03
abr
Expansión

Poca gente pone hoy en duda la importancia de la educación para el desarrollo social y económico de un país. Y hay muchas razones para pensar que el modelo educativo español es muy defectuoso. No se trata sólo de que los informes internacionales nos recuerden, una y otra vez, los pobres resultados que obtienen, en promedio, nuestros estudiantes. Cualquiera que haya estado relacionado con el mundo de la educación durante algún tiempo es consciente también de que el nivel medio del alumno español de enseñanza secundaria, además de ser bajo, es hoy significativamente peor que hace algunas décadas.

En esta poco estimulante situación el denominado “Pacto de Estado para la educación” se presenta como la piedra filosofal y el bálsamo de Fierabrás de nuestro sistema educativo. Pero me parece muy ingenuo creer que en él puede estar la solución de nuestros problemas. Un acuerdo entre los partidos, el Estado y las comunidades autónomas daría, sin duda, estabilidad al modelo. Y esto será positivo si el modelo es bueno. De poco servirá, sin embargo, si en la reforma no se abordan los problemas más graves del sistema. Y no encuentro razón alguna para pensar que tal cosa vaya a suceder.

Para defender la descentralización de las competencias en el sector, ha afirmado el ministro que no podemos pensar que desde la sede del Ministerio se puede regular absolutamente todo. Y esto es cierto. El ministro tiene toda la razón. Pero me temo que se ha quedado corto. Podría haber añadido que tampoco es aceptable que desde la sede de las consejerías de educación de Asturias, Cataluña o Andalucía se regule todo. Quien piense que la solución está en pasar del intervencionismo del Estado al de las comunidades autónomas se equivoca. Con este traspaso de competencias, las comunidades podrían conseguir determinados objetivos; pero dudo mucho que sea la calidad de la enseñanza lo que realmente les preocupe.

Nuestro modelo funciona mal por muchos motivos. Pero uno de los más importantes es, seguramente, que el exceso de regulación en este sector mata necesariamente la creatividad e impide el descubrimiento de sistemas de mayor calidad. Pocas veces la innovación y el progreso han venido de la mano de las burocracias. Solo una sociedad abierta puede conseguir que se abandone aquello que no funciona y surjan nuevas ideas.

¿Significa esto que el Ministerio de Educación no puede ayudar a cambiar las cosas? No, ciertamente. El Estado podría hacer mucho. Y lo más importante sería actuar en defensa de los alumnos y las familias impidiendo que la regulación de las comunidades autónomas atacara sus derechos y su libertad de elección. Porque resulta claro que un mero traspaso de competencias de unos políticos a otros podría, en algunos casos, mejorar la situación; pero no cabe duda de que la empeoraría en otros. La política educativa debería tener como objetivo garantizar la autonomía no de las consejerías de educación, sino de los colegios y las familias. Permitir, por ejemplo, la creación de nuevas escuelas, con ideas diferentes de las oficiales, que ofrecieran enfoques alternativos. Aceptar que sean los centros y las familias quienes elijan la lengua de enseñanza; y si alguien quiere abrir un colegio que enseñe en chino, pueda hacerlo, sin que el consejero de turno tenga capacidad de obligar a sus dueños a que fuercen a sus alumnos a realizar inmersiones lingüísticas. Permitir que los centros y sus modelos compitan entre sí, que esta competencia expulse del mercado a los que peor funcionen y que la opinión pública –no los gobiernos o los gestores de los centros públicos– sea consciente de que hay otras formas de hacer las cosas.

Para conseguir esto sería preciso, naturalmente, cambiar el sistema de financiación de la enseñanza. Habría que acabar con el mito de que hay una cosa que se llama “dinero público”, que debe gastarse en financiar centros públicos. No, tal dinero público no existe. Sus dueños son los contribuyentes, que son personas con nombres y apellidos; y lo que habría que intentar que estos fondos pasaran directamente de los contribuyentes a las familias, de modo que fueran éstas las que eligieran el modelo de educación de sus hijos. Y este derecho debería tener un claro sustento legal, entre otras cosas para evitar que los políticos –del Estado o de las comunidades autónomas– caigan en la tentación de administrar dichos fondos en su propio interés.

¿Viviremos alguna vez en un mundo así? No será fácil, ciertamente. Pero permítanme cerrar el artículo con una nota de optimismo. Allá por el año 1776, Adam Smith, tras defender las ventajas del libre comercio internacional, afirmó, en un tono claramente pesimista, que pensar que el comercio libre pudiera establecerse de forma plena alguna vez en Gran Bretaña era tan absurdo como creer que el país llegaría a convertirse en una Océana o una Utopía. Pero setenta años más tarde, la nación había dado el paso definitivo hacia el librecambio. El futuro es siempre incierto. Y en nuestro sistema educativo las cosas están lo suficientemente mal como para poder confiar en que, un día, la gente se dará cuenta de que es preciso cambiar de verdad el modelo. 


Deja un comentario