación de políticas activas de empleo. Pues, si además de no establecer un plan de financiación sostenible para dicha medida, vendemos a la sociedad el IMV como el fin a perseguir, sin condicionantes, y no como el medio para lograr un determinado fin, toda intención que nos llevó a aceptar el IMV como una medida provechosa para la economía española se habrá esfumado.
Como decía Thomas Sowell, “las políticas deben ser medidas por los efectos que estas tienen en la sociedad, y no, como suele ocurrir, por las intenciones y los deseos que nos llevaron a aplicarlas”. Por lo que, en línea con la cita de Sowell, el IMV es una política muy favorable si se aplica como debe aplicarse, con una estructura de financiación sostenible, como un medio para lograr un determinado fin, así como con grandes condicionalidades. De aplicarlo como el fin a perseguir, así como sin los condicionantes que establezcan ese contrapeso para evitar los posibles efectos perversos y externalidades negativas, así como esa estructura de financiación que dote a dicha medida de sostenibilidad futura, dicho ingreso no será más que, al igual que las subvenciones, un despilfarro de dinero público, así como un compromiso para el futuro de la ciudadanía.
