Si bien la presión fiscal en España es en términos globales todavía inferior a la media europea y de la OCDE, esto no significa que los españoles paguen pocos impuestos ni que la carga impositiva sea uniforme. Un informe del think tank Civismo desvela que los españoles dedicarán este año 124 días de trabajo para cumplir sus obligaciones con el Fisco, cinco más que el año pasado, y constata el progresivo incremento de la presión fiscal sobre los salarios, que soportan un gravamen medio cercano al 40%, porcentaje que, pese a no incluir la reciente subida del IRPF, se sitúa cinco puntos por encima del promedio de la OCDE. Frente a quienes no dudan en generalizar y esgrimen que en España queda todavía margen para subir los impuestos, la realidad que perciben trabajadores y empresas es bien diferente: la carga impositiva sobre las rentas salariales es una de las más elevadas de las economías desarrolladas, superior a la de países como EEUU, Canadá, Reino Unido, Dinamarca u Holanda. Tensar más la cuerda de los impuestos directos sólo serviría para socavar la competitividad de las empresas y la capacidad adquisitiva de los asalariados. De ahí que el Ejecutivo haya anticipado que para 2013 lo que subirá es la fiscalidad indirecta (IVA e impuestos especiales), una decisión no exenta de riesgos en un entorno de consumo fuertemente deprimido, pero quizás ineludible a la luz de las necesidades recaudatorias del Estado. Eso sí, para que el incremento sea asumible deberá ir acompañado, como ha prometido el Gobierno, de una significativa rebaja de las cotizaciones sociales que abarate la contratación y coadyuve a la creación de empleo, algo indispensable para romper la perversa dinámica de paro, contracción del consumo y parálisis de la actividad. El abultado déficit público no permite hoy una estructura fiscal más competitiva, pero el PP no debe olvidar en ningún momento su promesa de rebajar los impuestos en cuanto el escenario lo permita.