A estas alturas del año casi todos hemos traspasado nuestro “día de la liberación fiscal”. Se conoce ese día como aquél hasta el que se trabaja únicamente para pagar impuestos. A partir de ahí, uno trabaja para sí mismo, queda liberado. Este año, el día de liberación fiscal para el español medio fue el 28 de junio, un día antes que en 2016. Son 178 días de trabajo los que se precisan para pagar todos los impuestos: cotizaciones sociales, IRPF, IVA, impuestos especiales –tabaco, alcohol y energía– y tributos estatales, autonómicos y municipales. Por término medio, se aportan 12.038 euros.
Pero las diferencias entre los contribuyentes son amplias. Por ejemplo, para un salario de 150.000 euros brutos al año, sin hijos, la liberación no llega hasta los 190 días de trabajo, y termina desembolsando 83.839 euros. También por comunidades autónomas hay diferencias: a La Rioja le llega la liberación antes, el 27 de junio, y Cataluña es la que más se demora, el 5 de julio. Por su parte, Andalucía alcanza su liberación fiscal el 29 de junio.
Y es posible descender a cada caso particular, porque el think tank Civismo, una de las instituciones que realiza estos cálculos, también proporciona un simulador para que cada uno, dependiendo de sus circunstancias propias, calcule su día. Só- lo hay que contestar a 11 sencillas preguntas.
Sin duda, resulta muy interesante conocer este día porque da cuenta de la importancia de lo que aportamos a la sociedad. Pero lo negativo es que suele acrecentar el rechazo visceral y generalizado que los españoles sentimos por pagar impuestos. Rechazo, además, desde todos los niveles de renta, no sólo de aquéllos a los que se les exige un nivel de solidaridad muy alto. Hasta la palabra que se utiliza para definir este día, liberación, imprime al pago de impuestos una connotación negativa, como si solamente implicara dar, sin obtener nada a cambio.
Para cambiar esa actitud, sería bueno que se extendieran también los cálculos sobre el valor de los servicios que se reciben o por tenerlos potencialmente disponibles. Algunos ya vienen tasándose: una plaza en un colegio o instituto público supone 6.000 euros al año, y en la universidad, 9.000 euros, becas aparte. Incluso para los gastos sanitarios más importantes, se están entregando facturas ficticias que informan del coste de la prestación recibida. Y habría que avanzar en este sentido: ¿cuánto vale vivir en un pa- ís seguro?, ¿cuál es el valor de un paseo por un parque, utilizar una biblioteca o entrar en un museo gratuito? Quizá así, tendríamos siempre presente lo costoso que es mantener el completo Estado del Bienestar en el que vivimos.
A lo que sí nos debe conducir el “día de la liberación fiscal” es a ser más exigentes con los que gestionan nuestros impuestos. Porque tienen mucho por hacer para que, sin descender en calidad, todos alcancemos antes ese día: aligerando el peso del Estado en lo superfluo, mejorando la eficiencia de los servicios que se prestan y combatiendo con dureza el fraude y la corrupción. Y también está en manos de cada uno de nosotros conseguirlo, utilizando con honradez y responsabilidad todos los recursos públicos.
