Uno de los temas que despierta más controversia entre los economistas y que resulta más sensible para la opinión pública son los salarios. La semana pasada, el INE publicó el Índice de Coste Laboral Armonizado, que mide la variación del coste laboral por hora trabajada, y ayer, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral; ambas estadísticas van en la misma dirección: los salarios se estancan. Durante el segundo trimestre de este año, con respecto al mismo del pasado, suben aproximadamente un exiguo 0,2% en la serie corregida de efectos de calendario y estacionalidad.

Los salarios no crecen porque tampoco lo hace la productividad, es decir porque no aumenta la producción por trabajador. Y ello se debe a que una buena parte del empleo que se crea en España es precario, de baja cualificación profesional y en sectores donde es difícil que aumente la productividad. Un estudio publicado hace dos días por el World Economic Forum señala que en España el 8% de la población está subempleada. Además, solo el 19% de la población está altamente calificada, muy por debajo de la media europea. Lo que constituye un desafío para aumentar el bajo nivel de capital humano. 

Como consecuencia los sueldos crecen muy por debajo de la inflación. Efectivamente, esta semana el INE indicó que, el mes de agosto, el IPC creció un 1,6% en tasa anual. Por tanto, si comparamos el crecimiento de los salarios (+0,2%) con las subidas de los precios (+1,6%), se puede concluir que, de media, en los últimos doce meses se ha producido una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta reducción de los salarios reales, unida a la aparición de síntomas de debilitamiento en el mercado laboral (los datos de afiliación a la Seguridad Social de agosto no fueron buenos), está mermando la renta disponible de las familias, lo que estanca el consumo privado, con las consiguientes consecuencias negativas para la producción de las empresas y el empleo. 

Pérdida de competitividad

Los precios españoles aumentaron todavía más (+2%) si se miden a través del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que es el que se utiliza para comparar la inflación de los diferentes países de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Así, para el conjunto de la UEM, en agosto, los precios, en términos anuales, empezaron a dar signos de subidas: +1,5% (frente al 1,4% interanual del mes de julio). Una variación al alza que se debió al incremento de los precios de los carburantes. La tendencia futura de la inflación va a depender, en buena medida, de la cotización del petróleo.

El aumento de los precios españoles es una mala noticia para nuestra economía. A la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, se une el diferencial de inflación con la media de la UEM (nuestro principal competidor) que al ser positivo (+0,5%), reduce la competitividad de nuestras empresas. Y ya son once meses en los que ese diferencial juega en nuestra contra, lo que, junto a la apreciación del euro, podría terminar debilitando nuestras exportaciones, el motor principal de nuestro crecimiento.

De ahí que, si animados por la inflación los salarios siguieran una tendencia al alza por encima de la productividad, se pondría en peligro el mantenimiento de la competitividad de la economía española. En otras palabras, cuando los sueldos aumentan, las expectativas de inflación lo hacen casi en la misma proporción. De modo que ligar las retribuciones al comportamiento de la inflación genera alzas de precios que se retroalimentan con pérdidas notables de competitividad.

Por eso, si se quisieran fijar los salarios con las subidas de precios es preferible hacerlo siguiendo el comportamiento a largo plazo de la inflación, cuyo mejor indicador es la inflación subyacente. Ésta, al excluir los componentes más volátiles del IPC, como son los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, se queda con los elementos de precios más estables (alimentos elaborados, bienes industriales no energéticos y servicios). En España, la inflación subyacente mantiene una suave senda ascendente. En agosto se situó en el 1,2%, un porcentaje muy parecido a la subida salarial media anual pactada en los convenios hasta el mes de agosto que se situó en el 1,3%. En definitiva, los agentes sociales deberían, acordar salarios que como máximo aumentasen al mismo ritmo que los crecimientos de la inflación subyacente y de la productividad real.

Aumentar la productividad

Pero remunerar según la productividad exige pasar de la cultura del salario fijo a otra donde haya una parte variable. Esta última se debería vincular a la productividad a través de fórmulas claras y controlables, que permitan medir el comportamiento laboral del trabajador, y no a otros factores, como pueden ser los beneficios empresariales, susceptibles de incrementarse o disminuir en función de variables diferentes al esfuerzo del empleado.

La cultura de percibir un sueldo fijo, aunque es positiva para la tranquilidad personal, no lo es tanto para la economía. Cuando un trabajador es consciente de que, con independencia de lo que se esfuerce, tendrá garantizada una subida (o bajada, o congelación) salarial equivalente a la del resto de sus compañeros, tenderá a reducir su dedicación personal. En este sentido, la cultura de lo variable, aunque introduce cierta inseguridad, garantiza un mayor esfuerzo y, en consecuencia, una mayor productividad, lo que siempre es positivo para el tejido empresarial y la economía.

Además, esta política salarial debe ir acompañada de una mayor formación de los trabajadores. Acrecentar la productividad pasa por disponer de mano de obra más cualificada en la industria, y de un mayor volumen de profesionales altamente capacitados en el sector servicios. En la medida en que las empresas aumenten su intensidad tecnológica y se genere, además, una mayor adaptación de la mano de obra a lo que demanda el mercado, los empleados aumentarán su productividad. Así, se construye un círculo virtuoso, en que la creación de incentivos a la innovación tecnológica en las empresas crea puestos de trabajo más calificados y mejor remunerados.

De ahí que la competitividad no se pueda basar en empresas y sectores con bajos costes de la mano de obra. Hay que apostar por diversificar la economía hacia sectores que exigen conocimientos más avanzados y trabajadores mejor remunerados. Según el informe citado del World Economic Forum los cambios tecnológicos provocados por la Cuarta Revolución Industrial suponen una posibilidad muy importante de cambiar las cualificaciones profesionales de los trabajadores.

Además, la inversión en nuevas tecnologías y en capital humano debe ir acompañada también de otros cambios, como por ejemplo, el aumento en el  tamaño medio de las empresas o el impulso de las mejores prácticas empresariales. A la larga, todas estas políticas van a incrementar la colocación de trabajadores más cualificados, la productividad y los salarios.