En diciembre del año pasado, la Cadena SER difundió una noticia que inquietó, con razón, a muchos. ERC conocía el informe de alegaciones de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras antes de que este se hiciera público. Y no solo lo conocía, sino que lo había utilizado como moneda de cambio para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno de España.

La información demuestra el escaso o nulo respeto a las instituciones, dado el delito en el que podría incurrir quien (muy seguramente de forma interesada) filtrase el escrito de la Abogacía. La revelación de secretos, que conlleva las penas de multa e inhabilitación, está recogida en el artículo 417 del Código Penal. Y si esto ya resulta preocupante per se, más lo es que no se trate del único «incidente» de la semana que denota la osadía de nuestros actuales gobernantes a la hora de desafiar los necesarios límites de su autoridad. Gran parte de los políticos, pasado un tiempo desde sus inicios, olvidan sus antaño principales propósitos para dar paso a la búsqueda a ultranza de uno nuevo: el poder por el poder, por el dinero… Hay multitud de razones para ansiarlo, por eso es tan tentador. Para protegernos de esa insaciable pretensión tenemos la ley, que, lejos de estorbar a la libertad, la protege.

Sin embargo, la ley, al constituir un obstáculo para aquellos que desean deshacerse de la libertad, a la que consideran una molesta traba para sus planes, se convertirá en uno de los blancos a los que apunte este nuevo Gobierno. Hace meses, cuando salieron a la luz las famosas grabaciones de la exministra de Justicia Dolores Delgado, Iglesias dijo: «Alguien que se mezcla con la basura de las cloacas debe alejarse de la función pública». El hoy vicepresidente segundo respalda su nombramiento como fiscal general del Estado, un movimiento sin precedentes y toda una declaración de intenciones del nuevo Ejecutivo socialista (lo menos que se le puede llamar). Se trata de la primera vez en la historia de la democracia española que un ministro asume este cargo directamente después de abandonar su cartera. Y no fue Dolores Delgado una ministra cualquiera, no. Forma parte de esas «cloacas», de lo que dan testimonio sus conversaciones con Villarejo (entre otras lindezas, como su decisión de no denunciar delitos observados), motivo por el que el mismísimo Iglesias pedía su cese hace escasos meses. ¿Todo vale por el poder? Para algunos, caso de nuestro vicepresidente segundo, sí.

¿Todo vale por el poder? Para algunos, caso de nuestro vicepresidente segundo, sí

Otro problema al que se enfrenta la democracia española actualmente consiste en que tengamos dos ministros afiliados al Partido Comunista y otros dos más (por lo menos) que, hasta hace unos años, se declaraban como tales. Los cuatro han defendido al régimen chavista (y el madurista), al exdictador Evo Morales, a Rafael Correa, y a la dictadura socialista cubana. Desde hacía ocho décadas no había en el Gobierno de España un ministro comunista, y ahora, hay cuatro, dos de ellos abiertamente. El domingo pasado, el ministro de consumo, Alberto Garzón, afirmó de nuevo que nuestro modelo de consumo resulta insostenible, a raíz de la pregunta de la presentadora Ana Pastor sobre su tuit laudatorio de Cuba como «el único modelo de consumo sostenible del mundo». Y esto acaba de empezar.

Sin embargo, pese a que el nuevo Gobierno se halle en sus albores, no esconden demasiado sus intenciones. Vox ha introducido en Murcia el pin parental, que implica la necesidad de autorización de los padres para que sus hijos reciban charlas sobre valores morales, sexualidad, etc. Ante este claro ataque a la soberanía de la izquierda en la educación, ¿cómo ha respondido el nuevo Ejecutivo? Recurrirán la medida ante los tribunales, pero lo que mejor resume su posición es la frase de la ministra de Educación, Isabel Celaá: «No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres». Está claro que los hijos no constituyen un objeto, pero no estaría de más preguntarle a la ministra de quién son. ¿Son suyos? ¿Son de Pedro Sánchez? Pertenecen, desde su punto de vista, a la revolución. Para ellos, sí representan una herramienta para lograr el cambio en la sociedad que no han conseguido (aún) de manera democrática, aunque vayan avanzando, con no poco ruido.

En conclusión, si bien antes los problemas de la sociedad española eran mayúsculos, con el nuevo Gobierno no pueden más que empeorar. La degeneración de nuestra democracia sigue su curso. Ya tenemos contactos con regímenes autoritarios latinoamericanos, enchufismo en la Fiscalía general del Estado, y niños de propiedad estatal. ¿Qué es lo siguiente? Y una pregunta de mayor importancia si cabe: ¿cuál será la respuesta de la sociedad española?