21
feb
Panam Post

El nuevo Gobierno de España, en el que se encuentran en el liderazgo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dan luz verde a la aprobación de los nuevos impuestos para su programa de gobierno. Unos impuestos más que polémicos para la economía española, que, como ha reconocido el propio gobierno -en ocasiones-, no atraviesa una de sus mejores situaciones en la historia. La tasa Google y la tasa Tobin ya son una realidad, aunque no la esperada por el Gobierno.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por la ministra de Hacienda, estos impuestos, finalmente, no tendrán el impacto deseado durante los primeros años de aplicación. Mientras que la recaudación, aunque ínfima para el peso del PIB, se esperaba que fuese mayor, finalmente no será lo presupuestado. Y es que, mientras que se preveía una recaudación estimada de 1.200 millones de euros por impuesto, las estimaciones del Gobierno muestran cifras inferiores que en el mejor de los casos no llega ni a los 1.000 millones.

Un escenario que, aunque sorprenda a este Gobierno, ya era previsible por los economistas. Una situación que ya de entrada era bastante alarmante, pues sus efectos en el PIB, en relación a los incrementos en el gasto público que desean acometer ambos líderes políticos, suponen una irrisoria cuantía que de acuerdo con las previsiones de recaudación del propio Gobierno costarían incluso para afrontar los costes que representa la nueva renta básica que desea aplicar la formación morada. Una pequeña cuantía que no daría ni para solventar la situación de las pensiones durante un mes.

Partiendo ya de esta base, uno trata de pensar la razón de por qué el nuevo Gobierno pretende añadir más riesgos a una economía que se encuentra en una situación complicada, aplicando nuevos impuestos que, en el mejor de los casos, producirán una recaudación para afrontar una pequeña parte del gasto prometido durante la campaña electoral. Sin embargo, el Gobierno, aún así, ha querido seguir adelante. Además en solitario, de manera unilateral y perdiendo el apoyo que, como bloque económico, nos prestaba el hacerlo con el resto de países de la OCDE, de forma común y con una mayor fuerza negociadora.

Esto nos deja desamparados ante las posibles reacciones que desde Estados Unidos se adopten. Y es que, ya el propio Emmanuel Macrón, presidente de Francia, se echó a atrás después de conocer las intenciones del mandatario norteamericano, Donald Trump. Para evitar el conflicto comercial, el presidente francés retuvo sus intenciones de aplicar el impuesto digital hasta que las negociaciones no garantizasen un buen acuerdo de comercio, así como los efectos negativos que podrían repercutir una batería arancelaria a los productos franceses en el exterior. Una decisión acertada y cautelosa, ante un escenario muy impredecible.

Sin embargo, España no ha adoptado la misma decisión, pues el Gobierno se ha visto en un deseo desmesurado de aplicar los nuevos impuestos de forma inmediata. Nuevos impuestos que, como analizamos en el estudio realizado por la Fundación Civismo, podemos observar que sí tendrá unos efectos negativos en la economía española. Efectos negativos que podrían haberse evitado si las formas de aplicación hubiesen sido distintas, a la vez que si hubiéramos ido con el bloque comunitario, en lugar de actuar de manera unilateral.

En primer lugar, por el lado de la demanda, los nuevos impuestos, especialmente el impuesto digital, repercutirá de forma directa a los ciudadanos españoles. Una mentira del nuevo Gobierno es la insistencia que demuestran con el pago de impuestos a las clases altas. Sin embargo, el estudio demuestra como, al realizar una compra digital, los nuevos impuestos repercutirán en un incremento de costes estimado en los 0,47 euros por compra. Un sobrecoste que tendrá que abonarse, al transferirse los costes a los usuarios.

En segundo lugar, las compañías tecnológicas, en estos momentos, están aportando al país una gran cantidad de empleos. Una gran cantidad de empleos cifrada, aproximadamente, en los 40.000 empleos directos. Unos empleos que han sido posibles por las elevadas tasas de crecimiento que han registrado esta serie de compañías de forma interanual, las cuales se muestran en ritmos cercanos al 5%. Los nuevos impuestos, como podemos ver en el estudio realizado desde Fundación Civismo, muestran una reducción bastante notable -de dos puntos porcentuales- en el margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios. Como es obvio, produciendo así una limitación en los crecimientos y en la inversión de estos en el país.

Por otro lado, en tercer lugar, esto produce, como muestra el estudio, un claro descenso del PIB. Estamos hablando de un coste para las compañías que se trasladará en reducciones de la inversión, pérdidas notables en la cadena de valor, incentivos a la posible deslocalización de la innovación, así como una menor creación de empleo. Todo esto, de una forma u otra, tendrá efectos perceptibles en el PIB, provocando una serie de pérdidas que, ante la desaceleración económica y las nuevas previsiones emitidas por el Gobierno, no benefician a la economía española.

En resumen, hablamos de una medida que, como vemos, resulta muy polémica -en los efectos- para la economía española. Una medida que debía haberse calibrado de forma más precisa y pausada, dando lugar a conclusiones más fiables. El escenario coyuntural que atraviesa nuestra economía no es el más favorable para experimentar, como si de un campo de pruebas se tratase. Cualquier efecto negativo podría intensificar más una desaceleración que ya acecha notablemente a los ciudadanos en el país.


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