07
feb
El Economista

La patronal de la gran empresa CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, ha enviado una circular a sus 3.000 asociados con consejos y recomendaciones para subir los salarios entre un 2% y un 3%, siguiendo los objetivos pactados en el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para los años 2018, 2019 y 2020 entre la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO y aprobado por el Gobierno, el pasado mes de junio.

Según la misiva, las empresas deberán, de manera progresiva, aumentar los salarios hasta alcanzar los 14.000 euros anuales -1.000 euros mensuales en 14 pagas- y por lo tanto, los salarios superarían los 900 euros establecidos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tantas críticas ha cosechado por diferentes organismos, como la AIReF, que cuantificó en unos 40.000 los puestos de trabajo que se dejarán de crear por la subida, o el Banco de España, que eleva la cifra a unos 125.000 empleos. Hasta la propia agencia de calificación Moody’s recoge que ralentizará la creación de empleos en un rango de 40.000 a 150.000 empleos.

Tal y como manifiesta el economista jefe del think tank Civismo, Javier Santacruz, “una subida generalizada del 3% de los salarios afectaría negativamente al empleo, porque hay muchos sectores de la economía española cuya productividad no aguanta una subida de salarios de este tipo. Los salarios deben subir en la misma proporción que la productividad”. El objetivo de este acuerdo bipartito es la creación de empleo, mejora de la empleabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas así como la lucha contra la economía sumergida en un momento en que la economía española atraviesa un momento de desaceleración, con un menor crecimiento tanto en términos de actividad como de creación de empleo. Salarios públicos.

Asimismo, según reconoce la misiva enviada por la CEOE, la subida del salario mínimo de convenio afecta de forma especial a las empresas que trabajan para el sector público, por el importante impacto del incremento sobre los contratos de las empresas proveedoras de servicios en los contratos públicos.


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