Una década más tarde, seguimos igual…

Esta semana se cumplen 10 años de las famosas protestas del 15 de mayo de 2011, aquel asalto a las plazas protagonizado por miles de jóvenes de varias generaciones trágicamente marcadas por la gran recesión financiera del año 2008.

Las causas que llevaron entonces a ocupar las plazas de las principales ciudades españolas fueron principalmente 2. Por un lado, un hartazgo notable con las instituciones y con el bipartidismo, con la clase política en general, a la que se acusaba de gobernar en beneficio de los banqueros y las élites económicas a costa de los trabajadores. Por otro, la paupérrima situación de los jóvenes españoles, particularmente marcada por el elevado desempleo juvenil, la temporalidad y los contratos basura; y el elevado precio del nivel de vida, sobre todo los precios de los alquileres. Esto significaba, en la práctica, la imposibilidad para cada joven de realizar sus proyectos vitales, emprender el negocio soñado o encontrar un empleo estable, independizarse, formar una familia, etc. Como raíz de estos problemas se señalaba no sólo la crisis financiera mundial del año 2008 – que impactó con especial virulencia en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria –, sino también el propio sistema de partidos, tras varias décadas de alternancia en el Gobierno entre los partidos Popular y Socialista.

Por aquel entonces, el movimiento no estaba enteramente politizado y las causas del estallido eran para todos entendibles: el desempleo juvenil, por ejemplo, rozaba en ese momento el 46% (llegó a alcanzar el 57% en el año 2013). Rápidamente el movimiento comenzó a organizarse, pasó de ser una protesta contra toda la clase política a ser una especie de sóviet juvenil que reclamaba medidas concretas (marcadamente intervencionistas) y lanzaba partidos políticos (todos ellos de izquierdas) que se presentaban como la salvación del sistema: pasando del famoso lema #NoLesVotes a pedir el voto para ellos mismos. ¿Qué pedían, en concreto, estos jóvenes? Contra el desempleo juvenil, mayor protección de los trabajadores, subidas del salario mínimo y mayor regulación laboral; contra los altos precios del alquiler, control de rentas; contra las dificultades para emprender, banca pública que financie todo sin ningún criterio y nacionalización de empresas; a pesar de las altas facturas de la luz, mayor inversión en renovables (las mismas que se pagaban a través de impuestos en la factura de la electricidad). En general, una batería de medidas enormemente intrusivas cuyos resultados todos conocemos. Contra el bipartidismo, la corrupción y la decadencia de las instituciones se pedía democracia directa, listas abiertas, supresión de privilegios, una nueva ley electoral… medidas que cayeron en el olvido cuando los protagonistas del movimiento llegaron a las instituciones. Del movimiento surgió un mesías, Pablo Iglesias, representante de la clase obrera, con el puño en alto y un discurso marxista caducado hace 20 años; y un partido, Podemos, decidido a acabar con la austeridad y a traer el bienestar material a las masas aplicando todas las medidas mencionadas.

Pues bien, ¿Qué queda del 15-M, diez años después? Principalmente sus causas, las que llevaron a los jóvenes a echarse a las calles. También todas las propuestas que presentaron, aunque muchas de ellas ya aplicadas y fracasadas.

Podemos consiguió dar la sorpresa en las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, consiguiendo 5 escaños y posicionándose como la cuarta fuerza más votada. En las elecciones generales de 2015, obtuvo más de tres millones de votos, siendo la tercera fuerza más votada y tuvo por primera vez representación a nivel nacional. En enero de 2020 Podemos entró en el gobierno de España, de la mano del Partido Socialista. El partido consiguió, en palabras de Pablo Iglesias “asaltar los cielos”, a la vez que condenaba (condena) a miles de jóvenes al desempleo, la quiebra o el éxodo. Pasaron de denunciar a la casta política a sustituirla ellos mismos. Consiguieron aplicar algunas de las propuestas del 15-M, como las subidas del salario mínimo, subidas generalizadas de impuestos y aumentos desproporcionados del gasto público -muchas veces en partidas innecesarias-. Otras, por suerte, no han conseguido llevarlas a cabo: nacionalizaciones, control de precios, derogación de la reforma laboral, etc. En lo que respecta a la democracia y la calidad de las instituciones, han hecho justamente lo contrario de lo que proponían: intentar controlar la justicia y atacar la separación de poderes, disminuir la transparencia de las instituciones o esconder la corrupción y los delitos de sus políticos bajo la alfombra, etc. Por no hablar del clima de odio y de ruptura que han sembrado en la sociedad española; o de la gestión de la pandemia, entre las peores del planeta en términos sanitarios y económicos.

Diez años después los problemas de los jóvenes son los mismos. Lideramos el paro juvenil en Europa (Casi el 40%, frente al 46% de hace diez años) y emanciparse es aún más complicado que hace 10 años (el precio del alquiler por metro cuadrado en España es un 36.7% mayor que en mayo del 2011, según el portal inmobiliario idealista).

Cabe, al menos, aprender dos lecciones. Primero, que toda la batería de medidas intervencionistas que se presentaron como soluciones a los problemas y que se han aplicado, han fracasado, y que las políticas orientadas a solventarlas deben ir en la dirección opuesta. Segundo, que los jóvenes no debemos caer en la trampa sensacionalista de los partidos que, como Podemos, se presentan como nuestros salvadores e intentan monopolizarnos prometiéndonos el paraíso en la tierra, sino analizar la realidad presente y pasada, y conocer estos errores del pasado para no volver a repetirlos.