20
may
OkDiario

La factura de los ERTE es demasiado elevada para la economía española, sobre todo para un país como España que no ha hecho gala bajo el mandato de Pedro Sánchez de controlar el déficit y la deuda pública. Aunque el Gobierno facilita cifras sobre el coste de esta medida a cuenta gotas, un estudio de la Fundación Civismo que han elaborado los economistas Francisco Coll y José Francisco López calcula que la iniciativa diseñada por la ministra Yolanda Díaz oscilará entre los 4.600 millones y los 5.000 millones de euros mensuales.

O lo que es lo mismo, la factura de los ERTE será de entre 153 millones y 166 millones de euros cada día. Cada hora las administraciones públicas se están gastando 6 millones de euros en esta iniciativa, que obliga a mantener el empleo en teoría aunque, en la práctica, permite que se pueda despedir si una empresa tiene riesgo de verse inmersa en un concurso de acreedores.

El estudio de la fundación Civismo explica su cálculo de la siguiente forma: «Si tomamos la prestación media que cobra un desempleado en España (852 euros) y la asignamos al conjunto de parados en el país, teniendo en cuenta el registro oficial, se obtiene un coste aproximado de 3.450 millones de euros. Si esta cuantía la proyectamos hasta llegar al número de afectados por ERTE que un gran número de economistas da por válido (4 millones), entonces, el coste podría ascender hasta los 4.600 millones de euros. Pero, con todo, no estaría todo dicho, pues debemos recordar que muchos de los parados que ahora se encuentran en situación de desempleo, al estar precisamente trabajando, recibirán una prestación mayor, incrementándose así su coste promedio; máxime en un escenario en el que, según se publicó, existe la posibilidad de percibir dicha prestación sin la necesidad de haber llegado al mínimo. En ese caso, la cuantía podría llegar hasta más de 5.000 millones de euros«.

El Gobierno ha ofrecido cifras poco claras sobre el impacto de los ERTE en las cuentas públicas. Si al principio se negó a estimar el coste de la iniciativa, porque no sabía cuántos serían los parados reales, el Ejecutivo ha calculado en 3.370 millones de euros el impacto máximo del decreto ley aprobado esta semana que da facilidades para extender los ERTE por fuerza mayor por la crisis del coronavirus, entre el aumento del gasto directo y la disminución de ingresos de la Seguridad Social.

En la memoria del impacto presupuestario se estima que el impacto directo de la medida será de un aumento del gasto de 1.290 millones de euros y que el coste de la merma de ingresos a la Seguridad Social por las exoneraciones de cotización supone 2.080 millones de euros. Sin embargo, estas cifras no tendrían en cuenta el cálculo inicial, sino sólo el coste adicional de la última reforma de los ERTE aprobada por el Gobierno.

A esto se suma que España tiene un número de parados reales muy superiores a los que revelan las estadísticas oficiales, que no tienen en cuenta los trabajadores en ERTE pese a que están cobrando una prestación por desempleo. Si se suman los afectados por un ERTE al número de parados habitual, según la fundación Civismo, habría en España una tasa de paro del 35%.  A juicio de este think tank, no incluir a los parados temporales en las listas de parados tiene «el objetivo de no desatar una histeria colectiva en el tejido empresarial y en la opinión pública«.


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