Quienes saben cómo emplear mejor el propio dinero son sus dueños, no esos políticos que deciden aumentar los tributos para darnos lo que a ellos les parece que supone un mayor bienestar. La triste realidad es que lo que buscan siempre esos dirigentes es promocionarse ante los mayores caladeros de votos. La paranoia populista imperante ha llevado a que tanto la Moncloa como los Gobiernos autonómicos despilfarren el dinero de todos en asuntos innecesarios, disparando el tamaño de los gobiernos. Todo incremento de gasto público lo paga siempre un primo, al que estigmatizan como insolidario por haber tenido éxito.
La izquierda siempre ha sabido despertar la envidia entre su público más vulnerable, haciéndole creer que su mísera situación es la consecuencia de que otros ganan demasiado dinero. Fernando Díaz-Plaza ya dijo hace medio siglo que este pecado capital era el más característico de los españoles, entendiéndose la envidia como el reconocimiento de la propia mediocridad. El populismo que ha prendido en algunos políticos no es propio de una sociedad avanzada, en la que la admiración al que ha sabido prosperar constituiría un estímulo de emulación para superarse.
El resentimiento populista lleva a forzar un igualitarismo radical mediante una fiscalidad que, a veces, viola el derecho a la propiedad. Esta descerebrada obsesión por repartir lo ajeno puede llevar a estrangular, a base de apretones fiscales, a la gallina de los huevos de oro: esa que representan los empresarios que generan riqueza y empleo. El subidón de impuestos a los ricos ha sido anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en contra del criterio su colega en la cartera de Economía, Nadia Calviño, quie n ha afirmado que “no es momento de subir impuestos”. El ajuste que necesita España no debe basarse en subir impuestos, sino en reducir el gasto público, ya que elevar tributos puede destruir muchos puestos de trabajos. Nadie invierte si el riesgo es excesivo y la rentabilidad escasa.
El ranking de hoy compara los impuestos de donaciones y sucesiones en las distintas regiones, tomando como modelo un receptor que recibe de su padre 800.000 euros en efectivo. Tomando los datos del Colegio de Economistas se aprecia que Extremadura, la comunidad con mayor porcentaje de empleados públicos, y Castilla y León, son las que tienen un impuesto de donaciones más alto, un 25%, lo que se traduce en 200.123 euros. Las tres siguientes donde más se paga son: Aragón (22,2%; 177.707 euros), Asturias (22,1%; 176.700) y Comunidad Valenciana (21,4%; 171.013). Por el contrario, las que gravan menos son Cantabria, en la que no se paga nada; Madrid, donde se satisface un 0,25%, lo que supone 2.000 euros, y Murcia y Andalucía, ambas con un 0,26%, por valor de 2082 euros.
Si revisamos el impuesto de sucesiones para un soltero de 30 años que recibiera 600.000 euros en efectivo y una vivienda por valor de 200.000, la secuencia de regiones es similar. Donde más se paga es en Asturias (12,89%; 103,135 euros), Castilla y León (10,13%; 81.019) y Comunidad Valenciana (7,90%; 63.194 ), mientras que en Andalucía, Cantabria y Galicia no se paga nada.
“La competitividad fiscal de las comunidades autónomas”, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (www.ieemadrid.es), que demuestra de un modo concluyente que la armonización fiscal “aumentaría el coste de capital y reduciría el nivel de inversión empresarial, conllevando una reducción del empleo y la productividad resultante en una pérdida de
bienestar tanto económico como social”.
