Hay gente que vota con la mano y otros con los pies; ambas acciones, igual de respetables. Unos, los que el año pasado fueron convocados a elecciones hasta en tres ocasiones. Los otros, los que, en su faceta de empresarios y trabajadores, deciden en qué comunidad obtienen mejores servicios y mayor calidad de vida por un menor coste en impuestos. En este último caso, el traslado de domicilio fiscal de las compañías es el baró- metro más revelador que indica hasta qué punto los gobiernos están ‘maltratando’ a las compañías. No se trata sólo de las empresas que se marchan, sino también de las empresas que renuncian a instalarse en aquellos territorios de las que todas ‘huyen’, decidiendo destinos alternativos más acogedores para su inversión.
La base de datos de Axesor muestra que en 2015 hubo casi 4.500 cambios de sedes sociales entre comunidades. El resultado es muy claro: Madrid es la comunidad que gana más compañías (623), mientras que Cataluña es la que más pierde (352). Este trasvase se puede achacar al riesgo de la independencia, pero hay más motivos. El saldo se mantiene en negativo desde tiempos del tripartito, lo que se puede atribuir a la elevada presión fiscal y al efecto de leyes que van contra la rentabilidad de la empresa, como es el caso de la moratoria hotelera de Ada Colau en Barcelona.
Aquellas comunidades más dinámicas, estables y abiertas al libre mercado son las que atraen más empresas. Además de Madrid, es el caso de Baleares o La Rioja. En cambio, las regiones donde el crecimiento es menor son las que tienen leyes más proteccionistas o donde hay más corrupción. Ambas circunstancias generan una inseguridad jurídica que repele a las empresas. Entre ellas, se encuentran la ya mencionada Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León. No se puede obviar que parte del exilio vasco se debe a que Bildu tiene una fuerte presencia en las diputaciones, al igual que en Navarra, y los empresarios quieren protegerse de posibles arbitrariedades. Los datos de 2015 permiten calibrar la confianza tras los cambios de gobierno. El termómetro se ha enfriado bruscamente en aquellas zonas en las que gobierna el PSOE o los nacionalistas con apoyo de Podemos. Castilla-La Mancha, que había atraído siete empresas en el primer semestre, pierde 38 tras la formación del Ejecutivo; Extremadura, que había ganado otras siete sociedades en los seis primeros meses del año, pierde cinco empresas entre julio y diciembre; Navarra, que había logrado que cuatro compañías se instalasen en su territorio hasta junio, repele a 20 en la segunda mitad del ejercicio. Incluso en la Comunidad Valenciana, que ya sufría una fuga de empresas en el primer semestre, su sangría se duplica en el segundo. Todas estas tienen algo en común: han anunciado subidas del IRPF, Patrimonio y Sucesiones. Hay dos excepciones: Aragón, por su carácter de refugio frente al éxodo catalán, y Baleares, por ser un tradicional polo de atracción turística.
