El barco español zozobra en la tempestad del coronavirus, y lo hace por la incapacidad de superar una crisis que le viene grande al Gobierno aficionado de socialistas y comunistas. Su gestión de la crisis sanitaria está siendo absolutamente deplorable y, desgraciadamente, más de 7.000 fallecidos y 80.000 contagiados (oficiales) dan fe de ello. Sin embargo, esto, que de por sí habría de ser motivo de una concatenación de responsabilidades administrativas y también penales, no es ni mucho menos el final de esta historia, pues la otra cara de la moneda es el ámbito económico.

La adopción de medidas oportunas, inteligentes, dotadas de un conocimiento económico profesional y de un mínimo de sentido común, acercarían a España a ese trazo en forma de uve que todos deseamos que sea la próxima recesión. Profunda (algo inevitable a estas alturas), pero fugaz. Sin embargo, las medidas que está adoptando el Gobierno contienen todos los ingredientes necesarios para perpetuarnos en la parte baja de ese valle económico que nos espera irremediablemente.

A las ya drásticas suspensiones de derechos y libertades que estableció el estado de alarma decretado hace más de dos semanas, se les suma el recrudecimiento de estas medidas con otra batería de mandatos adoptados por el Gobierno este fin de semana. Destaca, en primer lugar, la paralización de toda actividad económica no esencial, siguiendo la estela de Italia, y con el fin de ralentizar la propagación del virus y el consecuente colapso del sistema sanitario, cuya saturación, de seguir así, es inminente.

Así, en España se aplican, desde el lunes, las medidas de confinamiento más duras aprobadas por cualquier país (democrático o no), que afectan a la totalidad de su población y ponen de relieve que la gestión de la crisis dista mucho de estar bajo control. Y con estas nuevas medidas, sumadas a las ya aprobadas, el impacto sobre la economía será devastador. El viernes pasado el Gobierno decretó la prohibición de los despidos mientras dure la crisis sanitaria, lo que a buen seguro redundará en una posterior destrucción no solo de empleos, sino también del tejido empresarial, ante la incapacidad de hacer frente a la situación sobrevenida. Máxime en un país en el que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que a su vez crean más de la mitad de todos los empleos, superando ampliamente los diez millones de puestos de trabajo.

El mantenimiento de los gastos sin ingresos es una receta para el desastre para cualquier economía, pero son precisamente los pequeños negocios, comercios, etc., que caracterizan a la economía española los que pueden hacer frente más difícilmente y durante menos tiempo a este tipo de condiciones adversas. Ni qué decir tiene con respecto a los impuestos de diversa índole, que en el mejor de los casos se han pospuesto, pero no se han cancelado. El sábado pasado, por último, la gran sorpresa fue la promesa, por parte del Ejecutivo de Sánchez, de un “permiso retribuido recuperable” para los que cesen su actividad estos días, a la par que señaló que “habrá que recuperar esas horas paulatinamente”. Una incoherencia más que se suma a tantas otras.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) causados por crisis del coronavirus en España ascienden ya a más de 250.000 y afectan a cerca de 1,3 millones de trabajadores (casi un 7% del total de empleados). Y todo ello en apenas dos semanas. En total, y según las primeras estimaciones, se prevé que esta crisis destruya en España entre uno y dos millones de empleos. Sin embargo, no todos ellos se le pueden echar en cara al Covid-19. Muy al contrario, el máximo responsable de esta nueva crisis económica que azotará España cuando apenas se había recuperado de la anterior es el Gobierno y su nefasta gestión. Y debería haber responsabilidades.