En una época en la que se está generando una sensibilidad particular hacia lo local, es más necesario que nunca construir esquemas de desarrollo sostenible para los distintos territorios, sobre todo si estos están afectados por fenómenos como la dispersión demográfica o el envejecimiento, como sucede en Castilla y León, lo que dificulta el mantenimiento de servicios públicos de calidad que supongan un atractivo diferencial para vivir en esta región.
Más allá de los planes tradicionales basados fundamentalmente en la construcción de infraestructuras y la provisión de determinados servicios locales, la instalación de energías renovables se erige como una oportunidad extraordinaria para cambiar el «statu quo» local, en una región en la que este tipo de proyectos comienzan a proliferar por doquier.
De hecho, Castilla y León es la comunidad autónoma donde más energía renovable se genera de nuestro país, de forma que de los 25.424 GWh producidos en la región en 2020, el 87 % tuvieron su origen en fuentes de energía basados en recursos naturales e inagotables como el viento, el sol o el agua, según datos del Avance del informe del sistema eléctrico español elaborado por Red Eléctrica de España (REE).
Además, la Junta de Castilla y León estableció recientemente un compromiso de instalación de energías limpias que fija un crecimiento de la energía fotovoltaica de 2.000 megavatios, pasando de los 5.600 MW instalados en 2019 a 7.600 MW en 2023; y otros tantos en la instalación de potencia eólica, pasando de la potencia en 2019 de 500 MW a los 2.500 MW en 2023.
En este contexto, la construcción y posterior gestión tanto de instalaciones de tecnología solar fotovoltaica como eólica, está siendo capaz de generar sinergias muy relevantes con las actividades económicas preexistentes en los campos castellanos, ofreciendo una vía de salida a propietarios y gestores de negocios que se encuentran en «vía muerta», por lo general carentes de oportunidades y condenados a subsistir a base de fondos públicos.
Así las cosas, pocas veces se ha abierto para la economía castellanoleonesa una ventana como la que suponen las energías renovables, que aportan recursos locales de tres formas diferentes: con los efectos directos de la inversión en forma de actividad económica que genera empleo y riqueza ligada a la instalación y mantenimiento posterior de las instalaciones energéticas; con los ingresos fiscales para las corporaciones locales afectadas (ayuntamientos, mancomunidades, Diputaciones); y a través de las rentas generadas mediante contratos a largo plazo con los propietarios de los terrenos.
Solo en materia de ingresos fiscales, según los cálculos de la Asociación de Promotores de Energías Renovables de Castilla y León, cada megavatio eólico instalado genera una recaudación de 1.250 euros anuales en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 2.500 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), a lo que habría que sumar los impuestos y tasas derivadas de los permisos de construcción en el momento de la instalación, y otros impuestos de carácter autonómico y estatal que gravan la generación energética.
En materia de ingresos por rentas de alquiler, los precios están oscilando en las distintas provincias de Castilla y León entre los 1.000 y 2.000 euros por hectárea y año, dependiendo del tipo de instalación renovable y de la disponibilidad de territorio; y eso teniendo en cuenta que la mayor parte de las tierras ocupadas tienen unos índices muy pobres de productividad, lo que hace que la instalación de renovables se convierta en una alternativa atractiva y más eficiente tanto para los propietarios, como para los gestores de sectores como el de la ganadería.
Y eso por no hablar de las oportunidades que plantean proyectos que generan sinergias como es el caso de los agrovoltaicos, que en el caso de Castilla y León podría contar con las explotaciones de ganado ovino conviviendo con parques solares como punta de lanza.
Por otra parte, se producen otros efectos indirectos relevantes sobre la actividad económica de la región, tales como el impulso de instalaciones renovables en régimen de autoconsumo individual o compartido, que suponen un importante ahorro energético y propician la reducción de emisiones de GEI derivadas de actividades agropecuarias, ganaderas, industriales o de servicios.
Por último, resultan destacables los efectos inducidos en forma de especialización productiva, necesarios para situar al territorio de Castilla y León en una posición competitiva que permita a esta Comunidad Autónoma romper la dinámica de despoblación, envejecimiento y falta de oportunidades en la que están sumidas buena parte de las comarcas de interior de todas sus provincias.
Podemos concluir de esta manera, que la suma de todos estos efectos directos, indirectos e inducidos, en tanto en cuanto son perfectamente cuantificables y pueden ser auditados ex post, es muy superior a los posibles efectos externos negativos como la afección paisajística o los derivados de la transformación productiva del terreno donde las centrales se construyan.
