El acuerdo PSOE-Podemos va a atentar gravemente contra nuestra libertad. Es paradójico leer y escuchar a comentaristas políticos calificar al nuevo Gobierno de impulsor de la libertad, cuando, históricamente, las injerencias del poder sobre la propiedad privada se consideraban una temeridad y la máxima expresión de la liberticida violencia legítima del Estado. Por no hablar del deseo de alcanzar una igualdad imposible, desde el momento en el que nadie es igual a nadie. Cada uno tiene habilidades, competencias, recursos y expectativas que lo hacen muy diferente al otro. Solo se podrá alcanzar la igualdad formal (ante las leyes), algo que, en la mayoría de los países más avanzados (por no decir en todos) ya constituye una realidad. El Ministerio de Igualdad, bajo esta tesis, sobraría en el nuevo Ejecutivo; así como muchos otros Ministerios y Vicepresidencias que, de forma notoria, solo se han creado para dar entrada al mayor número de personas en el que ya es el Gobierno más costoso de la historia de la democracia española. Y cuantos más Ministerios y zonas de poder, más intervención estatal que imposibilitará nuestro correcto desenvolvimiento personal.
Lejos de ser, por tanto, un Ejecutivo que favorezca la libertad, tiene todas las papeletas para convertirse en uno basado en la planificación central y en unas medidas liberticidas que atentarán contra todo aquello por lo que supuestamente quiere luchar: por el bienestar de los trabajadores, por la reducción del paro, por la mejora de la economía, por el mantenimiento de las pensiones, o por la ayuda a los autónomos y las clases populares. Aun sin ánimo de infundir pesimismo, según lo que se ha dispuesto en el programa de Gobierno, cualquier punto que de él se implante irá en contra de las personas o grupos a los que pretende beneficiar.
A aquellos que ponen esto en duda hasta que los acontecimientos no demuestren lo contrario y que tildan de ‘fascista’ a quien lo sostenga, convendría responderles con una palabra: praxeología [lógica de la acción]. Tal como Mises explica en su fantástica obra La acción humana, este particular enfoque metodológico distingue a la Escuela Austriaca de todas las demás corrientes que entienden la economía como una ciencia empírica, al modo de las ciencias naturales, y cuyo método consiste en la formulación de hipótesis que deben ser permanentemente probadas empíricamente sin alcanzar jamás un grado de certidumbre definitivo (Kaiser, 2012). La económica es, según Mises, una ciencia a priori y no a posteriori. Si la oferta disminuye y la demanda sube, por ejemplo, podemos saber de antemano que los precios se incrementarán en condiciones normales.
Bajo las premisas de la Escuela Austriaca, basada fundamentalmente en el individualismo y subjetivismo metodológico, y en la importancia del concepto de tiempo y de la función empresarial, analizaremos, según postulados liberales y de forma muy sintética, por qué las medidas programáticas de PSOE-Podemos van a resultar nefastas para gran parte de la población española (y favorables, al mismo tiempo, para el propio Gobierno y, como diría Bueno de Mesquita, para su selectorado). Descubramos el gran engaño de los nuevos inquilinos de La Moncloa.
La planificación central, el peor de todos los males
Si por algo destaca este nuevo Ejecutivo es por el deseo de acrecentar la intervención gubernamental y potenciar el papel del Estado como órgano director de la sociedad. Se considera que los hombres poseemos una especie de fuerza psicológica indomable (“animal spirits”, como lo denominó Keynes), que nos llevaría a tomar decisiones irracionales colectiva y sistemáticamente. Y lo que es aún peor, entienden que el mercado está plagado de fallos que, de no actuar sobre ellos, nos sumergirían en el caos. El “papá Estado” tiene, por tanto, la función primordial de ayudar a superar nuestra irracionalidad y sacar a flote el mercado. Bajo esto, se concibe a los gobernantes como súper-hombres, que cuentan con toda la información necesaria para planificar la economía -y nuestras vidas-, inmunes al animal spirits y superiores a la lógica del mercado. En esto reside, quizás, la gran patraña, la gran mentira, sobre la que se asienta, se justifica y se sustenta el intervencionismo estatal, el cual, lo que es peor, goza de una gran aceptación popular.
Históricamente, el socialismo, que no deja de consistir en un sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial (Huerta de Soto, 1992), ha fallado en su tentativa de convertir al Estado en el gran planificador central. Intentar incrementar el socialismo, y con ello el intervencionismo, constituye una llamada al fracaso y al empeoramiento de las condiciones sociales, y sobre todo económicas, a expensas de un aumento sustancial del poder estatal y, consecuentemente, del propio beneficio de los políticos.
