Nunca como ahora ha habido semejantes desacuerdos entre los presidentes autonómicos por la inevitable asimetría que el ministro de Hacienda con cederá a algunas comunidades au tónomas. El lamento de los más apurados es que «ya no hay margen para recortar porque el 80% es gasto social». Analicemos los datos. Hoy las autonomías gastan 28.000 millones más que antes de la crisis (año 2006) y, a pesar de este exceso, no parece que la calidad de la sanidad y la educación hayan mejorado en la misma proporción. Si miramos los déficit al cierre de 2012, veremos que no guardan en su conjunto correlación con el aumento de gasto entre 2006 y 2012. Esto demuestra que hay comunidades que se han sometido a una liposucción salvaje para quitarse gastos prescindibles, mientras otras han seguido devorando recursos a costa de engordar el déficit.
Con la entrada de la crisis y el auge de los Planes E, muchas regiones creyeron que se podían sortear los problemas contratando a más trabajadores y, como resultado, hoy hay 360.000 empleados públicos más que en 2006. Algunas autonomías sólo buscaban así aliviar el paro que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Este empleo artificial no ha generado retornos y ha lastrado el déficit. Durante seis años, muchas comunidades han incrementado sus gastos de forma desmesurada, aunque su situación de partida ya fuera preocupante. Es el caso de Murcia, con un incremento del gasto de un 32,29%, o de Baleares, con un 35,71% más. Los casos del País Vasco (37,27%) y Madrid (32,98%) son todavía mayores, aunque sus finanzas no están en riesgo. Es un hecho objetivo que bastantes políticos prefieren mantener el Estado de Bienestar actual, aunque sea a costa de endeudar a unas generaciones futuras que obviamente no les podrán votar. La única excepción es Galicia, comunidad que gasta menos ahora que en 2006. Si los Gobiernos autonómicos quisieran, podrían volver a la situación de 2006, cuando todavía no se había producido un aumento del gasto en una media del 19,2%. La cuestión no es que los servicios básicos estén en peligro, porque tampoco lo estaban entonces, sino que los políticos estén dispuestos a recortar en los gastos que más votos les dan. Daré dos datos: las subvenciones alcanzan los 10.000 millones y las duplicidades 23.000. Eliminar ambas supondría borrar de un plumazo la mitad del déficit de toda España.
Reducir el gasto no supondría un menor crecimiento, porque gastar más no suele crear riqueza. Si todas las comunidades retomaran las finanzas de 2006, apenas tres tendrían déficit, aunque mucho menor: Castilla y León, Valencia y Galicia.
Las comunidades autónomas pueden equilibrar el presupuesto, pero tendría un coste electoral muy fuerte, por lo que prefieren subir el IRPF, cobrar el mal llamado ‘céntimo sanitario’ y subir el IBI y el Impuesto al Patrimonio (http://goo.gl/CeQlF). Penalizar a los creadores de riqueza desincentiva el esfuerzo creativo, porque nadie trabaja para ver cómo otros se lo quitan de las manos.
Adelgazar la Administración no sólo supondría un ahorro. También es una oportunidad para reducir la burocracia, eliminar las barreras a los emprendedores y mejorar nuestra competitividad.
