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Expansión

Han transcurrido ya más de diez meses desde que la pandemia del Covid-19 llegó a nuestro país y causó problemas de una gravedad que nadie habría podido imaginar en aquel momento. En muchos aspectos, la experiencia española ha sido similar a la de otros países europeos. En la mayoría de ellos ha habido errores de gestión y, en no pocos casos, se han viso ejemplos de clara incompetencia. Pero, por desgracia, España ha sido –y es– uno de los países en los que los efectos de la pandemia han sido peores: el número de fallecidos ha sido extraordinariamente alto, el deterioro de la actividad económica ha sido mayor que en el resto de Europa y la gestión de nuestro Gobierno ha sido especialmente ineficiente.

Acaba de aparecer en las librerías un libro tan interesante como oportuno, en el que se analiza la evolución y los efectos de la crisis del coronavirus en España (Mikel Buesa, Abuso de poder: incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis. Marcial Pons, 2020). La tesis de esta obra está claramente expresada en su título: en España el Gobierno ha hecho muy mal las cosas y, además, se han puesto de manifiesto signos preocupantes de abuso de poder, que suponen una amenaza para nuestros derechos y libertades. Es cierto que la crisis no ha terminado; y que, por los datos disponibles a fecha de la publicación, el ensayo se centra en lo sucedido en los dos primeros trimestres del año. Pero creo que disponer hoy de un estudio como éste resulta de gran utilidad; y debería servir para analizar con objetividad qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que habría que corregir para levantar un país que está sufriendo una grave crisis, no sólo económica, sino también social y política.

Las cosas fueron mal desde el primer momento. El Gobierno español reaccionó tarde y cometió errores espectaculares, como autorizar –y promocionar– por motivos de política partidista la desgraciadamente famosa manifestación feminista del 8 de marzo en unos momentos en los que tal concentración de personas constituía una clara irresponsabilidad. Más tarde se mintió a los españoles en relación a cuestiones muy importantes. Mikel Buesa recuerda –y cita literalmente– la frase del portavoz del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien, a finales del mes de febrero, afirmaba que “en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad”.

Informaciones falsas

Luego se mintió con respecto al uso de mascarillas. El país, de forma absurda, se encontró desprovisto de un producto necesario que habría sido relativamente fácil de conseguir y producir si la gestión hubiera sido un poco más eficiente. Pero como no se disponía de ellas, el mismo Fernando Simón afirmó que “no tiene ningún sentido que la población ande preocupada por si tiene o no mascarillas en casa”. También se mintió respecto al número de fallecidos, no reconociendo como víctimas del virus a muchas personas que realmente lo eran. Y no son éstas, ciertamente, las únicas informaciones falsas transmitidas por el Gobierno a los españoles.

Se ha comentado en las últimas semanas lo importante que es, a la hora de combatir una epidemia, que la población tenga confianza en su Gobierno. Y, desde luego, no es sorprendente que en nuestro país tal confianza esté en niveles muy bajos. Pero el Gobierno tenía que hacer algo; y para ello utilizó como instrumento legal el estado de alarma. Se entiende que un presidente poco amigo de dar explicaciones en el Parlamento optara por un estado de alarma, más cómodo para él que un estado de excepción. El problema es que algunas de las medidas adoptadas no eran lícitas en el marco legal definido por un estado de alarma. Y esto puso en peligro derechos básicos de los españoles, que no pudieron contar tampoco con una institución como los tribunales de justicia, que, en palabras de Buesa, los dejaron “desamparados en buena medida”.

Por otra parte, resulta claro que la situación especial que creó la pandemia ofrecía muchas ventajas a un Gobierno obsesionado por aumentar la intervención pública en la vida económica y social del país. Y para ello le vino bien considerar la pandemia como una “guerra” que había que ganar, aunque esta crisis nada tuviera que ver con un conflicto bélico y exigiera respuestas muy diferentes. Todos recordamos cómo, desde la izquierda, se ha insistido en que el Covid-19 ha demostrado que, en situaciones difíciles, el mercado no funciona y hay que reforzar el papel del Estado en la economía y la vida social. Pero lo que nos enseña la experiencia española es justamente lo contrario: si algo ha fallado de manera estrepitosa en nuestro país ha sido el sector público. Por una parte, el tan aplaudido sistema sanitario público ha tenido fallos muy graves y una notable rigidez a la hora de afrontar nuevos problemas. Y, como he señalado antes, la incompetencia del Gobierno a la hora de resolver problemas de suministros y de gestionar la crisis ha sido manifiesta.

A todos nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero, por desgracia, esto es lo que tenemos. Hay que encontrar soluciones a nuestros problemas actuales. Y el libro de Buesa puede ser una buena guía para plantear algunas de las reformas que tanta falta nos hacen.


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