El Gobierno y los agentes sociales acordaron la semana pasada un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% para el año 2018. En 2017, el salario mínimo ya había subido de forma exagerada: un 8%. Estas subidas no se justifican por alzas de precios (+2%) ni por aumentos de la productividad (que está estancada), sino para “comprar paz social” y frenar las movilizaciones sindicales. El Gobierno se ha comprometido además a aumentar progresivamente el SMI hasta los 850 euros en 2020, año en el que previsiblemente se celebrarán elecciones generales.
Las razones que se esgrimen para este aumento de la masa salarial tienen que ver con reactivar la economía a través del aumento del consumo, pero también para mejorar la distribución de la renta. Se olvida que el aumento de la desigualdad económica se debe especialmente al desempleo y que, precisamente, la subida del SMI tiene efectos negativos sobre la creación de empleo. Además, este incremento del SMI tenderá a aumentar la economía sumergida y la contratación temporal. En España hay más de 3,7 millones de desempleados, y cuando hay mucho paro lo prioritario es estimular la creación de empleo. Aumentar el salario mínimo va en la dirección contraria, ya que, como ha demostrado la investigación económica, esta es una de las causas del elevado y persistente desempleo de muchos países.
Es sabido que existen algunas discrepancias entre los economistas. Sin embargo, su opinión sobre el salario mínimo es casi unánime. Así, G. Mankiw y M. Taylor, en su libro Economía (Paraninfo, 2017, pág. 33), recogen una encuesta en la que el 79% de los economistas están de acuerdo en que el salario mínimo genera desempleo entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados (reparación de vehículos, zapatos y ropa, hostelería, pequeño comercio, empleo doméstico, repartidores, etcétera).
Los jóvenes, los más perjudicados
Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que los trabajadores de baja cualificación y los que buscan su primer empleo, que son los que cobran los salarios más bajos, se van a beneficiar de un salario mínimo más alto, ya que cobrarán más. Esto es falso, por la sencilla razón de que el empresario puede decidir que no le merece la pena pagar ese salario y no contratar o despedir al trabajador, organizando la empresa de otro modo (mecanizando la tarea, aumentando los contratos temporales…). Como consecuencia, en España el paro juvenil, aunque ha caído hasta el 36%, sigue estando en niveles muy elevados. En este caso, la subida del salario mínimo de forma desmesurada frenará la creación de empleo.
No se debe olvidar que el 75% de los jóvenes desempleados proceden de sectores de baja cualificación. El otro 25% han terminado una carrera universitaria o el bachillerato. Es bien sabido que muchos graduados, recién salidos de la universidad, tienen dificultades para encontrar un empleo. Por lo general, los empresarios prefieren contratar a personas con experiencia y un salario mínimo elevado no facilita que los jóvenes adquieran esa experiencia. Como consecuencia habrá empresarios que, en 2018, no querrán pagar el salario mínimo (10.304 euros/año, a lo que se debe sumar las cotizaciones sociales correspondientes) a un potencial empleado que sólo tiene la ESO, o ni siquiera la ESO porque abandonó el colegio para trabajar en la construcción o en servicios de baja productividad. Para solucionarlo quizá se podría establecer un menor salario mínimo para los jóvenes. Sueldos más bajos darían la oportunidad a los jóvenes de adquirir experiencia para, más adelante, poder mejorar sus condiciones laborales.
Otro grupo aparentemente beneficiado por la subida del salario mínimo son aquellos trabajadores cuya retribución está vinculada a éste por convenio colectivo o por otros mecanismos (por ejemplo, por ganar un múltiplo del salario mínimo interprofesional). El salario mínimo no está pensado para ellos, ya que cobran bastante más que el mínimo legal. Su beneficio deriva de haberlo utilizado como patrón para fijar su retribución. También se podría dar un “efecto comparación”: si los trabajadores de inferior categoría cobran más, los del escalón superior pedirán un aumento de sueldo y así sucesivamente a lo largo de la escala salarial. Es más o menos lo mismo que en el caso de los jóvenes; es decir, supone un aumento de costes para la empresa que lógicamente tenderán a crear menos empleo y sustituir trabajo por capital (máquinas).
Aumenta la temporalidad y la economía sumergida
Ante salarios mayores, los empresarios tendrán una mayor propensión a abaratar sus costes laborales (aumentando la contratación temporal o el número de becarios). Desgraciadamente, España sigue liderando los ránkings en temporalidad laboral (el 27,5% de los contratos son eventuales) de la OCDE y de la Unión Europea, donde la reactivación económica ha traído aparejado un descenso de la transitoriedad en el empleo. Sigue, por tanto, repuntando en la fase expansiva del ciclo, después de haber descendido durante los años de la crisis, cuando, efectivamente, sufrieron mucho más los trabajadores provisionales que los fijos.
El Gobierno, los sindicatos y la patronal subiendo el SMI creen que protegen a los desempleados jóvenes o de baja cualificación prohibiéndoles aceptar empleos con remuneración insuficiente (inferior al salario mínimo). Ellos, no obstante, sí podrían querer tales empleos si se los ofrecieran. La prohibición de estos empleos puede conseguir un efecto perverso, tal como está ocurriendo en España, ya que estos trabajadores se emplean en la economía sumergida, muchos de ellos para poder sobrevivir. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. Se trata de la lamentable explotación, tantas veces denostada.
La subida del salario mínimo tampoco beneficia a la competitividad internacional de la economía española. Desde el segundo trimestre del año 2016, el déficit comercial aumenta. Importamos más que lo que exportamos. El alza de los costes laborales, desde luego, no es la mejor receta para ganar competitividad internacional. La subida del salario mínimo incrementa los costes laborales unitarios y perjudica nuestra competitividad internacional. Con el salario mínimo ocurre lo mismo que con otro tipo de medidas de política económica: aunque su adopción no es beneficiosa para el conjunto de la economía, es popular y consigue votos.
Más salario variable
Así las cosas, hay que seguir insistiendo en la necesidad de simplificar la legislación laboral dando más facilidades a las empresas para aumentar sus plantillas. También habría que intensificar la necesidad de remunerar según la productividad. Pasar de la cultura del salario fijo a otra donde haya una parte variable. Sin embargo, esa parte variable se debería vincular a la productividad a través de fórmulas claras y controlables que permitan medir el comportamiento laboral del trabajador.
En definitiva, la prioridad no es subir el SMI, sino disminuir el número de parados y la economía sumergida (y la precariedad que genera) a la vez que se aumenta la productividad. En teoría, para aumentar la productividad a largo plazo de la economía española sería preciso modernizar la estructura productiva dando más peso a los sectores más intensivos en capital, aumentar el capital humano y consiguiendo mano de obra más cualificada, tener empresas de mayor tamaño y, por supuesto, realizar un mayor gasto en I+D. Esos aumentos de productividad sí justificarían la subida de los salarios.