Pero el socialismo no se frustró por casualidad. Dos de las deficiencias más graves de este sistema son:
- El error de cálculo que conlleva el usar precios arbitrarios y artificiales (y, en los casos más extremos de socialismo, sin poder hacer ningún tipo de comparación con algún precio real dispuesto por el mercado al monopolizar el Estado todos los medios de producción, lo que motiva que ese fallo se multiplique hasta hacer colapsar el sistema económico al completo).
- La falta de incentivos más allá de la necesidad de realizar la tarea que te encomienda el Estado para no sufrir la represión de este, lo cual implica el menoscabo de las expectativas e interés de los individuos en ejercitar la función empresarial.
Pero, más allá de esos dos fallos, que ya de por sí debieran invalidar tal sistema, la planificación central yerra por muchas otras cuestiones. En primer lugar, porque los gobernantes se encuentran aislados de la sociedad (viven recluidos en sus despachos y palacios), y su comportamiento (al no estar sometido a la competencia) tiende a ser irresponsable. En segundo, el conocimiento empresarial generado por los humanos al actuar no puede ni formalizarse ni explicarse, por lo que se convierte en tácito. En consecuencia, el Estado no goza de los datos precisos para planificar la vida social y económica de forma correcta. Los seres humanos no pueden transmitir sus acciones futuras al Gobierno, por lo que toda información que este obtenga será pasada, imposibilitando tajantemente una adecuada programación.
En conclusión, es imposible pretender que el órgano director recabe toda la información necesaria para coordinar la sociedad. Además, el conocimiento empresarial es subjetivo y práctico, no científico, por lo que no se puede tranferir. Ese Estado omnisciente que aúpa el socialismo, además de ilógico e irracional a todas luces, no podrá trasladarse a la realidad, y todo intento de hacerlo sumirá a la población en la miseria y aplastará las políticas públicas que trate de acometer. El buen intervencionismo no existe. Desequilibra el mercado. Genera pobreza, cuando no auténticos colapsos como las crisis. Y, sobre todo, desincentiva a los ciudadanos, que no emprenden ni crean riqueza, impidiendo, por ende, el progreso tan ansiado por los que se consideran socialistas.
El buen intervencionismo no existe. Desequilibra el mercado, genera pobreza, y desincentiva a los ciudadanos
Por todo ello, no surtirán un efecto positivo las medidas que propone el nuevo Gobierno de España, como subir el SMI (que generará paro juvenil, sobre todo), derogar la reforma laboral, (lo que introducirá una mayor rigidez en las relaciones empresario-trabajador y auspiciará también más desempleo, al no estimular la contratación), limitar el precio de alquileres imponiendo uno máximo (lo que motivará la disminución de la oferta y el aumento de la demanda, desequilibrando, por consiguiente, el mercado inmobiliario) y otra sarta de intervenciones estatales. Y esto constituye un conocimiento a priori, no hace falta que ocurra para saberlo.
Las cuentas no cuadran y se harán cuadrar subiendo los impuestos indirectos
Como ya varios economistas han explicado de forma concienzuda, las cuentas que proponen PSOE y Podemos no cuadran. Y como ocurre en el sector privado, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Se prevé un gasto de aproximadamente 35.000-40.000 millones de euros, y se estima que se ingresarán 5.000 millones. La única manera de paliar esta diferencia, que se ha tratado de esconder sistemáticamente, pasa por incrementar los impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA. Así, la subida fiscal afectará a todas las clases sociales, y no solo a las más altas (como se han hartado de afirmar). Pero, aun cuando esto fuera cierto, debería suponer un motivo de preocupación, pues el Gobierno está mandando el claro mensaje de que, cuanta más riqueza tenga, más va a sangrar al contribuyente, por lo que no compensa emprender. El aumento de impuestos a las clases más altas, las que, en última instancia, más empleo generan, desincentiva también el propio ahorro, rompiendo con el importante concepto del tiempo (entendido como una represión de la satisfacción de necesidades actuales en aras de invertir, en un futuro, en un bien de capital o en otras realidades que originen riqueza).
Pensiones
Los pensionistas y la ciudadanía en general deben comprender esto: sin dinero, no hay derechos. Por mucho que estos se establezcan en un papel, ya sea una pensión digna o una vivienda, si no disponemos de recursos para sufragarlos, nadie podrá gozar de tal ofrecimiento estatal. Y por todos es sabido que los recursos no son ilimitados; cuando se destinan a algo, ya no se pueden dedicar a otra cosa.
