Después de ver la cuenta presidencial, uno no puede sino concluir que, o ese optimista informe no refleja verazmente la realidad de Chile, o los chilenos somos malagradecidos. El país que trazó la Mandataria avanza supuestamente satisfecho bajo circunstancias normales. Si el país descrito es real, entonces no hay modo de justificar la elevada desaprobación de Bachelet. Estimo que el mayor déficit del discurso fue su falta de sintonía con el malestar que corroe a los chilenos y la impericia para calibrar adecuadamente la gravedad de la crisis política.
Pero tampoco hay que cifrar demasiadas esperanzas en las cuentas presidenciales. ¿Qué devinieron ellas sino una oportunidad para que el gobierno de turno celebre, en un escenario inmejorable, el estado y la marcha de Chile? Se trata de piezas de oratoria provistas de datos que buscan persuadir a los chilenos de lo bien que nos va, pero hay que saber hacerlo. Esta vez se trató de una cuenta singular: una presidenta con 29% de aprobación ciudadana informó a un congreso cuyos partidos políticos despiertan confianza en 3% de los chilenos.
Por eso, observar por televisión el ritual republicano fue patético. Pese a que familiares y colaboradores de la Presidenta aparecen involucrados en prácticas censurables, no aprovechó ella para asumir su responsabilidad ante el desencanto ciudadano ni compartir una reflexión profunda y ejercer la autocrítica. Mientras siga pendiente su sinceramiento como estadista, no habrá punto final para que sigan las demandas en ese sentido. La Presidenta es la única que puede cerrar ese capítulo, y ello podría constituir una forma de recobrar aprobación.
Este 21 de mayo, el Congreso parecía una nave a la deriva con una tripulación que se aplaudía a sí misma, huérfana de afecto ciudadano, lo que ilustran las protestas callejeras y, sobre todo, la silenciosa e irritada distancia que guardan los chilenos con los políticos. Estos parecen ignorar aún la forma negativa en que se los percibe y que la mayoría no hace distingos entre ellos. Deben abandonar la retórica para recobrar credibilidad. Deben adoptar medidas que la gente sienta que “duelen”. De partida, deben evitar perpetuarse con límites truchos a la reelección; deben impedir que aparezcan en los medios pontificando sobre probidad y transparencia, precisamente asociados a casos de corrupción, tráfico de influencias o uso de información privilegiada. Deben, además, reducir sus dietas. El diputado Jackson fue increpado esta semana ante las cámaras al respecto, y su colega Andrade suele afirmar que en la calle le gritan “ladrón”. Otros parlamentarios admiten sentir la animadversión ambiente. Su existencia los aísla de la vida real, justo cuando la gente exige que los servidores públicos abandonen parte de sus privilegios.
Este 21 de mayo, mientras la nave del Congreso se mecía en las olas de la indiferencia y la desconfianza ciudadana, muchos, junto con alegrarse por las buenas noticias que trajo también la cuenta, manifestaron su alarma por el estilo enigmático con que se conduce al país, el aumento de la delincuencia y la debilidad del estado de derecho en La Araucanía. Muchos agradecen la sepultura de la retroexcavadora y confían en que se regrese a los acuerdos para trazar el rumbo nacional.
En este marco, la clase política debería hacer un gesto que sería reconocido por los ciudadanos: separar la cuenta presidencial de la conmemoración de los héroes del Combate Naval de Iquique. La cuenta polariza y divide; en cambio, Arturo Prat, la Esmeralda, las Glorias Navales, la gratitud hacia la Armada y la reflexión sobre el mar, unen a los chilenos.
Es inadmisible que el homenaje a hombres que ofrendaron su vida por Chile se vea eclipsado cada año por disputas políticas y violentas manifestaciones. Es inaceptable que la política haya despojado a Valparaíso de su legendaria fiesta cívico-militar. Es intolerable que los políticos, con escuálido apoyo ciudadano, opaquen una conmemoración que cala hondo en el país y las instituciones que gozan del mayor respaldo entre los chilenos.
El 21 de mayo debe volver a ser el 21 de mayo. Y está en manos de los políticos que así sea.
