28
mar
Actualidad Económica

La imagen de la furgoneta de la Policía Nacional envuelta en llamaradas en Barcelona, con un agente dentro al que se pretendía achicharrar vivo es estremecedora. Otros hechos desgarradores han sido: la violencia de los manifestantes contra la policía, los asaltos a tiendas, la rotura de escaparates,  la quema de cajeros y el destrozo al mobiliario urbano. También es inquietante el sarcasmo mordaz del consejero de Interior de la Generalitat al criticar el comportamiento de sus mozos de escuadra. Por último, está el impresentable tuit del portavoz de Podemos en el Congreso de Diputados, mostrando su apoyo » a los jóvenes que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles». 

La figura del rapero Pablo Hásel no fue sino la excusa utilizada por los agitadores profesionales, bastantes de ellos venidos de otros países, para incitar a la violencia. Aunque muchos de esos jóvenes se crean que tienen motivos legítimos para mostrar su indignación, ante una sociedad que no les da las oportunidades que ellos desean, su desenfrenado vandalismo resulta tan injustificable como punible. Lamentablemente, la justicia española es demasiado blanda y no penaliza los suficiente a estos aprendices de terrorista para que escarmienten.

El atractivo que tiene un joven para ser violento reside, entre otras causas, en la educación recibida. Cuando se les ha formado en la convicción de que el mundo les debe todo, sin que tengan que dar un palo al agua, al faltarles el confort al que aspiran, sienten una gran frustración, lo que los lleva a volcar su rabia contra lo establecido. El dar beneficios sociales a los jóvenes sin exigirles una dedicación, bien una labor social, o que tengan que acudir a las aulas o talleres para seguir formándose, es un error. Recibir prestaciones sin esfuerzo alguno los lleva a ambicionar más y, como no se les puede complacer siempre, aumentan su insatisfacción. El «sistema» será siempre perfectible, pero destrozarlo lo empeora, porque empobrece a quienes lo mantienen.

Fuente: Actualidad Económica

La violencia callejera protagonizada por menores es el motivo por el que el ranking de hoy analiza las infracciones penales cometidas por aquellos, medidas en tanto por 1.000. Llama la atención su desigual distribución entre las regiones. Canarias (23,7) y Baleares (19,7) son las que tienen valores más altos, lo que puede atribuirse a que son archipiélagos turísticos por los que pasa mucha gente. Les siguen Cantabria (18,5) y Extremadura (17,6).  Los menores datos los logran Madrid (7,0) y Cataluña (10,1).

Sorprende que Madrid, a pesar de albergar la más alta población de jóvenes en la mayor urbe de España, lo que debiera incrementar las infracciones penales, tenga un valor tan bajo si se compara con el de Cataluña. Tal vez influya algo el auge del nacionalismo propiciado por la Generalitat en las aulas. Cuando la prioridad de un Gobierno es fomentar una nueva identidad nacional, lo probable es que los jóvenes adopten posturas reivindicativas muy vehementes. 

Lo habitual es que los menores que delinquen lo hagan varias veces. La comunidad con mayor tanto por 1.000 de menores con infracciones penales es Cantabria (12,8) seguida de Canarias (11,6) y Baleares (11,5). Madrid (4,6) y Cataluña (5,2) son las que presentan mejores ratios. Madrid no solo es un ejemplo por su modelo económico, sino porque también disponer de la juventud que menos delinque de España. 


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