Las pensiones constituyen el principal gasto del Estado español, y el actual sistema de reparto se demostrará insostenible en pocos años, con un rendimiento negativo. Fue instaurado por Franco con una ratio trabajadores-pensionistas que, incluso, permitía cierto beneficio. En aquel entonces, había en torno a 18 millones de ocupados para sostener a un millón de pensionistas. Hoy en día, con el aumento de la esperanza de vida y el tardío acceso al mercado laboral, esta ratio ha descendido (en 2019 estaba en 2,31 trabajadores por cada pensionista), y se prevé que siga cayendo hasta que el sistema resulte inviable. En un futuro, o no se podrán pagar pensiones, o estas serán demasiado bajas. Por mucho que los pensionistas salgan a la calle, no conseguirán que la hucha se llene. Pan para hoy y hambre para mañana. Si se suben las pensiones (tal y como está haciendo el Gobierno), menos quedará para más adelante. ¿La solución? Los tabúes planes de pensiones privados. Es decir, promover un sistema de capitalización, por el cual, la ingente cantidad de dinero que cada trabajador paga a la Seguridad Social se destine a su plan de pensiones privado (dinero que se invertirá en financiar proyectos de emprendimiento -que generarán riqueza- y, por medio de intereses, permitirá al poseedor de tal plan aumentar su ahorro). Y, sí, si no pagamos la Seguridad Social tampoco podremos “gozar” de una ineficiente y cara sanidad o educación pública que, de estar sometida a la libre competencia, bajaría en precios (haciéndose accesible a la sociedad) y mejoraría sustancialmente en calidad. Veamos el ejemplo de los dentistas en España, o de la sanidad casi completamente privada de Singapur (que supera en calidad a la sacrosanta sanidad pública española).
Igualdad y solidaridad
Este tema ya se ha introducido al inicio del artículo, pero nunca viene mal repetirlo: la igualdad, a excepción de la formal, no existe. Cada uno reúne unas cualidades, habilidades, expectativas… que lo hacen más o menos integrable en el mercado laboral. Indudablemente, unos encontrarán trabajo antes que otros. Es más, algunos ganarán más -incluso mucho más- que aquellos que no hayan acertado con las oportunidades que brinda el mercado. Pero nada justifica la coacción impositiva por parte del Estado, o dicho con otras palabras, el robo con violencia (legítima) de nuestro dinero e, incluso, riqueza (que no es lo mismo, como sí mantienen los keynesianos) para dársela a otros. En esto no consiste la solidaridad. Esto se llama servidumbre. Solidaridad significaría que, en el marco de tu libertad, y bajo tu código moral, quisieras donar parte de tus recursos privados para ayudar a personas necesitadas. Además, bajo un sistema económico de libre mercado y competencia (sin gran intervención estatal), los desempleados se reducirían a la mínima expresión, pudiendo ser ayudados, tal y como ocurría en el pasado, por su familia o, en su defecto, por la Iglesia u otras instituciones caritativas.
Bajo esta tesis de lo imposible de la igualdad, la famosa “Tasa Rosa”, que pretende evitar el incremento del precio de un mismo producto cuando se trata de su “versión femenina”, constituye un absurdo, además de ir contra toda lógica empresarial. Si, por ejemplo, tenemos una cuchilla perfectamente asequible y utilizable tanto por hombres como por mujeres, pero aparecen en el mercado otras con hojas más finas para mujeres, ¿por qué se les debe bajar a estas el precio? Las “de mujeres” no resultan más caras per se (los empresarios no son unos misóginos), sino porque ese producto tiene una menor demanda. Si las mujeres quieren esas cuchillas “especiales” tienen dos soluciones: o pagar un precio más alto, o buscar un bien que lo sustituya. Intentar variar esta lógica del mercado provocará un desequilibrio que reducirá o la oferta o la demanda (según sea la política pública que se aplique).
Relacionado con esto, con el nuevo Gobierno ha llegado un nuevo Ministerio, que suscitó gran polémica: el de Igualdad (cuya titular es Irene Montero). Aún no sabemos qué tipo de medidas llevará a cabo, pero es previsible que vayan en perjuicio de la mujer. Si, por ejemplo, se hiciese más inflexible el despido de mujeres o se condicionase su contratación, se las empleará menos. Cuanto más intervenga el Estado para, supuestamente, favorecerlas, más las perjudicará. En el supuesto de que la brecha salarial existiese, cualquier medida para combatirla no produciría otro efecto que empeorar la situación. Si un empresario no contrata a una mujer más eficiente que un hombre simplemente por su sexo, estará mostrándose, además de inmoral, ineficiente, por lo que su negocio estará abocada al fracaso y, más antes que tarde, la competencia acabará por desplazarlo. El propio mercado es implacable ante los ineficientes. No hace falta que el “papá Estado” meta sus sucias manos, pues lo único que conseguirá es agudizar el problema que desea solucionar.
Como se desprende de lo expuesto, no existe ningún motivo para creer en la mejoría que el Gobierno progresista vaticina. Más bien, tras leer el acuerdo entre PSOE y Podemos, todo lo contrario. Será uno de los peores Ejecutivos que España haya tenido jamás, ya que atentará contra nuestra libertad y pondrá la situación económica, política y social en la cuerda floja. Ojalá traicionen lo que han prometido. Ojalá sean políticos de verdad y no cumplan su programa.
