06
may
El Mundo

Hay mucha gente que dice que España ha sido llevada a la ruina por la corrupción. Otros dicen que eso es una barbaridad y que, aunque la corrupción (ponga aquí el lector los nombres que desee) nos haya costado un ojo de la cara, no es la causa de nuestros males. O, al menos, de todos nuestros males.

Ahora, el borrador de un ‘paper’ de cuatro economistas parece indicar que sí: la corrupción, literalmente, hizo que desde 1995 hasta 2007 pasáramos por una docena de años perdida. El presunto milagro español de aquellos años podría haber sido una ocasión desperdiciada. Súmese a ello la actual década perdida y nos salen 22 años tirados a la basura, que incluyen la expansión más larga en cien años y la peor crisis en cincuenta (el artículo está aquí).

La tesis de los investigadores es simple: durante los Gobiernos de Aznar y Zapatero la productividad española descendió. Eso es bien sabido, y no se corresponde ni a lo sucedido en Europa ni en Estados Unidos. Hasta ahora, la culpa de esa dinámica se echaba al hecho de que la expansión de España se basaba en la construcción, que es un sector en el que la productividad crece poco, porque el avance tecnológico es muy bajo y no hacen falta trabajadores formados.

Pero el documento apunta a otra posibilidad: la productividad cayó porque la corrupción dio incentivos para colocar el capital-o sea, la inversión-y el trabajo en los sitios erróneos. Y ¿qué es lo que incentivó esas decisiones de inversión? Según el borrador, hay “evidencias empíricas” de “la influencia del sector público como una fuente potencial” de la caída de la productividad.

Eso podría indicar que no es la corrupción, sino el intervencionismo de las Administraciones Públicas. Pero hay una frase en el artículo que lleva las cosas más lejos: “Hemos encontrado que los sectores en los que la influencia del sector público es mayor (por ejemplo, mediante licencias o regulaciones) experimentaron errores en la asignación [de capital y trabajo] significativamente mayores”. Y a día de hoy sabemos que el sistema de licitaciones y permisos ha sido fundamental para mantener nuestro sistema de corrupción.

Una última observación del estudio: las empresas de reciente creación y las pymes han sido las más dañadas por esta situación. Una situación que se resume en una frase: doce años en los que los agentes económicos españoles tomaron decisiones basándose en criterios políticos.


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