La semana pasada conocimos que el Ministerio de Hacienda había decidido perdonar a las comunidades autónomas 5.811,5 millones de euros en intereses de la deuda. El mayor inconveniente es que el 60% de esos recursos benefician a las comunidades autónomas que incumplieron los objetivos de déficit en 2013. Se premia así con un regalo escandalosamente electoralista a las autonomías más informales, dejando de lado a las que más se han ajustado el cinturón. Cuando se recompensa al que despilfarra, se le dan incentivos para seguir en esta misma línea, y la mejor prueba de ello son los sucesivos incumplimientos del déficit por parte de las mismas regiones. A la vez, se echa por tierra la autoridad de los gobiernos más austeros para mantener unas políticas más estrictas. ¿El resultado? Más descontrol de las cuentas públicas.
La principal ayuda con la que cuentan los políticos a la hora de impulsar este tipo de medidas es el oscurantismo del laberinto fiscal. Es decir, se diseñan tres paquetes de ayudas distintos y esa complejidad impide que queden claros los motivos de la cantidad asignada a cada región. Para tratar de arrojar un poco de luz en este tema haremos una simulación.
Imaginemos que todas las comunidades que se benefician de los fondos en base a criterios arbitrarios hubieran contribuido en relación a su PIB. Así, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Baleares y Cantabria se aprovecharían de unos ahorros no previstos por valor de 1.800,7 millones de euros en los próximos tres años. En concreto, Cataluña recibiría un 41,5% de las ayudas y la Comunidad Valenciana más de una tercera parte, mientras Castilla y León y Andalucía tendrían un 7,6% cada una.
Por otro lado, el resto de las regiones está teniendo que pagar por un dinero del que no disfrutan. En este grupo, Madrid asumiría la mayor carga, con una transferencia de fondos encubierta a las comunidades incumplidoras por valor de 870,1 millones de euros, seguida de País Vasco (332,1 millones) y Galicia (El Norte de Castilla,5 millones). Con unos volúmenes más reducidos, pero todavía elevados en relación a su PIB, se encuentran Aragón, Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias y La Rioja.
Este dinero, cuyos costes se extenderán hasta 2017, es la hipoteca suscrita por no reformar el sistema de financiación autonómica. En vez de acordar un nuevo modelo, el Ejecutivo prefiere pagar las deudas de quienes cree que no tienen capacidad fiscal para cumplir con sus obligaciones presupuestarias. De esta forma, en vez de estimular la responsabilidad y el ahorro por parte de las autonomías, se entra en una espiral de victimismo, en la que las comunidades evitan reducir las duplicidades y los gastos innecesarios porque saben que eso resta votos y que el dinero que no puedan aportar vendrá del resto de las regiones a coste cero.
Un gobierno se deslegitima cuando no penaliza los incumplimientos de los déficits autonómicos acordados. Al fin y al cabo, ¿por qué una comunidad va a suprimir un servicio para ajustar su presupuesto si, al mismo tiempo, observa que otra lo dispensa a costa de arrancar una financiación extra?
