El déficit de la Seguridad Social se ‘enquista’ en el 1,3%
10 de enero de 2019
Por admin

La Seguridad Social incurre en un déficit estructural (independiente del ciclo económico) de entre el 1,3 y el 1,5 por ciento del PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo presentó ayer su Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social en virtud de una habilitación legal con la que cuenta para emitir tal dictamen si detecta un desajuste estructural en el Sistema, como así ha sido. Se trata de un desequilibrio de entre 15.000 y 18.000 millones entre gastos e ingresos de carácter permanente y ajeno a la evolución del ciclo o el empleo, amplificado por factores demográficos como la baja natalidad, el envejecimiento de la pirámide poblacional y la mayor longevidad.

Por ello, AIReF recomienda trasvasar este saldo negativo perenne a la casilla de la Administración Central, al entender que ésta cuenta con mejores “palancas de gestión” para enjugar esos números rojos. No obstante, no apuesta ni recomienda qué palancas activar para cerrar esa brecha del déficit del Sistema virtualmente traspasado al Estado. Eso sí, como explican los expertos consultados por elEconomista, de producirse este movimiento del saldo negativo a la Administración Central obligaría al Gobierno de Pedro Sánchez a presentar unos Presupuestos más restrictivos, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria promueve un déficit estructural promedio del cero por ciento, explica el economista jefe del think tank Civismo, Javier Santacruz.

Para eliminar ese déficit estructural, AIReF también propone el traspaso de responsabilidades de gasto desde la Seguridad Social al Estado mediante el trasvase de la parte de la cotización asignadas al SEPE (desempleo) a contingencias comunes (pago de pensiones). Considera que la parte destinada al SEPE podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida del SEPE, lo que supone unos 10.400 millones. También sugiere la asunción por el Estado de gastos que soportan las cotizaciones, como los de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), medidas de fomento del empleo (2.000 millones), prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de AIReF supone transferir un gasto de 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2 por ciento del PIB, pero cerrando el desequilibrio en la Seguridad Social. El desajuste del Sistema se ve agravado por el regreso a la actualización de las pensiones con el IPC, tras haberse dejado de aplicar el índice de la reforma de 2013, el IRP, que contuvo la revalorización de las pagas en el 0,25 por ciento. En este sentido, AIReF contempla que en la indiciación de las pensiones se utilicen otros parámetros, como la evolución del PIB o los ingresos. Asumido ya el adiós al IRP, la autoridad incide en la necesidad de reforzar la aplicación de la reforma de 2011, la que introdujo una demora en la edad de jubilación y la ampliación de la vida laboral computable para la pensión, las llamadas medidas paramétricas. La conclusión sumaria del diagnóstico, proyecciones y recomendaciones de AIReF es que hay que trabajar más años para apuntalar las cuentas de la Seguridad Social, máxime cuando la evolución demográfica española se caracteriza por la baja natalidad, una pirámide poblacional enveEnjugar el desajuste del Sistema forzaría unos Presupuestos del Estado más restrictivos jecida y un aumento de la longevidad. El informe emitido ayer por AIReF de que en los próximos 30 años el envejecimiento poblacional elevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB y, en el peor de los escenarios, el de no tomar medidas alternativas tras el regreso al IPC, elevaría la deuda pública en un 48,7 por ciento en 2048, más de medio billón de euros o, dicho de otro modo, la mitad de la producción anual del país. Trabajando más años y contando todo el periplo laboral para la pensión, ese aumento del pasivo público se contendría al menos hasta el 26,5 por ciento del PIB, unos 310.000 millones.

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