Si una persona te alquila una vivienda, tú le pagas un alquiler. ¿Pero qué ocurriría si esa persona empieza a subirte el precio un mes tras otro? Estaría rompiendo el acuerdo que tenía contigo e incumpliendo el contrato al que ambos se habían obligado. Ese contrato les daba a los dos unos derechos y unas obligaciones que no pueden cambiarse cuando a una de las partes le da la gana. Lo mismo ocurre cuando un banco te da un crédito o una hipoteca. Se hace con unas condiciones que no se pueden cambiar arbitrariamente. Y cuando se comete alguna trapisonda, los tribunales acaban condenando a pagar a quien ha actuado de mala fe. Y es igual en el supermercado donde hacemos la compra. Si los precios se disparan más allá de lo razonable, acabará perdiendo a su clientela que se irá a otro sitio.
Pero imaginemos que los que alquilan casas pueden hacer lo que les da la gana. Y los bancos. Y las tiendas. Estaríamos sometidos al capricho de quienes pudieran subir los precios de un día para otro a su conveniencia. Sería volver a la época de la usura, cuando los prestamistas abusaban de la necesidad de la gente ofreciendo dinero a tasas de interés que eran un robo a mano armada. Ese, justamente, es el mundo donde vive la izquierda en este país.
El Estado es una gigantesca empresa para la que todos trabajamos. El socio invisible que participa en todos los negocios y todas las transacciones. El informe Día de la Liberación Fiscal ha calculado cuántos días al año trabajamos para que Hacienda se quede con nuestro dinero. El año pasado eran 180 días. Muchos más que hace una década. Cada año entregamos seis meses de nuestro esfuerzo a la recaudación del Estado a través de impuestos al consumo, a las haciendas locales, a las rentas del trabajo, a las gasolinas… Medio año de nuestro trabajo para sostener la estructura pública.
Para algunos, ese esfuerzo no es suficiente. Como un casero que sube la renta todos los meses o una banca que aumenta los intereses de los créditos cada lunes, lo que se pretende es subir los impuestos. Más y más. Nos señalan el señuelo de los ricos, pero al final acaban subiendo el diésel de nuestros camiones y coches.
Cuando un usurero pretende cobrar más de lo que vale el bien que estás adquiriendo, se arriesga a ser castigado. Pero cuando lo hace el Estado, es ley. ¿Y cómo te defiendes ante lo que obliga?
Desde la izquierda se sostiene que ese esfuerzo fiscal sirve para sostener el estado del bienestar. O sea, tener educación o sanidad públicas. Es cierto. Pero olvidan añadir que también sirve para sostener cuatro millones de salarios públicos, entre ellos los suyos. Para pagar los gastos corrientes de decenas de miles de edificios, miles de vehículos oficiales, algunos aviones y otros muchos sumideros. Y se olvidan de que mientras nuestros sueldos no hacen más recortarse y bajar, los suyos se incrementan lo cual que es una burla, porque sus nóminas son un caudaloso río que nace en los nuestros que se secan.
La izquierda defiende un Estado usurero que nos dice que quiere acabar con la pobreza, pero nunca lo hace. Mete la mano en nuestros bolsillos para obtener miles de millones que, por el camino, se van escurriendo en gastos impresentables. Cuando el derroche les deja desfondados, no hay problema. Se vuelve a dar otro apretón fiscal para pedirnos que trabajemos otro mes más para darle nuestro dinero a la caja pública.
La izquierda no quiere que te quedes con el dinero de tu trabajo. Quiere que se lo des al Estado que lo gastará mejor que tú. No hace viviendas públicas, pero quiere decirte a qué precio máximo debes alquilar la casa que compraste con tus ahorros de toda una vida. Te exigen que les pagues el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero si alguien ocupa tu vivienda ni se te ocurra pedirles que te ayuden a echarles. No quieren colegios privados. Ni clínicas. Porque lo que desean es que todos los sanitarios y los maestros trabajen para ellos y no para nosotros. No quieren que les paguemos directamente, sino coger nuestro dinero y pagarles ellos, para llevarse su comisión de intermediarios.
Por eso, entre otras miles de cosas, cada año, haga calor o frío, llueva o truene, los gastos públicos suben. Se aumentan el sueldo a sí mismos. Y nos seguirán pidiendo que paguemos más y más por los mismos servicios. Porque el Estado usurero no tiene límite y solo acabará cuando todos terminemos trabajando todo el tiempo para ellos.
