La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de Estructura Salarial donde clasifica a los trabajadores según su nivel de renta y, al tiempo, analiza las principales causas de las diferencias entre las nóminas. Lo malo no es que haya desigualdad, sino que esa variedad salarial se deba a la falta de competitividad de una economía, lo que supone un fuerte freno al crecimiento.
Analizando el informe del INE, tres son los datos destacables: 1º, los funcionarios y trabajadores de empresas públicas cobran un 46% más que sus equivalentes del sector privado; 2º, los licenciados universitarios cobran un 83% más que quienes tienen la educación primaria; 3º, quienes trabajan en una empresa de más de 250 trabajadores cobran un 91% más que aquellos que lo hacen en una microempresa de menos de 10 empleados. Hay que reconocer que existen diferencias salariales lógicas como la de cobrar más en una empresa más grande y productiva y, otras deseables, como la de recibir una compensación acorde al nivel de estudios, lo cual incentiva la formación. Pero también existen diferencias que no tienen sentido. Sirva de ejemplo el sector público, donde los salarios resultan más altos, hecho que a su vez detrae capital humano del sector privado, precisamente el que más puede impulsar la economía.
Una forma muy habitual de medir la desigualdad consiste en comparar la media de los ingresos de los dos lados de la mediana –es decir, el valor en el que se iguala la cantidad de gente que cobra más y la que cobra menos–, expresada en porcentaje. Cuanto mayor resulta la diferencia entre las medias de los ingresos, más grande es también la desigualdad de sueldos.
La campeona de las diferencias es Madrid (21,85%), como consecuencia de la centralización de los servicios demuchas empresas y ministerios, así como la alta creación de puestos de trabajo (desde 1998 ocupa el tercer puesto), tanto para altos ejecutivos como para trabajadores menos remunerados. Le sigue Andalucía (19,75%), con un elevado número de empleados públicos (un 27% del total de empleo de la región, la comunidad donde la ratio es mayor).
Murcia ocupa la tercera posición (18,76%) pues, si bien allí el empleo privado es mayor, éste cayó abruptamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, la actividad económica está muy restringida a las pymes y lastrada por el elevado peso de la agricultura. La siguiente es Extremadura (tercera región con más funcionarios) y Cataluña (tercer mayor aumento de empleados públicos entre 2008 y 2013, aunque también cuenta con una fuerte presencia de grandes empresas). El caso de la Comunidad Valenciana es muy parecido al de Murcia, mientras que el País Vasco se beneficia del efecto salarial de sus grandes empresas y, a su vez, Baleares se ve afectada por la dualidad entre un fuerte sector turístico y el resto de la economía.
Las siguientes regiones están todas encuadradas en los menores niveles de desigualdad salarial. Los casos de Castilla y León, Navarra, Aragón, Cantabria y La Rioja se deben a la alta formación e industrialización. En cambio, los casos de Canarias (con un paro del 35%), Castilla-La Mancha (desempleo de casi el 30%), Galicia (alto peso de la agricultura) y Asturias (el mayor IRPF de España, junto a Cataluña) parecen más que otra cosa una igualación por abajo a base de subvenciones, las cuales consiguen justo desincentivar los esfuerzos de quienes más potencial tienen.
