06
abr
ABC

¿Quién no se conmueve ante un inmigrante «sin papeles» en una situación grave de salud? ¡Por supuesto que habrá que atenderle! No en vano somos una nación que cree en los derechos humanos. Sin embargo, si un país se empeña en ser el más solícito de Europa con los extranjeros ilegales enfermos, el efecto llamada puede hacer inviable su sistema sanitario.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acaba de conceder el derecho a la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares. Sorprende que no haya consensuado previamente la medida con las CCAA y que la presente a menos de dos meses de unas elecciones. ¿Compra de votos? Aunque no se conceda la tarjeta sanitaria, lo que significaría un cheque en blanco para gastos en salud en toda Europa, la situación que ofrece nuestro país a los «sin papeles» va a ser algo mejor que la de la mayoría de países de la UE. Aunque para urgencias graves no hay apenas diferencias de trato, las hay, y significativas en el tratamiento de patologías frecuentes, como cáncer o prótesis.

Europa debería fijar unas condiciones de asistencia sanitaria similares en los países europeos para evitar el turismo sanitario de los inmigrantes ilegales. La partida de salud es la mayor en los presupuestos de las CCAA y con tendencia a crecer, por lo que hay que ser prudentes. Hay ocasiones en las que estas personas que viven irregularmente en España no son insolventes. Éstos podrían abonar el coste parcial o total de una asistencia o una intervención
quirúrgica. Una buena medida para evitar abusos sería el que constase esta deuda en algún registro. Así, la Administración podría resarcirse cuando el beneficiado declarase propiedades en España y se descubriera que era un aprovechado del sistema.

El importe de la seguridad social que figura en las nóminas muestra el impresionante sacrificio que suponen las cotizaciones a los trabajadores. Por esta razón, el Estado tiene que ser cauteloso y atender sólo a quien de verdad lo necesita.


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