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abr
Hay Derecho

La UE vuelve a estar en la diana, una vez más. La crisis provocada por el coronavirus ha vuelto a levantar las críticas hacia Bruselas y a generar divisiones entre los estados miembros. No se divisa un horizonte claro para el futuro de Europa como unión política, con la llegada de una crisis sanitaria y económica cuyo alcance es aún difícil de concretar pero que, sin duda, pondrá en cuestión el proyecto europeo. Esta entrada pretende hacer una revisión de las habituales críticas efectuadas por los movimientos nacional-populistas hacia la UE y resaltar el escaso rigor de las mismas.

Es común que a la Unión Europea se le critique por su falta de solidaridad y por su intrusión en la soberanía de los Estados. Siendo cierto que la UE presenta numerosas contradicciones, a menudo estas críticas parten de no entender el funcionamiento de sus instituciones y mecanismos internos.

Los tratados de la UE recogen 7 instituciones. Simplificando, cinco de ellas son consideradas comunitarias, es decir, representan un interés general de la UE por encima de los estados. Estas son las que toman el mayor número de decisiones y rigen el funcionamiento de la UE día a día. Sin embargo, las decisiones que más afectan a la soberanía de los Estados o implican grandes cambios, pasan por las dos instituciones, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo, donde son los Estados los que toman las decisiones. Las cuestiones más importantes como las referentes a la fiscalidad, protección social, adhesión de nuevos países a la UE, política exterior, seguridad o defensa han de ser tomadas por unanimidad, precisamente para evitar un supuesto quebrantamiento de la soberanía nacional de los estados miembros. Esto lleva a situaciones donde la oposición de un reducido grupo de Estados detiene reformas deseadas por las instituciones europeas y por la mayoría de los Estados, como es el caso de los Eurobonos.

Dar más poder a las instituciones comunitarias o cambiar el sistema de votación haría que la UE dispusiera de una mayor capacidad de intervención, pero afectaría a su vez la soberanía de los Estados; siendo esta una materia en la cual la UE siempre ha sido extremadamente cuidadosa. La relación soberanía-poder de la UE es tratada de forma muy didáctica en este trabajo de Jorge Aguacil, mientras aquí ya se han tratado propuestas para combinar soberanía nacional y la intervención de la UE en el caso español.

Curiosamente, son los partidos nacional-populistas -los mismos que se erigían hace relativamente poco en defensa de la soberanía nacional- los que ahora achacan a la UE y a sus instituciones una “falta de solidaridad” ante una primera negativa por parte de países como Holanda y Alemania al proceso de mutualización de deuda (y por ende de riesgo), al no aceptar la introducción de los ya archiconocidos “coronabonos”. Pero es absolutamente falso que la negativa a la mutualización de deuda soberana represente una falta de solidaridad e ineficiencia por parte de las instituciones comunitarias. Es más, existen múltiples organismos y mecanismos internos que se encuentran ya a disposición de los países miembros del Eurogrupo para garantizar líneas de liquidez y proteger consecuentemente el tejido productivo y el empleo de las economías europeas. Veamos cuáles son.

En primer lugar, el BCE se presenta como el mayor suministrador de liquidez a la economía europea a través de la adquisición masiva de deuda soberana (y en menor medida corporativa, a través del PEPP), en el mercado secundario. El BCE fue el primero en desplegar un programa de inyección de liquidez en los mercados por valor de 750.000 millones de euros, nada más darse a conocer los problemas estructurales que el Covid-19 supondría para la economía europea. Aún así la efectividad de dicha expansión cuantitativa no está tan clara, ya que no supondría una inyección directa de liquidez a las empresas en la gran mayoría de los casos (aunque se ha anunciado que se adquirirá deuda corporativa). Uno de los principales obstáculos del BCE se encuentra en que, por normativa estatuaria, no puede ser partícipe de operaciones en el mercado primario, lo cual ralentizaría dicha inyección de liquidez y le restaría efectividad.

Por otro lado, el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) dispone de una capacidad total de 410.000 millones de euros. A cada país miembro le correspondería una línea de liquidez equivalente al 2% de su PIB respectivo, aunque existe la posibilidad de una ampliación de dicha línea de liquidez ateniéndose a las dificultades económicas particulares de cada país, tal y como anunció el Eurogrupo en un comunicado oficial tras la reunión del pasado jueves. Asimismo, la condicionalidad exigida siempre por el MEDE en sus líneas de liquidez, quedaría reducida a mínimos, afectando únicamente a la discrecionalidad del gasto, en relación a que dichos fondos fueran empleados para luchar contra la emergencia sanitaria actual.

