La petición por parte de algunos partidos políticos y colectivos de pensionistas de subir las pensiones con el IPC ha vuelto a abrir el debate sobre la viabilidad del actual sistema de pensiones. Hace años que tanto los expertos como los organismos internacionales están preocupados por el envejecimiento demográfico de España y sus efectos negativos en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En este sentido, los economistas han ido ofreciendo a los políticos algunas recomendaciones, drásticas pero necesarias, para mantener dicho sistema, entre otras: retrasar la edad de jubilación más allá de los 70 años, hacer compatible el cobro de la pensión con los ingresos del trabajo profesional, sustituir el actual sistema por otro mixto, en el que convivirían el de reparto y el de capitalización, y subir los impuestos y/o rebajar las prestaciones. Por último, una de las propuestas menos polémicas y más aceptada es aumentar la productividad.

La productividad es una de las variables que más influye en el sistema de pensiones. A mayor productividad se consigue mayor producción, mejores salarios, aumento de pagos en concepto de cotizaciones sociales y, en consecuencia, se incrementa la recaudación para la Seguridad Social. Esta mejora de la productividad tiene mucho que ver con las mejoras tecnológicas, es decir, con la capacidad de orientar el sistema productivo hacia la innovación y, en los últimos años, a la denominada “Cuarta Revolución Industrial”, que está provocando la generación de nuevos productos, métodos de producción y canales de distribución.

Se trata de innovaciones significativas en los procesos productivos: robotización, impresión (fabricación) en 3D, realidad virtual aumentada, visión artificial, el “internet de las cosas” (sistemas de control aplicados a todas las esferas de la actividad productiva y de consumo), almacenamiento de la información en la nube, ciberseguridad, capacidad de procesar cantidades masivas de datos, que ha desembocado en el fenómeno del big data, fintech e insurtech (nuevas formas de prestar servicios financieros en internet y la aparición de nuevos servicios y productos), biotecnología, agroindustria y la ciencia de los materiales.

EL GASTO EN I+D ES INSUFICIENTE

Estos cambios tecnológicos, que ya están teniendo lugar a escala global, implican alteraciones tan fundamentales en el modelo de negocio, que el no incorporarlos supondría poner en riesgo la supervivencia de las empresas españolas. Por todo ello, es necesario fomentar y apoyar más los programas de investigación y desarrollo (I+D). Sin embargo, el gasto total en I+D en España es insuficiente, lo que impide acortar la distancia tecnológica que nos separa de nuestros principales competidores.

En concreto, las últimas cifras disponibles muestran cómo el gasto de España en I+D, medido en porcentaje del PIB (1,2%), es bastante menor al de otras economías europeas como, por ejemplo, Francia (2,2%), Alemania (2,9%), Austria (3,1%), Finlandia (2,9%) y Portugal (1,3%). Como media los países de la UE gastan el 2% del PIB. La tabla recoge la media de inversión en I+D de los 28 países que forman la Unión Europea (UE) y los compara con los españoles.

Estos datos ponen de manifiesto el desajuste que tiene España, en I+D, con respecto al resto de la UE.

Así, mientras que la tendencia europea en los últimos seis años (2010-2016) ha sido aumentar la inversión, en España, en este mismo periodo, se ha ido reduciendo (ver tabla). Más concretamente, a partir de 2010, en el peor momento de la última crisis económica, los países europeos reaccionaron aumentando la inversión de I+D en proporción al PIB. Por el contrario, España comenzó a reducir paulatinamente este porcentaje; tanto por parte del sector público, buscando una reducción del gasto público, como del sector privado, para reducir sus costes y sobrevivir a la crisis.

Mientras que en el último año España invirtió el 1,19% del PIB en I+D, en Europa la inversión fue de más del 2%. Es decir, España realiza un gasto en I+D que supone tan solo el 58,6% de la media europea

Precisamente, el último Consenso Económico de PWC, publicado esta semana, recoge un monográfico –Cambio tecnológico y digitalización del tejido productivo español– que intenta medir cual es la incorporación de la Cuarta Revolución Industrial a nuestro sistema productivo. El informe se basa en las respuestas a un cuestionario que previamente se envía a más de 350 expertos, directivos y empresarios españoles.

Algunas conclusiones del Consenso son optimistas; otras, en cambio, son desalentadoras, ya que se estima que es precisamente el bajo gasto en I+D el que está impidiendo que el sector empresarial español, en su conjunto, no esté liderando la dinámica innovadora, vinculada a la Cuarta Revolución Industrial, lo que le dificulta recortar distancias con los países más desarrollados.

Así: A) El 60% de los expertos y directivos encuestados cree que España tiene un gasto público en I+D+i por debajo de la media de la UE, como consecuencia del ajuste indiscriminado de este tipo de gastos durante la crisis. B) A juicio del 79% de los panelistas existe una separación excesiva entre las investigaciones que se realizan en los departamentos universitarios y las necesidades productivas del país. C) Para el 71,4% el tamaño de nuestras empresas es el principal motivo que hace que las compañías inviertan en ellas menos que en las de los países de nuestro entorno. D) También el 71,4% señala que la financiación del I+D+i a través del canal bancario o de los mercados de capitales (capital riesgo) no está suficientemente desarrollada en nuestro país.

Decíamos que el monográfico de PWC muestra también razones para el optimismo. Así, el 75,5% de los directivos y empresarios entrevistados estima que la digitalización de los procesos productivos está siendo un factor fundamental para la internacionalización de las empresas españolas. El 56% de los encuestados asegura que, a pesar de ser escasa, la inversión en I+D+i es muy rentable y un 59,3%, que, independientemente de la madurez del sector, siempre existe posibilidad de innovar gracias, sobre todo, a la buena dotación del capital humano.

En conclusión, apostar por la Cuarta Revolución Tecnológica se ha convertido en una necesidad para buena parte del tejido empresarial español, lo que significa aumentar la productividad y generar aumentos salariales que darán lugar a mayores contribuciones a la Seguridad Social.

Estos mayores ingresos al sistema de pensiones permitirán que todas las reformas necesarias para su sostenibilidad se puedan hacer de manera más gradual y fácil para el conjunto de la sociedad.