22
nov
Actualidad Económica

La mayor perversión que va a perpetrar el tándem Iglesias-Sánchez es aprobar una ley orgánica de enseñanza, la Lomloe, que les permita configurar a medio plazo un modelo de sociedad que puedan controlar. La comunidad escolar lleva decenios clamando por un gran pacto educativo. Ahora, sin consenso alguno, con una prisa injustificada y aprovechando que la pandemia hace que todo lo demás pase inadvertido, los totalitarios que nos gobiernan han presentado una ley que aniquila la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Los déspotas de la Moncloa han secuestrado la patria potestad, de acuerdo a lo que declaró Isabel Celaá: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”.

El plan de Podemos-PSOE consiste en utilizar la educación para inocular su ideología a través de las asignaturas Educación en valores cívicos y éticos y educación para la ciudadanía. Nada nuevo. Si los regímenes nazi y soviético usaron la escuela para imponer sus dogmas el siglo pasado, en este lo han hecho los nacionalistas. Muchas familias temen con razón el adoctrinamiento de sus hijos, ya que la ingeniería social con que manipula el Ejecutivo resulta eficaz para persuadir a quien no esté prevenido. Si el Gobierno, a pesar de sus rotundos fracasos en la gestión de la pandemia y de la economía, ha tenido éxito en mantener la intención de voto de los adultos, ¿por qué no lo van a cosechar en la ideologización de niños y adolescentes?

No importa que el artículo 27 de nuestra carta magna proclame la libertad de enseñanza y reconozca la financiación de la educación concertada. Tampoco que la sentencia 31/2018 del Tribunal Constitucional estipule que la enseñanza diferenciada, aquella en la que las aulas son de un mismo sexo, goce de los mismos derechos que el resto de los centros concertados. Iglesias y Sánchez, en su obsesión por modelar mentes, han dispuesto que, en pocos años, solo se puedan sufragar centros públicos, aunque cuesten en algunas regiones, como Navarra, un 70% más. Así, el dúo de liberticidas incluye en la nueva ley la inconstitucionalidad de suprimir el derecho a la financiación de los centros diferenciados y, en breve, lo hará con el resto de los concertados. No temen a los tribunales, porque, para cuando estos dicten el fallo, los colegios a los que la legislación agrede ya habrán cerrado. El dinero para estos no pertenece a los políticos, sino que proviene de los impuestos que pagan los padres, razón por la que tienen derecho a elegir el tipo de centro.

Fuente: OCDE

La penosa realidad es que el Informe PISA, que evalúa los aprendizajes de los estudiantes de los países de la OCDE, arroja calamitosos resultados para España. En ciencias, se ha llegado a la peor puntuación desde que comenzó este estudio en 2000. También en matemáticas se han perdido cinco puntos en el último informe. Y es que el igualitarismo de mínimos condena el esfuerzo y el mérito, lo que cercena el desarrollo intelectual.

Hoy, para el ranking, escogemos los 21 estados de la OCDE con más de nueve millones de habitantes y una renta per cápita comparable. El 27% de los alumnos españoles estudia en concertados, y España ha obtenido una puntuación de 483. Resulta curioso que, de los países similares al nuestro, aquellos con más estudiantes en este tipo de centros consigan mejores posiciones en PISA: en Países Bajos hay un 63,4% y logra 503 puntos; Reino Unido, 59,8% y 505; Bélgica, 55,1% y 499, y Corea del Sur, 35,5% y 519. Respecto al porcentaje del PIB que los países dedican a educación, conviene añadir que esta ratio no influye en la calificación de PISA. Por ejemplo, España invierte un 32% más que Japón, pero sus resultados son un 10% peores.


    Pedro Schwartz
    Mientras la educación sea un servicio público los gobiernos seguirán entrometiéndose en ella. Es casi imposible evitarlo. Quizá un buen administrativista podría idear el modo de que todo el gasto educativo en MADRID se sufragara en forma de bonos escolares, excepto los sueldos de los maestros funcionarios. Para financiar el gasto adicional del programa estarían los Impuestos nuevos, sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, etc.
    Pedro Schwartz - 26 nov.RESPONDER

Deja un comentario