Asimismo, el proyecto elaborado recientemente por los técnicos del Eurogrupo incluye el lanzamiento de un nuevo mecanismo denominado Rapid Financing Instrument, que contaría con una capacidad de financiación total cercana a los 80.000 millones de euros, distribuida a través de líneas de crédito a los países miembros demandantes del mismo, de los cuales a España le corresponderían 9.440 millones, en base a su participación en el capital del Mede.

Por último, el Eurogrupo, a través del Banco Europeo de Inversiones busca poner en marcha un fondo de garantías por valor de 200.000 millones de euros, que servirían como aval para financiar operaciones de elevado riesgo de todo tipo de empresas europeas, desde las más pequeñas hasta multinacionales. Todo ello ha de sumarse al plan que ya se encontraba en marcha, también por parte del BEI, para movilizar otros 40.000 millones de euros para inyección directa en la economía europea.

Como se puede observar, existen mecanismos e instrumentos comunitarios más que suficientes para garantizar inyecciones de liquidez que aseguren la resiliencia del tejido productivo europeo, evitando una pérdida aún mayor de potencial europeo y actuando de freno ante una masiva destrucción de empleo, para lo cual se emplearán los fondos del SURE.

Otro de los temas por los que la UE suele recibir criticas es por su supuesta inacción en ciertos asuntos, ya sea con la actual crisis o en anteriores, como la crisis migratoria. Muchas veces estas críticas parten de obviar las competencias de la UE, que a menudo juega un papel secundario y de coordinación frente a los Estados, que son aquellos que deben tomar las decisiones. Es posible aumentar esas competencias, pero nuevamente chocaremos con la soberanía de los Estados y su reticencia a cederla. Esto no implica que toda crítica a su falta de respuesta o liderazgo por parte de las instituciones sea errada. La UE debe jugar un rol de liderazgo, muy infravalorado en su anterior etapa con Juncker a la cabeza; un líder que difícilmente podrá ser reemplazado.

En este mismo plano, cabe resaltar el hecho de que la UE dista mucho de ser el monstruo burocrático del que algunos le acusan. La estructura burocrática de la UE la componen 50.000 empleados públicos entre funcionarios y agentes de todas las instituciones, tomando decisiones que afectan a 450 millones de personas. Sólo en el ayuntamiento de Madrid trabajan 27.000 personas, más de la mitad, siendo el ejemplo meramente ilustrativo, pues sus funciones no son comparables. Además, su selección de personal mediante organismos independientes evita muchos de los vicios que padecen nuestras instituciones, como la politización o el clientelismo.

La inmigración ilegal suele ser otro de los temas por los cuales se pone en cuestión la Unión Europea. Esta preocupación podría estar justificada si tenemos en cuenta que los Estados europeos han renunciado (con excepciones) al control de las fronteras internas con otros estados miembros. Sin embargo, no existe un control de fronteras común, más allá del reducido papel de Frontex, a pesar de estar prevista en los tratados. Los estados del sur, España, Italia y Grecia deben hacer frente a la inmigración con sus propios medios, a pesar de ser una cuestión que afecte a todos. Paradójicamente estos Estados se oponen a ceder su control de fronteras.

No obstante, las cifras de inmigración hoy son las más bajas desde 2013, reduciéndose en un 92% desde 2015. La labor de Frontex, siendo reducidas tanto sus competencias como su personal, es determinante, con 10.000 efectivos que apoyan a los estados miembros en el control de fronteras y acciones de salvamento. Además, la UE tiene desplegadas tres misiones de salvamento marítimo y control de fronteras en el Mediterráneo. El papel de la UE en inmigración es más relevante en los acuerdos con terceros países, deteniendo los flujos migratorios antes de que lleguen a sus fronteras, especialmente en los países de origen, a pesar de que estos alguna vez hayan sido criticados desde las propias instituciones como es el caso del acuerdo con Turquía.

Cabe destacar además que la inmigración en el plano económico es netamente positiva, sobre todo para algunos países del sur de Europa, como es el caso de España. Según refleja un estudio de investigación de La Caixa, los inmigrantes habrían generado más del 50% del crecimiento del PIB en España entre el año 2000 y el año 2005, mientras su aportación a las arcas públicas es netamente positiva. Mientras consumen un 5,4% del total del gasto público, aportan un 6,6% de los ingresos totales. En concreto, la población inmigrante en España aporta anualmente 5.000 millones de euros más de lo que consume de las arcas públicas.

La UE es un proyecto político por el que merece la pena luchar y el cual merece la pena defender. La UE es un estandarte de progreso y desarrollo socioeconómico para todos sus países miembros.

Frente al populismo, raciocinio. Frente a las fuerzas disgregadoras, cohesión. Europa logrará vencer unida al virus y sus efectos mientras no olvide que fuera de sus fronteras hace mucho frío.


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