04
feb
Epicenter

Un informe realizado por la red de think tanks europeos EPICENTER y por Fundación Civismo concluye que la posible independencia de Cataluña traería aparejados unos preocupantes costes económicos, derivados de su salida de España y de la Unión Europea (UE). El impacto se notaría especialmente en las finanzas públicas, la política monetaria y, dentro del sector privado, en el comercio exterior, el turismo y la inversión extranjera. Además, la trayectoria institucional de Cataluña en los últimos años permite prever que su marco regulatorio se caracterizaría por un mayor intervencionismo y por altos impuestos.

En lo relativo a las finanzas públicas, Cataluña tiene la deuda pública más alta de todas las comunidades autónomas: esta representa un 6,48% del total nacional y, si se independizara, su ratio deuda/PIB se dispararía hasta alcanzar entre el 112% y el 126%. En ese contexto, le costaría más pedir préstamos en los mercados financieros, dado que su salida de la Zona Euro implicaría que tuviese que utilizar otra moneda, devaluada, con la que pagar esa deuda.

Además, el coste de asumir competencias que ahora son estatales, como Defensa, Justicia, o Asuntos Exteriores, supondría un gasto adicional de entre 37.900 y 39.800 millones de euros.

En cuanto al comercio exterior, Cataluña es muy dependiente de él, ya que el 71% de su PIB, a fecha de 2019, procedía de sus importaciones y exportaciones, y, con un 25,6%, se trata de la comunidad autónoma con más peso en el total de exportaciones españolas. Pero este gran volumen se da en el contexto de una Cataluña integrada en España y en la UE. Así, el mercado comunitario es el destino del 80% de sus ventas al exterior (17 de sus 20 principales socios comerciales se encuentran dentro de este). Y, por ejemplo, vende una cantidad similar de productos a Cantabria que a Estados Unidos, cuando el PIB de este último es 1.300 veces mayor. En cambio, una Cataluña independiente y fuera de la UE podría sufrir aranceles, lo que pondría a sus exportaciones en riesgo de encarecerse un 15%, y perdería su acceso preferente al mercado nacional y comunitario.

Por lo que respecta al turismo, este sector representa el 12% del PIB catalán, y el 14% de su población activa trabaja en él. Además, se trata de la comunidad autónoma más visitada en España (atrae a uno de cada cuatro turistas) y donde más gasto absoluto se realiza (21.325 millones de euros en 2019). Pese a este inmejorable punto de partida, estos ingresos se vieron lastrados durante el procés: la patronal hostelera estimó unas pérdidas en 2017 de 319 millones de euros. Entre octubre y noviembre de ese año, los ingresos por habitación en Barcelona cayeron un 9,6% respecto a 2016, y un 15,2% en diciembre, en medio del proceso electoral del 21-D.

En lo tocante a inversión extranjera, un 78% de la que recibió Cataluña en 2019 procedía de Europa, por lo que su salida de la UE frenaría por completo la entrada de capitales, a lo que habría que sumar la deslocalización de empresas (se calcula que ya han trasladado su sede unas 6.000). Para corroborarlo, el informe subraya que la inversión extranjera experimentó un comportamiento negativo en los trimestres posteriores al referéndum de 2017. Entre 2016 y 2018, esta descendió un 12%, mientras que Madrid, en ese mismo periodo, pasó de concentrar el 44% de la inversión total española a un 85%.

Por otro lado, a partir de la situación de los últimos años en Cataluña, se efectúa un posible retrato del marco regulatorio e institucional que quedaría tras la secesión. Así, con toda probabilidad, los ingresos fiscales con los que contaría serían, a corto plazo, mayores que con el sistema de financiación autonómico, ya que dispondría íntegramente de lo recaudado, pero eso no implicaría que los catalanes disfrutaran de una mayor renta disponible. Para ello, su Ejecutivo debería bajar los impuestos en la misma proporción en que se incrementaran los ingresos fiscales. Sin embargo, en la actualidad, Cataluña es la comunidad que en mayor medida grava a las rentas más altas y también a la más bajas, ostenta la peor puntuación en competitividad fiscal y, con 15, tiene el mayor número de tributos propios. Todo ello apunta a que el escenario resultante tras la independencia se caracterizaría por un gran intervencionismo.


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