26
oct

Cuando alguien tiene las agallas de encender la televisión o la radio para escuchar las siete horas de debate parlamentario que se nos ofrecen cada semana, se da cuenta enseguida de un peligro que está amenazando a nuestro país desde hace ya algunos años y que, ahora, se manifiesta con más descaro. La personalidad del Estado, ente vivo según algunos autores, tiene un rasgo que debería ser reconocido por todo político medianamente serio: el empeño por garantizar la libertad de los ciudadanos. Y para lograrlo, él mismo ha de salvaguardar su propia libertad, revistiéndose con la capa de la neutralidad.

Sin embargo, las últimas noticias revelan que estamos a menos de una legislatura de convertirnos nuevamente en un Estado confesional. El actual Gobierno, con sus políticas ideologizadas y su intransigencia para con el resto de la Cámara baja, se halla a punto de proclamar sigilosamente el ‘progresismo de izquierdas’ como la nueva religión oficial. De hacerlo, no solo acabaría con la neutralidad del Estado, sino que también atentaría directamente contra la convivencia pacífica en nuestro país.

No son pocos los que se han atrevido a realizar una comparativa del ‘progresismo de izquierdas’ y una verdadera religión. Muchos de los aspectos que comparten todas las creencias religiosas (un dios, un compendio de dogmas, unos profetas que la anuncian, unos símbolos, un castigo a la apostasía…) integran la forma de entender la vida de un número considerable de españoles. Esto, en sí mismo, no constituye un problema. Al margen del debate susceptible de abrirse sobre alguna de las verdades que preconiza esta fe secular, el hecho de que haya personas que la profesen y defiendan no es sino una clara consecuencia de la libertad del ser humano. El dilema surge, sin embargo, cuando esta pseudorreligión, o cualquier otra, busca someter a las instituciones del Estado, terminando con su neutralidad y marginando a todos aquellos ciudadanos que no comparten la misma visión de la vida buena.

Esta concepción totalizante unida al asalto de lo público sitúa a nuestro Estado a un tiro de piedra del autoritarismo y, además, lo convierte en negligente en su labor de garantizar la libertad de todos. Un país que aplasta la libertad confesional sofoca la virtud que de ella florece y liquida la justificación del gobierno limitado. La libertad religiosa crea sociedades en las que conviven sensibilidades diversas y que, por diferentes, buscan una manera de gobernarse en la que quepan todas ellas. Así era la democracia que enamoró a Alexis de Tocqueville. Por tanto, quien dice ‘no’ a la libertad de credo está diciendo ‘no’ a la democracia. Pero no vamos a entender la importancia de la religión mientras sigamos empeñados en encerrarla en casa.


Frente al ideal de un Estado que asegure las libertades, aparece la pesadilla del Estado que se adueña de ellas


Frente al ideal de un Estado que asegure las libertades, aparece la pesadilla del Estado que se adueña de ellas. El eslogan de quien se erige en fuente de doctrina verdadera diría algo como ‘Vengo a hacerte el bien, aunque no quieras’. Con esas palabras, se arroga el papel de preservar ese ‘bien’ que su religión considera deseable. Y lo hace presentándose como primer responsable de ello cuando, en realidad, debería situarse el último en la fila de los predicadores. La consecuencia inmediata de querer imponer la propia concepción de bien común se traduce en la legítima rebeldía de aquellos que la rechazan. La manera de entender ‘lo bueno’ varía mucho en nuestra sociedad. Además, la convicción de en qué pueda consistir normalmente desciende hasta lo más profundo del ser humano, y la imposición de una verdad distinta suele provocar el sentimiento de que se ha invadido un espacio sagrado. La reacción es tanto más intensa cuanto más honda resulta esa convicción.

Solo un Estado que se comprometa realmente con la libertad se halla en disposición de asegurar la neutralidad de las instituciones públicas. Y, si nos remitimos a los hechos, el Gobierno que capitanea España actualmente no parece muy amigo de la libertad. Tampoco lo sería un Ejecutivo que defendiese un liberalismo perfeccionista, del que hablan Charles Larmore o Joseph Raz, puesto que estos, al igual que aquellos, impondrían también una determinada visión de la vida buena. Buscando la libertad tal vez, pero anulándola en el intento.

En definitiva, no podemos permanecer impasibles mientras vemos cómo la crispación en nuestro país se dispara y España avanza en el camino de la institucionalización de una religión secular que solo convence a algunos. El camino de la libertad no puede pasar por el autoritarismo. Se trata de un deber exigir al Estado que devuelva a la sociedad civil su papel de impulsora del bien común. A ella le toca descubrir, disfrutar y defender la verdad. Quizás así, de entre todas las que surjan en ese ambiente plural, alguna de ellas brille con una fuerza irresistible para todas las demás.


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