El debate en torno a la fiscalidad en Madrid en comparación con otras regiones entra dentro de la categoría que definió Hayek de ‘difuntos’ que vuelven recurrentemente a la vida para posteriormente volver a ser enterrados. Cada cierto tiempo, el Gobierno central y otros Gobiernos autonómicos desentierran la cuestión para, sin que haya de por medio discusión racional alguna, agitar la opinión pública durante unos días hasta que se termina de agotar, a veces por agotamiento del discurso y en otras ocasiones por la aparición de otros temas que sí sean verdaderamente relevantes.

Sea por la negociación del sistema de financiación autonómica, sea por las balanzas fiscales o sea por cada anuncio de política fiscal del Gobierno regional madrileño o incluso en el marco de una negociación presupuestaria, cualquier hito de estas características sirve para generar ataques a la política fiscal madrileña, generando el mensaje clave de que Madrid es un «paraíso fiscal» que debe ser atacado. Esta estrategia la han emprendido Gobiernos centrales tanto del PSOE ahora como del PP de Rajoy y Montoro con anterioridad, con lo cual no es tanto un ‘ataque de partido’ como una percepción errónea que se ha asentado en el subconsciente político.

Todos estos movimientos de crítica a Madrid (más bien tomando a Madrid como excusa) están llenos de contradicciones si se comparan con el discurso hoy mayoritario en los grupos políticos que soportan al actual Gobierno de coalición, fundamentalmente compuesto de independentistas, nacionalistas y regionalistas. Es decir, grupos políticos que persiguen, como mínimo, un Estado federal. Pero si el Estado es federal, también lo deben ser los sistemas impositivos. No tendría ningún sentido que un Estado federal tenga descentralizado el gasto y los ingresos centralizados en el Gobierno central. Justo lo que ocurre en este momento: los Gobiernos regionales son responsables de gastar, pero no de recaudar. Y de ahí los graves problemas del modelo de financiación de los servicios públicos y la falta de responsabilidad fiscal de una buena parte de las Administraciones Territoriales.

Por tanto, ¿cómo es posible criticar que una CC.AA tenga unos impuestos más bajos en los que son competencia suya bajo una legislación que comparten las CC.AA de Régimen Común, con defender un Estado federal o incluso la independencia de algunos territorios, sea inmediata o a plazos? Al final, el debate termina zanjándose como en Matemáticas por ‘reducción al absurdo’. En el fondo, es una mezcla entre ignorancia y malas artes políticas. Estamos en la época del uso y abuso de los subterfugios de la realidad empírica para conseguir réditos políticos, incluso aunque éstos sean efímeros.

Esta contradictio in terminis (como dirían los escolásticos) no debe ocultar el verdadero interés que es el ataque a Madrid, pero a poco que se investiga, se ve hasta qué punto sus bases son, por un lado, erróneas y, por otro lado, confusas. En primer lugar, cuando se habla de ‘dumping fiscal’, se comete un grave error: mirar sólo la fiscalidad y dentro de ella sólo los tipos marginales. El nivel de impuestos está siempre asociado al nivel de servicios públicos prestados en cada territorio y a la eficiencia y vías de financiación que una CC.AA tenga. Madrid es una CC.AA donde el tipo marginal del IRPF entra de forma más ‘temprana’ a la base liquidable que en otras regiones, además de tener un pago de impuestos medido en número de días necesarios de salario para afrontar todas las obligaciones tributarias en la media nacional. ¿Es esto un ‘dumping fiscal’? Evidentemente, no.

En segundo lugar, se achaca el ‘efecto absorción’ de Madrid a su capitalidad. En este sentido, ¿por qué nunca se ha planteado crear en Madrid un Distrito Federal, de manera que se aísle de manera efectiva el ‘efecto capitalidad’, si es que éste sigue existiendo? La renta de situación de Madrid siempre ha existido porque es capital de España desde hace muchos años. Y de hecho, el efecto de la capitalidad es hoy mucho menor que en décadas pasadas. Una forma de aproximar este efecto es calcular el peso de las actividades económicas del sector público en el PIB regional. Así, la economía de Madrid es 2,6 puntos menos dependiente del sector público que el conjunto nacional, con un peso del 13,7% frente al 16,3% del total del país. Si bien en el pasado la economía madrileña dependió más de la Administración Pública, en el presente no lo es tanto y de hecho el componente más destacado es el peso de los servicios públicos de Estado de Bienestar como la sanidad y la educación (de competencia autonómica) frente al gasto de los ministerios o las prestaciones pagadas por Administraciones como la Seguridad Social.

En suma, el ataque a Madrid ‘hace aguas’ por los dos principales argumentos (capitalidad y dumping fiscal) y no sólo esto sino que si se compara la situación de Madrid con respecto a las grandes capitales europeas, Madrid tiene un menor ‘efecto aspirador’ sobre sus zonas de entorno que capitales como París, Berlín o Londres, entre otras. En definitiva la consecuencia de fondo es un ataque contradictorio al actual Estado de las Autonomías. Como siempre suele ocurrir, los efectos no buscados son los que siempre acaban imponiéndose.