El coste del ingreso mínimo vital podría irse hasta los 14.400 millones de euros, según un informe de la Fundación Civismo. El documento toma como referencia la renta mínima que contiene el programa electoral de Podemos en 2019 (600 euros al mes, que aumentarían en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros), con lo que el montante total oscilaría entre los 7.000 millones y 14.400 millones de euros. La cantidad oscilará en función del número de personas por hogar, pero Escrivá ya ha reconocido que el 50% del más de un millón de hogares (unos tres millones de personas) que se verán favorecidos serán hogares con niños y un 10% hogares monoparentales. Esa ingente partida se financiaría mediante la emisión de deuda pública, como ya ha admitido el propio Escrivá, y con el ahorro de en torno a 2.000 millones de euros que se lograría a largo plazo a través de la absorción de otras ayudas estatales no contributivas. No obstante, remarca el informe, “descontadas estas, restarían por pagar entre 5.000 y 12.400 millones de euros”. La financiación “presentará grandes dificultades, ya que, según las últimas estimaciones del FMI, la deuda aumentará hasta el 113% del PIB después de la crisis, y los presupuestos ya tendrán que incrementarse por los gastos en salud y en ayudas a las empresas”.

La Fundación Civismo descarta la otra vía que se está proponiendo para financiar el IMV, un aumento impositivo a través del IVA, porque “se asestaría un golpe más al consumo”. Aparte de su coste, esta medida, al ser permanente y circunscribirse solo a los colectivos más vulnerables, crearía el “incentivo perverso” de que sus destinatarios cuestionaran la conveniencia de entrar o no en el mercado laboral a fin de seguir percibiendo este ingreso. Por contra, mediante la renta universal básica sus receptores pueden continuar beneficiándose de ella independientemente de que tengan o no trabajo, señala el informe. Eso sí, con un coste inasumible, ya que, si se toma como base el salario mínimo, debería cifrarse en unos 1.000 euros al mes por persona, lo que conllevaría un coste total de 456.000 millones de euros al año, casi el 30% del PIB.