Afirmaba James Buchanan –supongo que para escándalo de no pocos de sus colegas– que una de las razones por las que, con frecuencia, los economistas tenemos tantos problemas para comprender determinados aspectos de la política económica, es nuestro marcado “analfabetismo constitucional”. Y añadía que no entendía cómo excelentes economistas que nunca dejarían de tomar en su consideración para sus análisis variables como el nivel del capital humano, la presión fiscal o la estrategia del banco central, dejaban de lado los mecanismos mediante los cuales se establecen las normas que acaban determinando esas mismas variables.
Muchos son, sin duda, los problemas de la economía española que están ligados a un funcionamiento defectuoso de las normas que diseñan el marco general de nuestro sistema legal. Pero hoy voy a centrarme en un tema al que, hasta hace algunos meses, no se le había prestado especial atención: ¿es mejor un modelo constitucional que facilite la existencia de mayorías amplias en el parlamento nacional, o es preferible otro que prime la presencia de numerosos partidos en la cámara y obligue a la conclusión de acuerdos multipartidistaspara formar gobiernos?
Las elecciones del mes de diciembre de 2015 y del pasado mes de junio, en las que los dos principales partidos del país perdieron muchos votos y el parlamento quedó constituido de una forma que ha hecho imposible, hasta la fecha, la formación de un gobierno, han sido interpretadas de muy diversas maneras; la mayoría, al menos al principio, favorables a la nueva situación. Y son sólo dos, básicamente, los argumentos utilizados. De acuerdo con el primero, es conveniente que no haya mayorías absolutas, ya que esto obliga a que los partidos negocien y lleguen a acuerdos con respecto a los temas más relevantes para el país; y esto, por definición, se considera positivo. El segundo argumento tiene su fundamento en los numerosos casos de corrupción que vienen surgiendo en el país desde hace ya muchos años. Se piensa que, si ningún partido tiene mayoría absoluta en el parlamento nacional –o en cualquiera de los parlamentos regionales– el nivel de corrupción será menor.
¿Confirman los hechos estos planteamientos? Me temo que no mucho.
Es cierto que una solución negociada en la que todos los partidos lleguen a un acuerdo tiene, por definición, mayor aceptación social. Pero una situación en la que un grupo –o una coalición de grupos minoritarios– tenga en la práctica la posibilidad de vetar cualquier acuerdo, puede ser muy poco eficiente. Y hemos visto cómo en España la estrategia de los partidos se ha orientado mucho más a utilizar su poder de oposición para hacer daño al contrario que para llegar a soluciones coordinadas. Por otra parte, numerosas experiencias internacionales muestran que la colaboración entre partidos puede hacerse perfectamente en sistemas bipartidistas. Los Estados Unidos o la reciente coalición en el gobierno alemán son sólo dos ejemplos.
En lo que a la corrupción se refiere, tiene sentido, sin duda, pensar que la presencia de varios partidos en la toma de decisiones eleva los costes de realizar acciones ilegales en beneficio propio. Pero, por desgracia, tenemos en España ejemplos de entidades controladas por una pluralidad de partidos y sindicatos en las que se han producido actos ilícitos de enriquecimientos por parte de sus gestores; lo sucedido en algunas cajas de ahorros debería ser suficiente para hacernos pensar que la presencia de varios partidos y sindicatos en un órgano de gestión no elimina la probabilidad de que en él se produzca corrupción. Por otra parte, los datos no confirman el hecho de que la corrupción sea menor en los países en los que es difícil tener una mayoría parlamentaria sólida. Italia y Bélgica han sido, durante muchos años, ejemplo de naciones en las que existen numerosos partidos y resulta difícil formar gobiernos con una mayoría estable en la cámara. Se trata, sin embargo, de paí- ses con un nivel de corrupción elevado, o al menos superior al de la mayoría de los países de Europa Occidental.
Y no hay que olvidar que disponemos de datos que indican que la falta de mayorías estables en estos dos países explica, en buena medida, la existencia en ellos de nivel de la deuda pública muy elevado, consecuencia de la incapacidad de equilibrar, a lo largo de mucho tiempo, los presupuestos del sector público. La pluralidad de partidos en los gobiernos, lejos de controlar el gasto público, lo ha incentivado, al actuar éste como una forma de comprar voluntades y facilitar acuerdos de carácter político.
Tenemos, sin duda, muchas cosas que reprochar a nuestros políticos. Pero sería un error pensar que la actual crisis institucional se debe só- lo a un exceso de ambiciones personales o a una marcada falta de interés en ellos por el bien común. Lo que ha sucedido ahora podría haber ocurrido hace años. Las instituciones cuentan… y mucho. La posible reforma de la Constitución, de la que tanto se ha hablado últimamente, debería tener muy presente estos problemas.
