España lleva cuatro años inmersa en una inestabilidad política que está deteniendo la adopción de reformas. En materia de pensiones, en concreto, ese retraso supone un agravamiento del problema, porque el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se ensancha. Se trata de una demora que no nos podemos permitir, ya que las proyecciones demográficas y financieras siguen su curso mientras cada vez hay menos tiempo para atajarlas y máxime cuando se trata de un tema tan sensible -no en vano moviliza a 10 millones de votantes- al que hay que llegar por consenso y con una estrategia perdurable en el tiempo.
Como explica el presidente de la Fundación de Activos de Gran Experiencia (AGE), Tomás Arrieta, «cuanto más se tarde en plantear y acordar más grande será el problema». Arreta lamenta la incertidumbre en la que viven los trabajadores próximos a la jubilación y el hecho de que «si no se dan las circunstancias ni de poder conformar un gobierno, como para abordar el asunto de las pensiones…, que precisamente requiere de consensos», indica. Por su parte el profesor del CEF Juan Fernando Robles cree que «el que no exista un Gobierno con apoyo parlamentario estable condiciona cualquier negociación sobre pensiones, ya que mantiene a las fuerzas políticas en constante campaña electoral y dificulta los pactos de Estado necesarios para encauzar el déficit en las pensiones y su sostenibilidad a largo plazo».
Además, el problema es que la patada adelante que la clase política está dando a la reforma de las pensiones ya dura seis años, desde la reforma de 2013. Como explica el economista Miguel Ángel Bernal, (STOCK t I I.N «España lleva prácticamente cinco años sin tomar medidas sobre los desajustes de nuestra economía y en el tema de las pensiones son casi seis años». Resalta Bernal que, desde la OCDE, Bruselas, AIReF o el mismo Banco de España lleva tiempo reclamándose la adopción de medidas para apuntalar la sostenibilidad del Sistema.
También el profesor de Economía de la UAH Juan de Lucio muestra su preocupación por la suspensión de la toma de decisiones en materia de pensiones. «La fragmentación política y la parálisis institucional han devuelto a la arena política el mercadeo electoral y la escalada en las propuestas de gasto: un ejemplo evidente son las pensiones. Añade De Lucio que «en este contexto político solo cabe esperar incrementos del gasto en pensiones muy superiores al crecimiento de la economía y una ampliación del déficit estructural en materia de pensiones». En el mismo sentido, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Rocío Gallego destaca que el constante crecimiento del gasto en pensiones exige una respuesta seria, planificada y consensuada de la sociedad que no puede verse supeditada a la parálisis definitiva que el país lleva sufriendo en los últimos años, sobre todo por las implicaciones y la enorme importancia del sistema público de pensiones tiene en nuestro sistema del bienestar.
Peligroso electoralismo
Por otra parte, Gallego previene contra las acciones electoralistas. Explica que «el uso y abuso de legislar a través de Decretos-ley no es la fórmula adecuada para ir realizando pequeños ajustes en el sistema de pensiones que, en definitiva, van cambiando la configuración del mismo al incidir sobre parámetros esenciales tales como la revalorización de las pensiones, el factor de sostenibilidad o la jubilación forzosa». Es decir, que las decisiones sobre pensiones deberían aislarse de formatos como los ‘viernes sociales’ del partido socialista. La directora general de Freemarket, María Gómez, coincide en la alarma sobre la inacción en materia de pensiones: «Por desgracia en España no está ni se la espera una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema, y la inestabilidad política hace que todavía resulte más complicado plantear un cambio de esta naturaleza».
Así, España afronta ahora una nueva campaña electoral, unas nuevas elecciones, el 10-N, y previsiblemente unas nuevas negociaciones para formar Gobierno, un proceso que va a demorar aún más la necesaria y urgente reforma del Sistema cuando cada vez está más cerca la jubilación de la generación del baby-boom -comienza en 2023- y siguen ingresando en el colectivo de jubilados nuevas pensiones cada vez más altas. Ello se une a un contexto de desaceleración económica que hará más acuciantes los desequilibrios de las Cuentas de la Seguridad Social. Por eso los expertos consultados por elEconomista Pensiones demandan de nuestra clase política un mayor compromiso con una reforma ineludible y que debe ser de carácter estructural y no parcheada ni tampoco de carácter unilateral, como la del 2013, o marcadamente impopular, carácter que hasta AIReF ha criticado de aquella medida del PP. En cualquier caso, la dificulta estriba en la dificultad para formar consensos cuando ni siquiera se ha sido capaz de conformar Gobierno desde el pasado abril, como indica Arrieta, de la AGE.
